SpainDC cifra en 9.000 millones la inversión en riesgo por el decreto de centros de datos

SpainDC, la patronal española de centros de datos, advirtió el viernes 11 de septiembre de 2026 de que el proyecto de real decreto que prepara el Gobierno para regular estas instalaciones pone en riesgo 9.000 millones de euros en inversiones, según explicaron en una rueda de prensa en la sede de la CEOE su presidente, Emilio Díaz, y su directora ejecutiva, Begoña Villacís.

Según Díaz, esa cifra corresponde a los proyectos de tres empresas internacionales que, de aprobarse el decreto tal y como está redactado, frenarían sus inversiones en España. El presidente de la patronal añadió que esos tres proyectos representan el 15% de los 66.900 millones de euros que, según el Informe Anual del sector, la industria prevé invertir en España de forma directa e indirecta hasta 2030. Conviene señalar que ambas magnitudes, aportadas por la propia asociación, no son aritméticamente coincidentes: el 15% de 66.900 millones equivaldría a unos 10.000 millones de euros, por encima de los 9.000 millones que SpainDC sitúa en riesgo. Ninguna de las tres compañías fue identificada en la rueda de prensa.

La asociación fue más allá al valorar el impacto global de la norma: según recogió Bolsamanía, con el planteamiento legal actual estaría en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión que, en otras condiciones, podría elegir España como destino. Se trata de una estimación de la propia patronal, no de una cifra confirmada por el Gobierno ni por una fuente independiente. Díaz justificó esa cifra señalando que "las inversiones buscan seguridad jurídica y las compañías comparan energía, disponibilidad de red, permisos, costes, plazos y estabilidad regulatoria", y advirtió de que "España no compite consigo misma, si una inversión deja de cuadrar aquí, puede hacerse en otro país".

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La advertencia llega un día después de que SpainDC presentara, el jueves 10 de septiembre de 2026, sus alegaciones al proyecto de real decreto, elaborado conjuntamente por los ministerios para la Transición Ecológica, Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública. Díaz explicó que la asociación, que agrupa a más de 300 socios, lleva reclamando una reunión con el Ejecutivo "desde el primer día" sin éxito: "Se nos remitió a las alegaciones", lamentó, y confirmó que aún no hay ningún encuentro agendado.

El borrador exige que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, en cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de su consumo energético. SpainDC detalló en rueda de prensa que esta obligación combina dos requisitos: la "adicionalidad", que obligaría a las instalaciones aún no conectadas a la red a consumir energía procedente de fuentes renovables instaladas como máximo 18 meses antes de su puesta en funcionamiento, y la "correlación horaria", que exige demostrar cada hora que ese 80% procede efectivamente de renovables.

Según Transición Ecológica, esta exigencia desaparecerá cuando el mix de generación eléctrica supere el 90% de renovables. Las mismas fuentes precisan que ese 80% se cumpliría mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo, un planteamiento que el ministerio equipara a lo exigido por las normas europeas para los combustibles de origen no biológico y el hidrógeno de origen renovable, y a las normativas de centros de datos de Irlanda, Alemania y China. Esa equiparación choca con la posición del sector, que sostiene que el conjunto de obligaciones previstas no tiene equivalente en Europa; ninguna de las dos lecturas ha sido contrastada de forma independiente en las fuentes consultadas.

SpainDC rechaza ese diseño en bloque. Díaz calificó las obligaciones de adicionalidad y correlación horaria de "imposible" cumplimiento y sostuvo que su combinación convierte cualquier proyecto actual en "inviable técnica y económicamente": "No tiene sentido exigir nueva generación renovable cuando ya hay horas en las que estamos vertiendo energía renovable porque el sistema no puede absorberla. Antes de obligar a construir más, deberíamos aprovechar mejor la que ya tenemos". A su juicio, el problema no es un requisito aislado: "La suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector. El diseño es inviable".

Las objeciones de la patronal alcanzan también al encaje jurídico del texto. Díaz y Villacís plantearon "serias dudas" al respecto, tanto por la cobertura legal de algunas obligaciones como por el reparto de competencias. Villacís profundizó en esa objeción: "Hay elementos que creemos contrarios al ordenamiento jurídico y sobrepasa lo que puede hacerse por esta vía. Cuando una norma impone obligaciones de esta intensidad, la cobertura legal tiene que ser especialmente sólida". La directora ejecutiva también llamó la atención sobre el régimen sancionador previsto: recargos de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos, que aumentarían con la reiteración y podrían derivar en la pérdida del permiso. "Si lo llamamos recargo, pero puede llegar al 500% sobre determinados peajes y cargos, aumenta con la reiteración y puede acabar acompañado de consecuencias tan graves como la pérdida del permiso, la pregunta es evidente: ¿estamos ante un recargo o ante una sanción?", planteó. Según Transición Ecológica, el cumplimiento de ese 80% es condición para que los proyectos accedan a la red eléctrica, y el MITECO y el Ministerio de Transformación Digital lo comprobarán periódicamente; en caso de incumplimiento, las instalaciones sufrirían penalizaciones crecientes en forma de cargos y peajes en sus facturas eléctricas, según las mismas fuentes.

Uno de los principales motivos de rechazo de la patronal es que el decreto no afectaría solo a proyectos futuros, sino también a inversiones ya en marcha. Según SpainDC, las instalaciones que ya cuentan con permisos de acceso y conexión concedidos tendrían únicamente seis meses para adaptarse a la nueva norma, lo que obligaría a empresas con suelo, licencias, obra, financiación, contratos energéticos o acuerdos con clientes ya comprometidos a replantear sus proyectos "desde cero", en palabras de Díaz y Villacís, quienes lamentaron: "No podemos permitirnos que se nos perciba como el país que cambia las reglas de juego a mitad del partido".

Villacís resumió la posición de la asociación con una frase: "Podemos negociar, pero lo que no es negociable es que España se convierta en el país más restrictivo de Europa". Añadió que España se ha convertido en el mercado "menos atractivo" de Europa desde que se conoció la nueva normativa, con efectos que calificó de "devastadores", y advirtió: "La sensación de inseguridad jurídica que estamos provocando es inadmisible". Aseguró además que las alegaciones presentadas cuentan con la "completa unanimidad" del sector en contra. Según sus cifras, en juego hay también más de 16.000 puestos de trabajo, aunque no detalló el horizonte temporal ni la metodología de ese cálculo.

El rechazo no se limita a SpainDC. Templus, descrita por Bolsamanía como principal operador nacional de centros de datos, presentó una "enmienda a la totalidad" en la que pide formalmente la retirada del texto y el reinicio del proceso de consulta. Su consejero delegado, Nacho Velilla, sostuvo que el proyecto normativo adolece de "importantes defectos de tramitación" y carece de un análisis suficiente de su impacto económico, territorial y sobre la inversión. Velilla afirmó que, "lejos de establecer un marco equilibrado que favorezca el despliegue sostenible de centros de datos, el proyecto configura un régimen de requisitos y restricciones de difícil cumplimiento, imponiendo obligaciones técnicas, energéticas, contractuales y operativas que no encuentran equivalente en Europa, erosionando la posición de España como destino prioritario para el desarrollo de infraestructuras digitales". Templus advirtió además de que algunos de los requisitos podrían tener efectos retroactivos sobre inversiones ya comprometidas —con permisos administrativos concedidos, financiación cerrada y obras en ejecución—, lo que generaría, según la compañía, un elevado nivel de incertidumbre regulatoria. La empresa trasladó también a la Administración una serie de compromisos voluntarios en materia de descarbonización, almacenamiento energético, flexibilidad de la demanda, aprovechamiento del calor residual, soberanía digital y apoyo a las administraciones públicas europeas. Según Infobae (EFE), han mostrado asimismo su oposición comunidades autónomas que aspiraban a acoger este tipo de instalaciones, como Aragón, Extremadura, Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha.

El Gobierno, por su parte, defendió el viernes su propuesta frente a lo que fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica calificaron de "previsiones irreales" del sector. Según estas fuentes, el interés de la industria se ha concentrado en pocos territorios: en Aragón ya se han concedido 3,6 gigavatios (GW) de acceso a centros de datos, una cifra que triplicaría la demanda eléctrica de la comunidad, y en Madrid se han concedido 4,1 GW, que supondrían duplicar su consumo actual.

El ministerio recordó que la Estrategia de Inteligencia Artificial, actualizada en 2024, preveía un despliegue de centros de datos acorde con las previsiones del sector, con una potencia de computación acumulada de 2,5 GW para 2030, equivalente a unos 4 GW de demanda eléctrica. Sin embargo, según las mismas fuentes, ya se han concedido derechos de acceso y conexión a la red por más de 12 GW eléctricos, el triple del objetivo sectorial previsto, con un número adicional de solicitudes pendientes.

El Gobierno sostiene que España es "un país muy atractivo" para este tipo de infraestructuras por su ubicación geográfica, su clima y su liderazgo en renovables, y defiende que el país está en condiciones de "escoger los mejores" centros de datos, aquellos que aporten más beneficios con el menor impacto ambiental y sin que ello suponga un incremento de las facturas eléctricas para el resto de consumidores.

Microsoft, según recogió Infobae a través de Efe, señaló un día antes de la rueda de prensa de SpainDC que es "muy importante" que cualquier marco regulatorio ofrezca "seguridad jurídica, previsibilidad y condiciones que permitan seguir impulsando inversiones de largo plazo", sin pronunciarse expresamente sobre las cifras concretas manejadas por la patronal. Villacís, por su parte, insistió en la necesidad de este tipo de infraestructuras: "Los centros de datos son necesarios y necesitamos infraestructuras para alojar internet".