El Supremo suspende cautelarmente el voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos' que no acrediten exilio y señala una instrucción de la hermana de Puente

El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente, el 8 de septiembre de 2026, los efectos electorales de las nacionalizaciones tramitadas al amparo de la llamada ley de nietos para quienes no acrediten que sus antepasados sufrieron exilio. La Sala Tercera del tribunal pone el foco en una instrucción dictada en 2022 por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia y hermana del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, según recoge 20minutos.

La suspensión no afecta a la nacionalidad ya adquirida: lo que queda en suspenso son los efectos electorales de la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), no la condición de español obtenida por esta vía. La medida tiene carácter cautelar y, como subraya ESdiario, "no determina todavía si las nacionalizaciones o las inscripciones cuestionadas son legales o ilegales"; The Objective coincide en que lo suspendido son los efectos en el censo electoral hasta que exista sentencia.

Esa instrucción, publicada en el BOE el 26 de octubre de 2022 —cinco días después de la entrada en vigor de la norma—, estableció una presunción de exilio para los descendientes de todos los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin necesidad de acreditarlo caso por caso; solo quienes emigraron entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 debían demostrar esa condición, según el texto de la instrucción citado por 20minutos. La presunción otorgó así la condición de exiliado de forma casi automática aunque la salida de España respondiera a motivos económicos —como ocurrió en muchos casos— u otras razones distintas de la persecución política, según señala ese mismo diario.

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Según 20minutos, esa presunción —una "reinterpretación" de la norma, en palabras de la oposición recogidas por ese diario— disparó el número de potenciales nacionalizados por la ley de nietos hasta cerca de 2,5 millones de expedientes, cinco veces más que la previsión inicial del Gobierno, que estimaba en torno a medio millón de nacionalizados.

Según los últimos datos del Ministerio de Exteriores, correspondientes al 31 de mayo y recogidos por 20minutos, de ese total de solicitudes ya se han aprobado 571.761, mientras que 333.696 nuevos nacionalizados están inscritos en las oficinas consulares. El Gobierno no ha facilitado, por el momento, datos de cuántos de ellos han acreditado su condición de descendientes de exiliados, como ahora exige el Supremo, según el mismo medio.

El censo electoral de residentes ausentes (CERA) se sitúa en torno a 2,7 millones de electores según las últimas mediciones disponibles, aunque con cifras y fechas de corte distintas según el medio: 2.747.688 personas según datos del INE citados por 20minutos, lo que supone un crecimiento superior al 22% desde los 2.285.000 electores de 2022, cuando se aprobó la ley de nietos; más de 2,73 millones según El Español, que sitúa el punto de partida en 2,33 millones tras las elecciones generales de 2023; y 2.736.522 electores a 1 de julio de 2026 según The Objective, frente a los 2.328.260 del censo de esas mismas generales de 2023, un aumento de 408.262 electores en tres años que ese medio describe como "la mayor variación registrada entre dos cortes de toda la serie histórica", con el peso del CERA sobre el censo total pasando del 6,21% en 2023 al 7,11% en julio de 2026. Al corresponder a fechas de corte diferentes, estas cifras no son directamente comparables entre sí.

El Español, que dice investigar el asunto desde enero de 2026, sostiene que la instrucción de Sofía Puente abrió la puerta a la inscripción indiscriminada de descendientes en el CERA "incluso sin acreditar el exilio", y que llegó a alcanzar, según ese medio, a tataranietos de emigrados. El diario recuerda que en enero de 2026 ya informó, con datos de la Comisión de Ciudadanía Española en el Exterior, de más de dos millones de solicitudes de nacionalidad, sin que el Gobierno precisara entonces qué parte correspondía a la ley de nietos: el Ejecutivo alegó "problemas de digitalización" para no aclarar esas cifras, según el mismo medio.

Ese mismo mes de enero de 2026, El Español publicó un primer reportaje sobre la situación bajo el titular "La ley de nietos, entre el caos y la manipulación silenciosa del censo: podrá votar en Jaén o Lugo quien jamás ha vivido allí", en referencia a las dudas sobre el criterio empleado para asignar el municipio electoral a los inscritos en el extranjero. Según ese mismo diario, el auto del Supremo señala que el procedimiento de asignación de municipio a los inscritos en el CERA genera dudas técnicas por su opacidad. El marco de "manipulación" o "fraude" del censo que emplea El Español en sus titulares es una valoración de ese medio: en la evidencia disponible, el tribunal no la hace suya ni califica en esos términos lo ocurrido.

A mediados de 2026, según El Español, el censo exterior venía creciendo entre 10.000 y 20.000 electores al mes. El Supremo, de acuerdo con ese medio, se apoya en esas cifras para justificar el periculum in mora —el riesgo de que, si no se adopta una decisión urgente, queden en peligro los derechos y garantías que se pretenden proteger, en este caso la limpieza del proceso electoral y la confianza de los ciudadanos en los procesos democráticos y las instituciones— y califica en su auto el crecimiento del CERA de "excepcional" y de "extraordinaria dimensión". La lectura de que un crecimiento sostenido de ese calibre amenaza con distorsionar de forma irreversible la asignación de escaños en futuros comicios es un análisis del propio El Español, no una formulación que la evidencia atribuya al tribunal.

Según ha podido saber The Objective, los magistrados del Supremo prevén que la sentencia firme sobre el fondo del asunto suspenderá los efectos de la instrucción de 2022, y confían en que llegue antes de las elecciones generales por la aplicación del principio periculum in mora. El propio medio admite, no obstante, que podría no llegar a tiempo de esos comicios, en cuyo caso los efectos seguirían suspendidos cautelarmente; en cualquiera de los dos escenarios, según esa reconstrucción, quienes se beneficiaron de la presunción de la instrucción sin ser descendientes de exiliados no podrán votar. La suspensión dejará así sin voto a "cientos de miles" de personas ya inscritas por esta vía, según The Objective, que precisa que no es posible concretar la cifra exacta con los datos disponibles.

Según declaraciones del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior recogidas por The Objective, "muy poca gente" accede a la nacionalidad acreditando un exilio real, frente a la mayoría de solicitantes que se beneficia de la presunción establecida por la instrucción de 2022.

Iustitia Europa, una de las dos formaciones recurrentes, argumentó ante la Sala que una elección ya celebrada no puede reconstruirse después con garantías si el censo empleado resulta más tarde cuestionado judicialmente, según ESdiario. En su recurso, recogido por The Objective, la formación alegó "la existencia de perjuicio irreparable" siempre que "el volumen potencial sea suficiente para producir efectos sobre la representación en circunscripciones determinadas" y que, una vez celebrado el sufragio, "el secreto del voto haga imposible reconstruir posteriormente la incidencia individual de las inscripciones sometidas a discusión".

La suspensión llegó apenas 24 horas después de que la Sala Tercera escuchara los argumentos de Vox e Iustitia Europa, partidos que habían presentado los recursos, según ESdiario. Jorge Buxadé, coordinador jurídico de Vox, alertó durante la vista de que en dos meses se habían incorporado 29.000 nuevos electores y de que el incremento acumulado desde 2023 alcanzaba, según los datos manejados por su formación, los 403.466 electores, recoge el mismo medio. Esa cifra de Vox y los 408.262 electores adicionales desde 2023 que maneja The Objective proceden de fuentes y fechas de corte distintas: no son cifras contradictorias, sino mediciones no homologables entre sí.

El auto distingue dos situaciones, según ESdiario: quienes obtuvieron la nacionalidad por la vía de la Ley de Memoria Democrática y aún no están inscritos en el CERA seguirán su trámite hasta el final, pero la inscripción quedará suspendida hasta que haya sentencia firme; y a quienes ya figuran inscritos se les suspenden los efectos electorales de esa inscripción en los próximos comicios. La suspensión no afecta a quienes los registros consulares certifiquen que sus ascendientes sufrieron exilio real por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de identidad sexual sin haberse acogido a la presunción de la instrucción de 2022, según recogen tanto ESdiario como 20minutos. El auto, además, ordena a los registros consulares desglosar los expedientes de nacionalización entre los que proceden de la aplicación directa de los supuestos de exilio previstos en la Ley de Memoria Democrática y los tramitados al amparo de la interpretación realizada por la instrucción de octubre de 2022, según recoge 20minutos.

De cara a los próximos comicios, corresponderá a la Junta Electoral Central supervisar qué nuevos votantes acreditan el exilio y cuáles se beneficiaron de la presunción para evitar ese requisito, según El Español.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado se habían opuesto a la suspensión de las inscripciones en el CERA vinculadas a la ley de nietos, según ESdiario. El Gobierno, por su parte, defendió ante el Supremo que quienes ya han adquirido la nacionalidad no pueden ser privados de su derecho al voto. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, pidió al tribunal resolver "lo antes posible" el fondo del asunto y apremió a que la sentencia llegue antes de los procesos electorales del próximo año; subrayó además que se trata de unas medidas cautelares y, por tanto, "no son definitivas", aunque advirtió de que el auto supone "suspender el derecho de voto a miles de españoles", una decisión que calificó de "enorme trascendencia", según recoge The Objective.

El peso electoral del voto CERA generado por la ley de nietos ya se había notado, según un análisis de 20minutos, en las cuatro elecciones autonómicas celebradas en el último año en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura, con incrementos del censo CERA de entre el 12% y el 14%. Ese aumento se tradujo en más papeletas remitidas desde el extranjero: en Castilla y León, de 3.081 votos en 2023 a 10.700 en las autonómicas de marzo de 2026 (un 247% más); en Andalucía, de 7.602 a 21.583 (un 183% más); con subidas más moderadas en Aragón (15,5%) y Extremadura (5,4%). En las cuatro comunidades el voto exterior favoreció al PSOE aunque el PP ganara las elecciones, según el mismo medio, una coincidencia que 20minutos apunta —a modo de hipótesis, sin presentarla como causa demostrada— como posible explicación de que el PSOE haya criticado la decisión del Supremo mientras el PP la celebra.