El borrador español sigue vivo: ABC informa de más de 600 aportaciones y de conversaciones para flexibilizar la correlación horaria del 80% renovable. A la vez, la Comisión Europea quiere acelerar permisos y capacidad de centros de datos con su Cloud and AI Development Act. Una recomendación de Bruegel para tratar las redes como infraestructura estratégica alimenta el debate, pero todavía no es una decisión formal de Bruselas.
El conflicto ha subido de nivel. A finales de agosto el sector advertía de que la nueva regulación podía ahuyentar inversiones; el 11 de septiembre Spain DC ha afirmado que tres de sus socios tienen 9.000 millones de euros en proyectos en riesgo y que contempla acciones legales si el texto se aprueba sin cambios. Hablar de pleito, sin embargo, no significa que exista ya una demanda ni que una compensación sea automática.
El borrador oficial del Ministerio para la Transición Ecológica se aplica a centros de datos con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW. Entre sus exigencias figura que respalden con nueva generación renovable, con correlación horaria, el 80% de su consumo eléctrico. La norma también incorpora requisitos de eficiencia energética e hídrica y condiciones de resiliencia y soberanía digital.
El concepto más conflictivo es la adicionalidad. La propuesta busca que el nuevo consumo intensivo no se limite a absorber electricidad renovable que ya estaba disponible para otros usos, sino que vaya acompañado de nueva capacidad. El Gobierno sostiene que un despliegue sin esas condiciones podría exigir más refuerzos de red, elevar el uso de gas en determinados momentos y trasladar costes al resto de consumidores.
Spain DC responde que la combinación de adicionalidad y correlación hora a hora es de imposible o muy difícil cumplimiento para proyectos globales y que modifica el marco sobre el que empresas ya habían obtenido permisos o tomado decisiones de inversión. Esa es la base de su advertencia sobre posibles reclamaciones. El alcance jurídico real dependerá del texto definitivo, de la situación concreta de cada proyecto y de lo que decidan los tribunales o mecanismos de arbitraje si llegan a activarse.
La oposición al borrador no es solo empresarial. Castilla-La Mancha ha anunciado alegaciones y Emiliano García-Page ha dicho que podría acudir a los tribunales; Aragón también ha pedido una revisión integral. Esto convierte el decreto en un conflicto territorial e industrial además de energético.
El Ejecutivo, por su parte, se ha abierto a suavizar algunas exigencias siempre que no se produzca un aumento de la factura eléctrica para hogares y empresas. Eso importa porque la consulta pública ya ha cerrado y ahora empieza la fase en la que el texto puede incorporar cambios antes de su aprobación.
Por tanto, la fotografía correcta hoy es esta: existe un borrador oficial con obligaciones duras y verificables; existe una amenaza empresarial y política de litigio; y existen cifras muy elevadas de inversión en riesgo aportadas por los afectados. Todavía no existe una sentencia, una indemnización ni una versión definitiva del real decreto.
El 12 de septiembre aparece un segundo frente: la infraestructura eléctrica europea. ABC informa de un trabajo de Bruegel remitido al entorno comunitario que plantea dar tratamiento estratégico a las redes y acelerar conexiones para no frenar capacidad de computación. La Comisión Europea sí ha propuesto oficialmente el Cloud and AI Development Act para ampliar capacidad de nube y centros de datos y agilizar condiciones de despliegue; lo que no consta como decisión oficial es que Bruselas ya haya declarado estratégicas todas las redes eléctricas.
En España, ABC cifra en más de 600 las aportaciones recibidas durante la consulta y describe conversaciones con el sector sobre dos posibles flexibilizaciones: medir la cobertura renovable del 80% en periodos más amplios que cada hora y reconocer parte de los excedentes renovables existentes. Son opciones de negociación atribuidas a fuentes participantes; no forman parte todavía de un texto definitivo aprobado.
El MITECO abrió la audiencia pública el 27 de agosto y fijó como cierre el 10 de septiembre. El Gobierno presenta los centros de datos como infraestructura estratégica, pero también como grandes consumidores de red, energía y agua.
Las cifras de inversión varían según el universo contado. Spain DC habló hoy de 9.000 millones vinculados a tres socios concretos; en semanas anteriores el sector había manejado estimaciones mucho mayores para el conjunto de proyectos previstos. No deben sumarse ni intercambiarse como si midieran lo mismo.
Europa persigue dos objetivos que pueden chocar si no se coordinan: multiplicar su capacidad de computación y, al mismo tiempo, evitar que nuevos grandes consumos desplacen costes o dificulten la descarbonización de la red.
Fuentes: MITECO — propuesta de real decreto sobre centros de datosMITECO — presentación de la propuestaEFE — Spain DC cifra proyectos en riesgoCinco Días — posibles indemnizaciones y litigiosEl Confidencial — amenaza de llevar al Gobierno a los tribunalesABC — redes europeas y negociación del decretoComisión Europea — Cloud and AI Development Act
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