El Juzgado de Primera Instancia nº17 de Zaragoza ha fijado el 9 de octubre para el lanzamiento judicial del piso que María Marcuello alquiló al mudarse a Barcelona, después de que su inquilina dejara de pagarle y acumulara una deuda que ronda los 15.000 euros.
María Marcuello vivió durante 15 años en un piso de su propiedad en Zaragoza. Al mudarse a Barcelona por motivos personales, decidió alquilarlo por 600 euros mensuales. Tras una primera pareja de inquilinos con la que no tuvo problemas, alquiló la vivienda a una nueva inquilina que, según relata Marcuello a El Mundo, pagó con normalidad durante los primeros tres años y medio, aunque con dificultades crecientes hacia el final de ese periodo. Para iniciar los trámites de desahucio, Marcuello se puso en manos del abogado zaragozano José Ramón González Barriga.
El Mundo recoge más episodios de esa tensión: Marcuello relata que la inquilina achacaba los impagos a haber perdido su empleo y a que la ayuda social que recibía "no le daba para pagar", y que llegó a decirle que no iba a devolverle las llaves del piso porque, a su juicio, la propietaria "se había portado mal" con ella. Marcuello cree que la inquilina "se creía sus propias mentiras", aunque matiza que eso "no es excusa para no pagar el alquiler"; son valoraciones personales de la propietaria.
El Juzgado de Primera Instancia número 17 de Zaragoza ha ordenado el lanzamiento judicial del inmueble para el 9 de octubre, tras casi dos años de impagos y litigio. Cuando el contrato de la inquilina venció, esta no abandonó la vivienda y, según el relato de Marcuello a El Mundo, comenzó a mostrar una actitud agresiva hacia la propietaria. Xataka, por su parte, precisa que la inquilina dejó de pagar el alquiler en noviembre de 2024, momento a partir del cual la propietaria la considera okupa de la vivienda.
La deuda acumulada por impagos de alquiler y suministros ronda los 15.000 euros, según El Mundo, que señala que, mientras la única fuente de ingresos de Marcuello era un subsidio de paro de 480 euros mensuales, la inquilina que se negaba a pagar cobraba un total de 1.100 euros procedentes de una prestación de la Seguridad Social (530 euros) y del subsidio por desempleo tras agotar la prestación contributiva (570 euros).
El conflicto incluyó un episodio con la factura del agua. El Mundo recoge que Marcuello recibió un recibo que ascendía a "cerca de 2.000 euros" y que, al acudir al piso acompañada de agentes de policía y un perito del seguro, este le indicó que la cantidad de agua perdida no podía deberse a una avería; Marcuello interpreta que la inquilina abrió los grifos deliberadamente para aumentar la deuda y presionarla. Xataka, por su parte, cifra esa misma factura de agua en "casi 1.000 euros" y señala que se cargó directamente contra la propietaria por seguir siendo esta la titular del suministro; las dos cifras no coinciden entre sí. Xataka documenta un episodio similar: según relata a ese medio Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, una vecina de 97 años de Colmenar Viejo tuvo que pagar en 2022 una factura de 2.000 euros de agua después de que sus inquiokupas llenaran la piscina, una práctica que, según Bravo, "se utiliza para hacer daño al propietario".
Parte del prolongamiento del proceso se debe, según El Mundo, al escudo social aprobado por el Gobierno en 2020 como respuesta a la pandemia y prorrogado desde entonces mediante sucesivos reales decretos, que permite suspender un desahucio hasta un máximo de dos meses cuando el inquilino acredita una situación de vulnerabilidad y el propietario no posee más de dos inmuebles. El juez determinó que la inquilina se encontraba en una "situación de extrema vulnerabilidad y precariedad", acreditada mediante documentos del Ayuntamiento de Zaragoza que certificaban su alta en el centro municipal de servicios sociales desde marzo de 2010. Esa suspensión, sin embargo, tiene un tope de dos meses, una cifra que no explica por sí sola casi dos años de litigio; Xataka atribuye buena parte de la demora a que la vía civil, con su trámite previo de conciliación obligatoria, resulta más lenta que la penal, aunque ninguna de las dos fuentes precisa qué cubre el resto del plazo.
Marcuello sostiene, según El Mundo, que la inquilina le ocultó esa situación al firmar el contrato y le presentó una nómina, lo que a su juicio "podría constituir un presunto delito de estafa"; se trata de una valoración de la propietaria, no de una acusación confirmada judicialmente. Marcuello se considera "víctima" del proceso y cree que el juez "no se ha molestado en hacer correctamente su trabajo", además de considerar que el coste de la vulnerabilidad de la inquilina "debería correr a cuenta del Gobierno"; son valoraciones personales de la afectada recogidas por El Mundo.
Xataka aporta contexto legal sobre este tipo de casos, que denomina "inquiokupación": la okupación en sí no es delito, sino que el Código Penal castiga la usurpación de bien inmueble (artículo 245.2) como delito leve con multa de tres a seis meses. Desde el 2 de enero de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 reformó la Lecrim para derivar estos casos hacia diligencias urgentes, aunque la vía civil —con su trámite previo de conciliación obligatoria— sigue siendo más habitual entre propietarios que la penal, lo que explica en parte la duración de litigios como este. El objetivo de esa reforma, según Xataka, era acelerar el desalojo en el caso de primeras viviendas.
Xataka recuerda además que el Tribunal Supremo dictó el 24 de junio de 2026 una sentencia que fija doctrina: cortar la luz o el agua a un okupa no constituye delito de coacciones siempre que este carezca de cualquier título jurídico. En el caso de Marcuello, la inquilina tuvo en su momento un contrato legítimo, por lo que, según explica Xataka, conserva jurídicamente "un título aparente o en disputa" sobre la vivienda, una distinción que resume así Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación: "Hubo un título posesorio en un momento dado, aunque haya acabado su vigencia". En la práctica, según Xataka, esa doctrina permite cortar el suministro a quien ocupa sin ningún título, pero no a un inquiokupa que, como en este caso, conserva ese título aparente o en disputa.
María Marcuello espera recuperar el piso el 9 de octubre, aunque teme, según El Mundo, encontrarlo "muy dañado" tras varios años sin poder acceder a su interior. La propietaria afirma haber perdido la mitad de sus ahorros y no espera recuperar los 15.000 euros de deuda; asegura además que no volverá a poner la vivienda en alquiler y que planea usarla como segunda residencia.
Según datos del Ministerio del Interior citados por Xataka, las denuncias por allanamiento de morada y usurpación de vivienda cayeron un 9,4% en 2025, hasta 14.875 casos; Cataluña concentró el 40% de esas denuncias (5.913) frente al 9% de Madrid. Xataka señala que, sobre un parque de 27,5 millones de viviendas en España, la okupación afecta a menos del 0,06% del total, según esos mismos datos oficiales. Xataka calcula que esa cifra equivale a una media de más de 40 okupaciones denunciadas cada día en toda España.
Xataka precisa que el Ministerio del Interior no contempla la "inquiokupación" —el impago y la resistencia a abandonar la vivienda por parte de un inquilino que en origen tuvo contrato legítimo— como una categoría propia dentro de sus estadísticas, por lo que estos casos quedan mezclados con las cifras generales de impagos y no existe un recuento oficial específico.
Xataka enmarca el caso de Marcuello dentro de lo que denomina "inquiokupación" y cita otros casos similares conocidos: en Torrelodones, la hijastra del actor Fernando Rey y exmujer de un futbolista del Real Madrid debe 32.000 euros a sus propietarios tras tres años sin pagar el alquiler de una vivienda con piscina, garaje y trastero; un matrimonio denunció en octubre de 2025 a una inquilina a la que apodó "la inquilina perfecta", que acumuló una deuda de 33.000 euros tras tres años de impagos; y en Carabanchel, según el mismo medio, una inquiokupa llegó a realquilar habitaciones de la vivienda que ocupaba sin pagar, con una deuda que superaba los 8.000 euros. Xataka advierte de que estas cifras "ni son oficiales ni se han ratificado".
Xataka añade que se estima que el Ministerio de Hacienda tiene al menos 33 inmuebles propios okupados repartidos por España, sin que la Administración los recupere con más agilidad que un particular, y recuerda que la organización de consumidores OCU lanzó en junio de 2026 la campaña "Vivienda sin preokupación", en la que denuncia que la prórroga de la suspensión de desahucios aprobada durante la pandemia se mantuvo vigente hasta bien entrado 2026, dejando a los propietarios con plazos judiciales que consideran inasumibles.
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