El Ministerio de Exteriores de China rechazó el 14 de septiembre de 2026 la petición de Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, para que Estados Unidos frenase el desarrollo de la inteligencia artificial china. La respuesta fue diplomática y coincide con la defensa de Pekín de una gobernanza internacional, mientras Washington mantiene el pulso por el acceso a chips y capacidad de cómputo.
El hecho público es sencillo y limitado: el 14 de septiembre de 2026, el Ministerio de Exteriores chino rechazó el llamamiento de Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, para que Estados Unidos frenase las capacidades de inteligencia artificial de China. Según El Mundo, el portavoz Guo Jiakun respondió en la rueda de prensa habitual del ministerio y defendió que todas las partes trabajen juntas en materia de IA. No anunció una sanción, un bloqueo ni una prohibición.
Amodei había publicado el 12 de septiembre de 2026 un ensayo en el que defendía una desaceleración global del desarrollo de la IA. En ese texto pidió mantener las restricciones a la venta a China de chips de IA de última generación y de equipos para fabricar semiconductores, con el objetivo declarado de preservar la ventaja estadounidense en inteligencia artificial. Según El Mundo, sostuvo que un liderazgo chino en IA supondría un grave peligro para Estados Unidos y el mundo.
La propuesta de Amodei no equivale a una pausa total del desarrollo. En su ensayo, el ejecutivo de Anthropic planteó acompasar el avance de las capacidades para dar tiempo a la seguridad, la alineación y la evaluación independiente. También propuso evaluadores externos integrados en las empresas, coordinación entre compañías de países democráticos y una posible coordinación internacional con gobiernos autoritarios, aunque reconoció que verificar el cumplimiento sería difícil.
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La reacción de Pekín tampoco es una resolución jurídica ni una medida ejecutiva inmediata. Según El Mundo, Guo Jiakun afirmó que el alarmismo, la confrontación y la competencia despiadada perturbarían la gobernanza global de la IA y no beneficiarían a nadie. La magnitud legal de la respuesta es, por tanto, limitada: se trata de una posición política expresada en una rueda de prensa, no de una norma con efectos directos verificables sobre Anthropic o sobre el desarrollo de modelos en China.
El contexto inmediato es la disputa entre Washington y Pekín por el acceso al cómputo, los chips avanzados y los equipos necesarios para fabricar semiconductores. El Mundo recoge que Estados Unidos, a través del FBI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura, acusó a desarrolladores chinos de realizar esfuerzos agresivos y maliciosos para extraer mediante destilación capacidades de modelos estadounidenses como Claude, de Anthropic, y ChatGPT, de OpenAI. El Ministerio chino de Comercio rechazó esas acusaciones por infundadas y sostuvo que la destilación se utiliza habitualmente en la industria.
La destilación es un método para obtener capacidades de un modelo a partir de sus respuestas o de su comportamiento, pero la evidencia disponible no permite establecer aquí el alcance de las operaciones denunciadas ni demostrar que todas las prácticas mencionadas sean equivalentes. Por eso, las acusaciones estadounidenses deben atribuirse a sus organismos y la respuesta china a su Ministerio de Comercio; ninguna de las dos posiciones queda convertida en hecho probado por la mera publicación de la otra.
La discusión también enfrenta dos argumentos de seguridad. Amodei sostiene que el avance acelerado, especialmente por la mejora recursiva de los sistemas, podría superar la capacidad de control humano. En su ensayo pronosticó que un enjambre de agentes de IA podría llegar a apoderarse de internet en un plazo de seis a 12 meses si los investigadores no acuerdan desacelerar. Es una previsión del ejecutivo de Anthropic, no un hecho observado ni una predicción validada por la evidencia disponible.
China afirma que también quiere reducir los riesgos, pero rechaza que la seguridad sirva para limitar unilateralmente la capacidad tecnológica de otros países. Según ABC, el ministro chino de Seguridad, Chen Yixin, pidió construir una «barrera de seguridad» y establecer un sistema integral para identificar y contener riesgos relacionados con la seguridad nacional, la protección de datos, los contenidos falsos y las campañas de desinformación. ABC atribuye además a Xi Jinping un llamamiento a reforzar el código abierto, la transparencia, la colaboración y el intercambio tecnológico, así como a formalizar un pacto global de gobernanza de la IA.
La posición de Pekín combina, por tanto, cooperación declarada y defensa de su capacidad tecnológica. Según ABC, Chen criticó que ciertas naciones aprovechen su ventaja en teoría fundamental de IA, arquitectura de modelos y capacidad de cómputo para limitar el acceso de otros países a equipos de vanguardia bajo el argumento de la seguridad nacional. Esa crítica es una valoración del Gobierno chino sobre la política estadounidense, no una constatación independiente sobre sus efectos.
La comparación tecnológica que aparece en la evidencia es ambigua. El Mundo señala que empresas chinas han desarrollado modelos potentes que a menudo son más baratos de usar que los modelos avanzados de compañías estadounidenses y que, según algunas mediciones, son igual de capaces. Las cifras no incluyen un mismo criterio de medición, periodo, modelo y alcance, por lo que no permiten afirmar que China haya superado a Estados Unidos ni que exista una ventaja definitiva de uno de los dos países. La comparación sí muestra que la disputa afecta tanto al coste y al despliegue como al rendimiento técnico.
La posición de la Casa Blanca añade otra contradicción. Según El Mundo, Donald Trump restó importancia el 13 de septiembre de 2026 a los llamamientos para que su Gobierno interviniera y ralentizara el desarrollo, y afirmó que Estados Unidos iba por delante de China. ABC recoge una formulación similar: Trump dijo que Estados Unidos era el país más sofisticado y que quería conservar esa posición. Son declaraciones políticas sobre la posición relativa de ambos países, no una medición técnica homogénea.
La noticia es relevante ahora porque la respuesta china llega mientras se prepara una reunión prevista para el 24 de septiembre de 2026 entre Trump y Xi, en la que, según El Mundo, se espera que ambos aborden la gobernanza de la IA. La reunión aún no se ha celebrado y no se sabe si producirá acuerdos sobre chips, seguridad, destilación o límites al desarrollo. Lo que cambia de momento es el marco público de la discusión: el llamamiento de una empresa estadounidense a restringir capacidades chinas recibe una respuesta oficial que lo presenta como un problema de gobernanza y competencia estratégica.
La otra cara del argumento la ofrece la propia trayectoria de Amodei. En su ensayo, el ejecutivo de Anthropic describió incidentes de desalineación y sostuvo que un ritmo más medido permitiría mejorar la supervisión, el aislamiento de sistemas, la higiene de los entornos de entrenamiento y la evaluación de modelos. También defendió que la coordinación no debe consistir necesariamente en detener el progreso. Estas son propuestas y valoraciones de Anthropic; la evidencia no permite saber si serían viables, si otros desarrolladores las aceptarían o si reducirían efectivamente los riesgos.
En términos de impacto directo para el lector, no hay por ahora una regulación inmediata que cambie el acceso cotidiano a las herramientas de IA en España ni una medida anunciada contra Anthropic. Para una empresa que dependa de chips de última generación o de infraestructura cloud para entrenar modelos, un endurecimiento de las restricciones podría encarecer o complicar la planificación de capacidad, pero la evidencia revisada no ofrece una cifra de coste, usuarios o ventas. El efecto calculado es un posible aumento de las restricciones y de la incertidumbre; el efecto observado hasta ahora es una disputa diplomática y regulatoria sin cuantificación económica demostrada.
Para los proveedores de chips, fabricantes de equipos, compañías de computación y desarrolladores de modelos, el principal riesgo es que las decisiones de seguridad nacional se traduzcan en controles de exportación más amplios o persistentes. Cabe interpretar que eso podría fragmentar más las cadenas de suministro y aumentar la presión para desarrollar alternativas locales, pero esa conexión es una valoración y no un resultado ya demostrado. Tampoco hay evidencia suficiente para atribuir a esta respuesta diplomática cambios concretos en precios, disponibilidad o rendimiento de los modelos.
La cuestión central sigue abierta: cómo compatibilizar la cooperación internacional que reclama Pekín con las restricciones tecnológicas que defiende Amodei y con la prioridad de Washington por conservar su ventaja. La investigadora Lizzi C. Lee planteó, según El Mundo, la dificultad de pedir a China cooperación en seguridad de frontera mientras se limita su acceso al cómputo de frontera. Esa contradicción resume el problema político, pero no anticipa el desenlace de la disputa.
El debate sobre frenar o acompasar la IA no es nuevo. Según ABC, Sam Altman, Elon Musk y Demis Hassabis han publicado mensajes favorables a reducir el ritmo del desarrollo, mientras que Amodei ha presentado una propuesta más estructurada. El ensayo de Anthropic sitúa la discusión en una fase distinta al plantear medidas de evaluación externa, coordinación industrial y cooperación internacional, no solo una declaración general a favor de la prudencia.
La idea de limitar el acceso a chips o a capacidad de cómputo ya forma parte del enfrentamiento tecnológico entre Estados Unidos y China, pero la evidencia disponible no demuestra que la respuesta de Pekín haya modificado esas restricciones. Lo que sí muestra es una continuidad entre la crítica china a la contención tecnológica, la defensa de un marco global de gobernanza y el rechazo a que la seguridad nacional se utilice, según Pekín, para frenar el desarrollo de otros países.
Para las empresas del sector, la reacción de Pekín significa que cualquier decisión de restricción de chips o de computación será entendida en China como una medida de contención, no solo de seguridad. Eso puede elevar la presión sobre alianzas comerciales, acuerdos de suministro y planificación de infraestructura para entrenamiento e inferencia, aunque no hay un efecto observado cuantificado.
En un caso representativo, una empresa que dependa de chips de última generación y de infraestructura cloud para entrenar modelos tendría que valorar un escenario de restricciones puntuales y otro de contención persistente. La evidencia no ofrece un dato único de coste ni permite convertir esos escenarios en una previsión económica. El efecto calculado sería una mayor incertidumbre sobre capacidad y suministro; el efecto observado, por ahora, se limita al intercambio diplomático y a las posiciones públicas de gobiernos y empresas.
La discusión se inscribe en un debate más amplio sobre seguridad, alineación y ritmo de innovación. En su ensayo, Amodei sostiene que el crecimiento de la capacidad de IA está acelerándose por la mejora recursiva y que esa dinámica podría superar la capacidad de control. OpenAI también ha advertido, en un texto publicado el 6 de septiembre de 2026, de que los sistemas son cada vez más difíciles de comprender y de que la alineación y la vigilancia siguen siendo desafíos abiertos. Las dos posiciones proceden de empresas del sector y deben leerse como valoraciones de sus responsables, no como una medición independiente del riesgo.
La posición de China subraya la cooperación y la transparencia en modelos abiertos, mientras que Estados Unidos y Anthropic ponen el acento en el control del cómputo, la protección de la ventaja tecnológica y la seguridad de los sistemas avanzados. La evidencia no permite afirmar que ambos enfoques sean incompatibles en la práctica ni que uno haya ganado la discusión de fondo. Sí permite constatar que la seguridad se utiliza para defender estrategias distintas sobre el acceso a la tecnología.
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