eldiario.es: el senador de El Hierro carga al Cabildo 48.400 euros del penalista que lo defendió en el Supremo

El senador por El Hierro Javier Armas (Agrupación Herreña Independiente, AHI), que además es consejero del Cabildo insular, ha trasladado a las arcas del Cabildo facturas por un total de 70.474,5 euros para pagar los honorarios de los dos despachos de abogados y procuradores que le defendieron en el caso Vertederos, según ha revelado eldiario.es (edición Canarias Ahora) en una información publicada el 13 de septiembre de 2026. De esa cantidad, 48.400 euros (40.000 euros más IVA) corresponden en exclusiva a la minuta del despacho de José Antonio Choclán, el penalista que asumió la defensa de Armas tras su aforamiento ante el Tribunal Supremo en 2023.

El caso Vertederos investigó durante casi dos décadas el descontrol en la gestión de tres puntos de vertido en una isla declarada Reserva de la Biosfera en el año 2000: un vertedero de vehículos en El Majano, otro de residuos sólidos urbanos en la zona de la Dehesa —dentro del Parque Rural Frontera, un espacio natural protegido— y un tercero en la montaña de La Cumbrecita. Según la crónica de eldiario.es sobre el archivo de la causa, publicada el 10 de diciembre de 2024, la investigación se remonta a unos 17 años atrás, cuando Armas ejercía como director del Área de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias del Cabildo de El Hierro, cargo que ocupó entre 2003 y 2007.

Antes de ser elegido senador, Armas estuvo representado en los juzgados canarios por el bufete tinerfeño Mesa Abogados, cuyas minutas ascendieron a 21.400 euros a lo largo de las casi dos décadas de instrucción en el juzgado de Valverde. Su elección como senador por El Hierro en las elecciones de julio de 2023, en alianza con Coalición Canaria, le otorgó la condición de aforado y trasladó la causa al Tribunal Supremo, lo que —según recoge eldiario.es— disparó el coste de su defensa al incorporar a un despacho de mayor perfil.

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Para esa nueva fase, Armas contrató a José Antonio Choclán, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional y conocido, según eldiario.es, como «el abogado de las estrellas»: ha defendido, entre otros, a Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Francisco Correa, Cristina Cifuentes, Rita Barberá, el empresario Víctor de Aldama y el cantante Julio Iglesias. Choclán asumió la defensa de Armas en octubre de 2023.

Según la cronología reconstruida por eldiario.es, el despacho de Choclán asistió al senador en su declaración ante el Supremo en marzo de 2024 y, nueve meses después, en diciembre de ese año, presentó un escrito oponiéndose a la petición de la Fiscalía de declarar la causa compleja y prorrogar el plazo de instrucción, además de solicitar el sobreseimiento del caso. El 10 de diciembre de 2024, el Tribunal Supremo, con Pablo Llarena como magistrado instructor, acordó el sobreseimiento provisional y parcial del procedimiento respecto a Armas, al no apreciar indicios de delito medioambiental en su actuación durante el periodo en que dirigió el área de Medio Ambiente del Cabildo.

El auto del Supremo, según la crónica que eldiario.es publicó el 10 de diciembre de 2024, razona que durante los años en que ejerció ese cargo (2003-2007) Armas carecía de la condición de consejero y ostentaba funciones auxiliares que no implicaban competencias inspectoras, decisorias ni sancionadoras en materia medioambiental ni urbanística, lo que excluía la posición de garante que podría sustentar una responsabilidad penal omisiva conforme al artículo 404 del Código Penal, sobre prevaricación administrativa. El magistrado añadió que no constaba que Armas hubiera emitido ningún informe favorable a una licencia de actividad ni que hubiera eludido deberes de investigación que correspondieran a los órganos competentes, y subrayó que ni el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente de Canarias, ni el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, ni la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (APMUN), ni ningún particular, habían cursado denuncia alguna por el funcionamiento de los vertederos durante el periodo en que Armas dirigió el área. El auto precisa además que la omisión de inspecciones obligatorias no estaba recogida como delito en el Código Penal vigente cuando Armas ejerció ese cargo, ya que esa conducta solo se tipificó tras la entrada en vigor de la reforma penal LO 5/2010, y que ni siquiera existía entonces una previsión legislativa que impusiera esa obligación al jefe del Área de Medio Ambiente del Cabildo. El magistrado añadió, según la misma crónica, que las dos primeras actividades de vertido irregular —en El Majano y en la Dehesa— venían realizándose desde antes de que Armas asumiera la coordinación medioambiental del Cabildo, y que tampoco constaba que los vertidos de La Cumbrecita se hubieran iniciado mientras él ejercía esa función.

Por esas diligencias ante el Supremo, el bufete de Choclán giró una factura de 48.400 euros, una cifra que, según subraya eldiario.es, es más del doble de lo que había costado la defensa completa de Armas desde el inicio de las diligencias en el juzgado de Valverde hace ya veinte años.

Según eldiario.es, el aforamiento de Armas no solo encareció el coste de su propia defensa, sino que también alteró el destino del procedimiento para las otras dos personas procesadas: la exconsejera Claribel González y la funcionaria Fabiola Ávila. Antes de que Armas fuera aforado, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ya había fijado fecha para el juicio oral contra los tres; para Armas en particular, ese juicio llegó a señalarse para octubre de 2023, según recoge la crónica del mismo medio sobre el archivo de la causa, publicada el 10 de diciembre de 2024. La Fiscalía —en un escrito de acusación formulado en octubre de 2018— pedía once años de cárcel, cuatro de inhabilitación y una multa de 19.800 euros para cada uno de ellos, por un delito continuado contra los recursos naturales, otro de prevaricación medioambiental y un tercero relativo a la ordenación del territorio.

En abril de 2026, la Audiencia Provincial siguió el criterio del Supremo y decretó el sobreseimiento libre y definitivo del procedimiento contra González y Ávila, después de que la Fiscalía cambiara su posición y pasara de acusar a alinearse con los planteamientos de la defensa. Tras ese archivo, ambas también han cargado sus honorarios de defensa a las arcas públicas: 26.402,37 euros en el caso de Ávila, aprobados en un Consejo de Gobierno insular de junio de 2026, y 21.746,12 euros en el de González, aprobados en el pleno de julio de 2026. El caso Vertederos ha costado en total 118.623,07 euros en gastos de abogados a las arcas del Cabildo de El Hierro, según eldiario.es —las tres partidas citadas suman 118.622,99 euros, una diferencia de ocho céntimos atribuible al redondeo—, de los que más del 40% corresponden al despacho de Choclán.

El pago de las facturas de Armas fue aprobado por unanimidad en el pleno del Cabildo celebrado en octubre de 2025, con el respaldo tanto de los grupos de gobierno (PSOE, Asamblea Herreña e IUC-Reunir) como de la oposición (AHI y PP). Armas, que además de senador es consejero de la corporación, se ausentó de la sala cuando se debatió ese punto del orden del día.

El único consejero de IUC-Reunir, Amado Carballo, expresó reservas pese a votar a favor: "No me hace ninguna gracia votar a favor de la totalidad de los honorarios plasmados", dijo en referencia a la minuta de 40.000 euros sin IVA por el trámite ante el Supremo, y planteó que se debería haber esperado a conocer los criterios orientadores de los colegios de abogados sobre honorarios antes de aprobar el pago. Carballo advirtió de que el caso abre la "vía libre" a la contratación de despachos de prestigio "a cualquier coste" que después asume la administración. La consejera María Asunción Amaro, del mismo partido que Armas, defendió en cambio el derecho del senador a elegir "la mejor defensa" ante instancias judiciales que requieren, según ella, despachos "más especializados".

Para que una administración asuma los honorarios de la defensa penal de sus cargos electos o funcionarios, según recoge eldiario.es, deben cumplirse tres requisitos: que la imputación tenga origen en actuaciones ejercidas en funciones institucionales y no en la esfera personal, que no se aprecie abuso, exceso o desviación de poder en la conducta investigada, y que el procedimiento termine sin responsabilidad penal, ya sea por absolución en juicio o por archivo o sobreseimiento previo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la misma información, ha reconocido en distintos pronunciamientos el derecho de un cargo o trabajador público a ser resarcido de esos gastos en tales supuestos, si bien esa doctrina no resuelve todas las dudas: en procedimientos similares en otras instituciones canarias, los servicios jurídicos han exigido comprobar previamente si existía autorización para contratar a un letrado externo en lugar de recurrir a los servicios jurídicos propios, y si el importe reclamado se ajusta a los criterios orientadores de honorarios de los colegios de abogados. En el caso de Armas, el sobreseimiento acordado por el Supremo fue provisional y parcial, a diferencia del libre y definitivo dictado en abril de 2026 respecto a González y Ávila, sin que la evidencia disponible aclare si esa diferencia fue valorada por el Cabildo antes de aprobar el abono de sus honorarios.

La propia información de eldiario.es remite a otra pieza del mismo medio titulada «Caso Vertederos: los papeles que el Supremo no contempló al archivar la causa contra el senador de El Hierro». La evidencia disponible solo permite constatar que ese trabajo existe y cuál es su titular, no su contenido ni las conclusiones que sostiene, por lo que no cabe derivar de él ninguna afirmación sobre el alcance del archivo acordado por el alto tribunal. Conviene recordar, en todo caso, que ese archivo es —conforme a los requisitos que recoge el propio medio— la condición que habilita el resarcimiento de los honorarios con fondos públicos.