SpainDC advierte de que el proyecto de decreto de centros de datos pone en riesgo 9.000 millones

La Asociación Española de Centros de Datos (SpainDC), que agrupa a más de 300 socios, alertó el 11 de septiembre de 2026 de que el proyecto de real decreto que el Gobierno prepara para regular estas instalaciones ya ha provocado el anuncio de las primeras retiradas de inversión. Según su presidente, Emilio Díaz, en declaraciones a Expansión, tres compañías internacionales que planeaban desarrollar centros de datos en España han comunicado que trasladarán sus proyectos a otros países si la norma se aprueba en los términos planteados por el Ejecutivo.

Díaz, que no ha revelado la identidad de estos tres inversores por motivos de confidencialidad, explica que la suma de esos tres proyectos supone "una inversión conjunta de 9.000 millones de euros hasta 2029". Esa cantidad equivale, según sus cálculos, a cerca del 15% de los 67.000 millones de inversión directa acumulada que la patronal prevé para el sector en España hasta 2030 en un escenario de continuidad, es decir, sin contar con el posible impacto del propio decreto. Según Efe, en la rueda de prensa que SpainDC celebró el mismo 11 de septiembre la patronal cifró esa inversión prevista entre 2026 y 2030 en "unos 67.000 millones de euros". Según idealista/news, Díaz situó la cifra de referencia en 66.900 millones de euros y atribuyó a los tres proyectos amenazados el 15% de ese total. Que.es, por su parte, también recoge los 66.900 millones, pero los presenta como el cálculo que hace "el sector" de la "inversión directa e indirecta acumulada" hasta 2030, y no menciona ese porcentaje. Estas cifras no responden necesariamente al mismo perímetro: Expansión atribuye los 67.000 millones a "inversión directa acumulada", mientras que Que.es describe los 66.900 millones como "inversión directa e indirecta acumulada", por lo que la diferencia entre ambas cantidades podría no deberse solo a un redondeo.

"Son solo las primeras reacciones, solamente con el anuncio de real decreto", advirtió Díaz a Expansión, que teme un impacto mayor si la norma se aprueba con las exigencias actuales. El presidente de la patronal estimó que entre el 80% y el 90% de la inversión prevista para los próximos años, alrededor de 55.000 millones de euros según su cálculo, podría no llegar a materializarse, y señaló a Francia y Portugal como posibles destinos de las inversiones que se deslocalicen. Se trata, en todo caso, de una previsión del sector, no de un hecho constatado ni de una cifra oficial.

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El proyecto de decreto, elaborado conjuntamente por los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública, exige que los centros de datos cubran el 80% de su consumo eléctrico con generación renovable cada hora del día, un requisito conocido como "correlación horaria": según detalló Efe, esto obliga a los centros de datos a demostrar cada hora que ese porcentaje de la energía consumida procede de fuentes renovables. La norma introduce además el requisito de "adicionalidad", también recogido por Efe: los centros de datos que aún no estén conectados a la red deberán consumir energía de instalaciones renovables puestas en marcha como máximo 18 meses antes de su entrada en funcionamiento, lo que impide recurrir a los parques ya existentes.

Cumplir estas condiciones obligaría a multiplicar por diez la capacidad renovable solicitada a la red, según explicó Díaz a Expansión atribuyendo el cálculo a "los expertos": por cada 100 megavatios (MW) de consumo previsto habría que levantar unos 1.000 MW de generación renovable combinando fotovoltaica, eólica y baterías. "Es incomprensible que se esté tirando a la basura la energía que están generando los parques de renovables y no puedan ser aplicables a los centros de datos", señaló el presidente de la patronal, que considera que la norma discrimina al sector frente al resto de la industria española: "En una fábrica de coches no tenemos un requerimiento renovable como el que se quiere obligar a aplicar a la industria de los data center. Eso nos hace sentirnos discriminados en todos los aspectos", declaró a Expansión. Díaz añadió, según Efe/Infobae, que estas restricciones también lastrarían la competitividad española en Europa y ahuyentarían inversiones, lo que a su juicio afectaría además a la soberanía digital del país.

La directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís, calificó de "inadmisible" la sensación de inseguridad jurídica que genera el decreto, según recogieron Efe e idealista/news. Díaz, por su parte, resumió así el efecto acumulado de los requisitos en la sede de la CEOE, según Que.es: "La suma de requisitos puede convertir esta regulación en un veto al sector. El diseño es inviable".

Uno de los puntos más contestados por la patronal es que el decreto no se aplicaría solo a proyectos futuros, sino también a instalaciones que ya cuentan con permisos de acceso y conexión concedidos, que tendrían un plazo de seis meses para adaptarse a la nueva normativa. Según SpainDC, recogido por Efe, esto obligaría a empresas que ya tienen comprometidos suelo, licencias, obra, financiación, equipamiento, contratos energéticos o acuerdos con clientes a "planificar de nuevo desde cero". Díaz y Villacís lamentaron, según Efe, que "no podemos permitirnos que se nos perciba como el país que cambia las reglas de juego a mitad del partido".

Según Expansión, el régimen de incumplimiento contemplado en el proyecto de decreto incluye sanciones económicas que podrían llegar hasta la desconexión eléctrica de la instalación. Que.es añade que el texto contempla además recargos de entre el 300% y el 500% sobre determinados peajes y cargos en caso de incumplimiento. Villacís cuestionó esta previsión con una pregunta, según recogió Que.es: si un recargo puede llegar al 500%, aumentar con la reiteración y acabar con la pérdida del permiso, "¿estamos ante un recargo o ante una sanción?". En su entradilla, Que.es recogió que SpainDC "avisa de que los recargos pueden ser sanciones encubiertas", una advertencia que el medio atribuye a la patronal, no una calificación propia.

SpainDC sostiene además que el Ministerio para la Transición Ecológica invadiría competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en materia de acceso, conexión y regulación energética, según recoge Que.es. Villacís insistió, de acuerdo con la misma fuente, en que la asociación considera que el texto contiene elementos "contrarios al ordenamiento jurídico" y que una norma de esta intensidad necesita una cobertura legal especialmente sólida. La CNMC no se ha pronunciado públicamente sobre este punto, según la información disponible.

El impacto, según Díaz, no se limitaría a los operadores de centros de datos: de los más de 300 socios de SpainDC, solo 30 son operadores propiamente dichos, mientras que el resto son empresas de construcción, refrigeración, inmobiliarias o fabricación de material eléctrico que, según el presidente de la patronal, también se verían afectadas. Villacís cifró en más de 16.000 los puestos de trabajo vinculados al sector, según Efe. La directora ejecutiva añadió, según idealista/news, que las alegaciones presentadas "se nutren" de todo el sector y que el proyecto "ha conseguido la completa unanimidad en contra de su aplicación" entre los más de 300 socios de la patronal.

El rechazo al decreto, según Efe/Infobae, también ha llegado a comunidades autónomas que aspiraban a acoger este tipo de instalaciones, como Aragón, Extremadura, Madrid, Andalucía o Castilla-La Mancha, así como a grandes empresas del sector como Templus, que ha presentado una enmienda a la totalidad al texto.

El Gobierno, por su parte, defiende que el decreto busca un desarrollo "ordenado y eficiente" de los centros de datos en España, según coincidieron Efe/Infobae e idealista/news, con el objetivo declarado de evitar los problemas ambientales, sociales y de coste eléctrico registrados en otros países. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Sara Aagesen, citadas por idealista/news, sostienen que España constituye un mercado atractivo para este tipo de instalaciones por su ubicación, su clima y su liderazgo en energías renovables, pero advierten de la elevada presión que las solicitudes ejercen sobre las redes eléctricas y de su concentración en determinados territorios. El Ejecutivo defiende, según Efe/Infobae, que España está "en disposición de escoger los mejores centros de datos, los que aporten más beneficios". Esas mismas fuentes ministeriales, recogidas por idealista/news, añaden que la selección de proyectos debería hacerse "sin trasladar un encarecimiento de las facturas de electricidad al resto de consumidores"; se trata de un objetivo enunciado por el propio Ministerio, no de un efecto ya verificado.

Estas fuentes ministeriales, recogidas por idealista/news, señalan que la Estrategia de Inteligencia Artificial, actualizada en 2024, contempla una potencia de computación acumulada de 2,5 gigavatios (GW) en 2030, equivalente a una demanda eléctrica aproximada de 4 GW. Sin embargo, ya se han concedido derechos de acceso y conexión a la red por más de 12 GW, el triple de ese objetivo, con concentraciones especialmente elevadas en Aragón (3,6 GW, el triple de la demanda eléctrica actual de la comunidad) y Madrid (4,1 GW, equivalente al doble de su consumo regional).

Estas cifras no coinciden con las que Díaz atribuyó al Gobierno en su entrevista con Expansión, donde aseguró que "el Gobierno habla de una demanda del sector de datos de 15 gigavatios (GW)" para 2030, cifra que la patronal considera alarmista y que rebaja a entre 2 y 2,5 GW según sus propias proyecciones, frente a los cerca de 0,5 GW que se consumen actualmente, equivalentes al 0,8% del consumo eléctrico total según SpainDC. Las fuentes disponibles no permiten aclarar si los 15 GW citados por Díaz y los 2,5 GW de potencia de computación (o 4 GW de demanda eléctrica) de la Estrategia de IA se refieren a la misma magnitud o a conceptos distintos, por lo que no cabe darlas por directamente comparables. Frente a las proyecciones del sector, el Gobierno contrapone, según Efe, el "interés del sector, concentrado en pocos territorios y con previsiones 'irreales'". Díaz comparó además la situación con Irlanda, donde los centros de datos suponen el 24% del consumo eléctrico total, para argumentar que las exigencias españolas son más severas pese a que allí el peso del sector es mucho mayor; según sus cálculos, si España alcanzara los 2-2,5 GW previstos por la patronal, supondría menos del 2% de la generación total.

Al margen del contenido de la norma, la patronal reprocha al Gobierno el procedimiento seguido para elaborarla. Según Efe, SpainDC se queja de la actuación del Ejecutivo, que "no ha contado con las empresas del sector para diseñar esta normativa". Díaz instó al Gobierno a sentarse a dialogar, según idealista/news, "puesto que el sector desconocía los planes del Ejecutivo y el real decreto incluía 'cosas que eran muy graves' para la industria". Es la versión de la patronal: en las fuentes disponibles el Ejecutivo no responde de forma expresa a ese reproche y remite el debate a la fase de alegaciones, cuyo cómputo —más de 600 escritos recibidos— es el dato que aportan fuentes del Ministerio.

La fase de audiencia pública del decreto ha concluido con la recepción de más de 600 alegaciones, según fuentes del Ministerio citadas por idealista/news. Díaz explicó a idealista/news que, "desde el primer día", la patronal solicitó una reunión con el Gobierno y que se le remitió a presentar alegaciones, y añadió que, a día de hoy, todavía no hay ningún encuentro agendado. A Expansión, Díaz pidió la apertura de "una mesa de trabajo para negociar" el texto, sin aventurarse a predecir si el Gobierno tiene intención de moverse de sus planteamientos iniciales. El presidente de SpainDC no quiso adelantar posibles medidas de la patronal si el decreto se aprueba como se ha planteado: "No estamos considerando medidas más fuertes que la negociación y el poder entendernos con la Administración, porque creemos que es el camino que hay que seguir", afirmó a Expansión, aunque advirtió de que, si la propuesta se consolidara, "las repercusiones serían muy graves para el sector".

Villacís afirmó, según idealista/news: "Podemos negociar, pero lo que no es negociable es que España se convierta en el país más restrictivo de Europa". La directora ejecutiva calificó de "muy grave", según Efe/Infobae, que el sector perciba así al país y lo considere, por ende, menos atractivo para invertir en centros de datos.

Microsoft, según recogió Infobae/Efe, señaló el 10 de septiembre de 2026 que es "muy importante" que cualquier marco regulatorio ofrezca "seguridad jurídica, previsibilidad y condiciones que permitan seguir impulsando inversiones de largo plazo", sin pronunciarse expresamente sobre el contenido del decreto español.