El déficit público sube un 6,4% hasta junio y se sitúa en el 1,89% del PIB

El conjunto de las administraciones públicas españolas, sin contar las entidades locales, cerró el primer semestre de 2026 con un déficit de 33.668 millones de euros, equivalente al 1,89% del producto interior bruto (PIB), según los datos de ejecución presupuestaria publicados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y difundidos por el Ministerio de Hacienda. La cifra en euros supone un incremento del 6,4% respecto al mismo periodo de 2025, aunque en términos de PIB el deterioro es mucho más contenido: la ratio pasa del 1,88% de 2025 al 1,89% actual, es decir, sube solo 0,01 puntos porcentuales.

La publicación, fechada el 11 de septiembre de 2026, combina dos referencias temporales distintas: el déficit consolidado de la Administración Central, las comunidades autónomas y la Seguridad Social corresponde a junio, mientras que Hacienda ha avanzado además los datos del Estado en solitario hasta julio, con una necesidad de financiación de 44.539 millones, un 13,5% más que en el mismo periodo de 2025 y equivalente al 2,5% del PIB, 0,17 puntos por encima de la ratio de hace un año. Al tratarse de perímetros y periodos distintos, ambas cifras no son una serie única ni deben sumarse.

Sin embargo, esa aparente estabilidad de la ratio semestral admite un matiz relevante. Según los datos de ejecución de la IGAE recogidos por Expansión y El Correo Gallego (Europa Press) —no incluidos en el texto de la nota de La Moncloa—, el primer semestre de 2026 registró un gasto extraordinario asociado a la dana de 679 millones, muy por debajo de los 3.337 millones contabilizados en el mismo periodo de 2025. Si se descuenta ese desembolso extraordinario, el déficit público hasta junio se situaría en 32.989 millones, un 16,5% más que en 2025, un deterioro bastante más pronunciado que el 6,4% de la cifra bruta. La diferencia indica que buena parte de la contención aparente del déficit frente a 2025 se explica por el menor gasto ligado a esa catástrofe, y no necesariamente por una evolución más favorable del resto de las partidas presupuestarias.

Descontando los intereses de la deuda, el déficit primario del conjunto de administraciones hasta junio se sitúa en 11.619 millones (0,65% del PIB), un 2% menos que en 2025, cuando alcanzó 11.858 millones, según los datos de la IGAE. En el caso del Estado hasta julio, el saldo primario arroja un déficit de 21.586 millones, el 1,21% del PIB, según la nota de prensa de La Moncloa.

Por administraciones, la Administración Central acumuló hasta junio un déficit de 22.531 millones, un 14,1% más que un año antes, equivalente al 1,27% del PIB (0,10 puntos más que en 2025). Las comunidades autónomas registraron un déficit de 17.287 millones, un 10,9% superior, con una ratio del 0,97% del PIB frente al 0,92% de 2025. Hacienda precisa que si se descuentan en ambos ejercicios los anticipos a cuenta del sistema de financiación recibidos del Estado —4.414 millones en 2026 y 4.010 millones en 2025—, el incremento del déficit autonómico se reduce al 10,7%. Los fondos de la Seguridad Social, en cambio, mejoraron su resultado: cerraron junio con un superávit de 6.150 millones, un 66,5% más que en 2025, con una ratio sobre el PIB del 0,35% (0,13 puntos más).

Los datos del Estado hasta julio incorporan además dos elementos singulares que Hacienda detalla expresamente: la liquidación definitiva de 2024 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las entidades locales, con un saldo neto conjunto a favor de ambas administraciones de 14.335 millones (frente a 13.627 millones en la liquidación de 2023), y la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas de enero a junio, con un impacto en el déficit del Estado de 11.139 millones, frente a 9.952 millones en 2025.

En el lado de los ingresos, los recursos no financieros del Estado hasta julio alcanzaron 187.959 millones, un 11% más que en el mismo periodo de 2025. Los impuestos, que representan el 80,5% del total (151.354 millones), crecieron un 10%. Destacan el avance del IRPF, un 20,4% hasta 46.652 millones —Hacienda atribuye parte de esta subida a que los ingresos de la declaración anual de 2025 fueron un 18,5% superiores a los de 2024—, del Impuesto sobre Sociedades, un 13,8% hasta 16.561 millones, y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, un 17,9% hasta 3.620 millones. La recaudación por IVA subió un 5,9%, hasta 64.918 millones (80.686 millones en términos brutos, antes de devoluciones, un 6% más).

En sentido contrario, los ingresos por el impuesto especial sobre hidrocarburos cayeron un 5,9%, hasta 6.836 millones. Según explica Hacienda, esta caída responde a que los tipos de este impuesto se rebajaron temporalmente hasta el mínimo permitido por la Unión Europea, medida vigente hasta el 30 de junio y sustituida después por una reducción gradual del gravamen: 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre, antes de volver al régimen ordinario en octubre, con una cláusula que refuerza temporalmente el descuento si el precio de los carburantes supera determinados umbrales. El Impuesto Especial sobre la Electricidad se redujo un 25,4%, hasta 683 millones, por la rebaja temporal del tipo impositivo del 5,11% al 0,5% entre el 22 de marzo y el 31 de mayo. Desde el 1 de julio de 2026, según precisa La Moncloa, se han restablecido los tipos ordinarios del IVA aplicados a los productos energéticos.

El resto de la recaudación tributaria del Estado hasta julio incluye los impuestos sobre la producción y las importaciones —que engloban el IVA y los impuestos especiales—, con 83.731 millones (+4,3%), y otras figuras menores como el Impuesto sobre Primas de Seguro (1.763 millones, +7,3%), el Impuesto sobre Transacciones Financieras (272 millones, +38,1%) y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (825 millones, -15,3%). Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio —IRPF, Sociedades y No Residentes ya detallados, más el Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones de determinadas entidades financieras, con 534 millones— sumaron en conjunto 67.482 millones, un 17,9% más que en 2025. Los impuestos sobre el capital, por autoliquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de no residentes, se situaron en 141 millones (105 millones en 2025), y las cotizaciones sociales del Estado alcanzaron 3.803 millones.

Fuera de los ingresos tributarios, las transferencias recibidas de otras administraciones públicas se situaron en 12.713 millones, un 9,7% menos que en 2025. Las rentas de la propiedad crecieron un 8,5%, hasta 5.353 millones —los dividendos y otras rentas pasaron de 498 a 854 millones, de los que 234 millones corresponden al dividendo del Banco de España—, los ingresos por intereses subieron un 1,4%, hasta 4.499 millones, y la venta de bienes y servicios generó 1.232 millones. El resto de recursos se disparó un 78,4%, hasta 13.504 millones, un avance que Hacienda atribuye principalmente al aumento de las ayudas a la inversión, de 4.837 a 10.441 millones.

Los gastos no financieros del Estado hasta julio ascendieron a 232.498 millones, un 11,5% más que los 208.521 millones de 2025. La partida de mayor peso son las transferencias entre administraciones públicas, el 62,3% del gasto total (144.893 millones), con un aumento del 9%. Según detalla La Moncloa, los organismos de la Administración Central recibieron 11.625 millones (+25,8%), incremento que Hacienda vincula, entre otros factores, a las transferencias al Fondo Español de Garantía Agraria —2.165 millones— destinadas a compensar la pérdida de renta de las explotaciones agrarias por fenómenos meteorológicos adversos y a paliar la subida de precios derivada de la crisis en Oriente Medio. La Administración Regional recibió 76.642 millones, un 9% más.

Para situar la cifra semestral en una perspectiva más amplia, Trading Economics recoge, con datos de origen del Banco de España, que el conjunto de las administraciones públicas españolas cerró 2025 con un déficit anual equivalente al 2,50% del PIB, frente a una media histórica del 4,07% desde 1995, con un máximo del 2,10% de superávit en 2006 y un mínimo del 11,50% de déficit en 2012; la deuda pública se situó a cierre de 2025 en el 100,70% del PIB. Estas cifras corresponden al ejercicio completo y al conjunto de administraciones incluidas las entidades locales, por lo que no son directamente comparables con el dato semestral del 1,89% del PIB de la IGAE, que excluye a las corporaciones locales; se ofrecen solo como referencia de la magnitud histórica de los desequilibrios fiscales españoles. Según los modelos econométricos y expectativas de analistas de la propia Trading Economics, el déficit del conjunto de administraciones podría cerrar 2026 en torno al 2,40% del PIB, una proyección que constituye una estimación, no un dato oficial confirmado.

Las fuentes consultadas para esta pieza no recogen el objetivo de déficit del Gobierno para 2026, la senda de estabilidad presupuestaria pactada con Bruselas ni ninguna valoración de la Comisión Europea sobre estos datos. Con la información disponible no puede establecerse, por tanto, en qué medida esta evolución afecta al cumplimiento de los compromisos fiscales de España, a la financiación de las comunidades autónomas más allá de las cifras ya detalladas o a la presión fiscal futura sobre los contribuyentes: son preguntas que quedan abiertas.