Un informe entregado al juez José Ignacio Vilaplana sostiene que diez contrataciones analizadas se hicieron con procedimientos opacos y, en algunos casos, solo con una entrevista. La investigación judicial sobre 84 empleados debe decidir ahora si continúa y qué alcance tienen las posibles irregularidades.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó al juez José Ignacio Vilaplana un informe sobre la contratación de personal en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Según el informe, al que tuvo acceso ABC, diez expedientes examinados presentan indicios de procedimientos «arbitrarios y discrecionales», en su mayoría relacionados con familiares de dirigentes y cargos socialistas.
El documento policial, de 231 páginas, analiza expedientes que la Junta tuvo que aportar por orden judicial dentro de una causa que investiga el supuesto enchufismo de 84 empleados. La UCO concluye, según ABC, que las contrataciones se parecían más a «un proceso de libre designación» que a uno de libre concurrencia. Esa valoración pertenece al informe policial y no equivale a una resolución judicial sobre la legalidad de cada contrato.
La principal novedad es el detalle documental que la UCO atribuye a esos expedientes: en los casos en que consta una entrevista, habría sido la única prueba para acceder al puesto. El informe señala que «no consta ningún tipo de documentación que acredite la existencia de un proceso de selección» en algunos casos y que, en otros, el procedimiento iniciado no se habría ajustado a la normativa vigente. Los investigadores no localizaron una selección completa basada en pruebas objetivas.
La investigación también señala que la Faffe habría utilizado una base interna de empleo en lugar de ofertas genéricas al Servicio Andaluz de Empleo o anuncios en periódicos, vías que la normativa citada por la Guardia Civil contemplaba para garantizar la publicidad de las vacantes. En las carpetas revisadas, los agentes no encontraron baremaciones objetivas de currículos, pruebas psicométricas ni casos prácticos. La entrevista personal, cuando aparece en los expedientes, habría sido la única prueba y, con frecuencia, solo se habría citado al candidato previamente elegido.
El informe recoge además un correo electrónico enviado el 16 de marzo por el entonces director de Recursos Humanos de la Faffe a una responsable del área de personas. Según ABC, el mensaje incluía un listado de personas vinculadas familiarmente a cargos del PSOE para incorporarlas a la fundación. La UCO examinó los tres contratos relacionados con esa lista junto con otros siete. La existencia del correo y su contenido forman parte de los hallazgos descritos por el atestado, pero la responsabilidad individual de quienes intervinieron debe determinarla el juzgado.
Entre las personas mencionadas en ese mensaje figuran, según la información publicada por ABC, el hijo de una exconcejal socialista de Sevilla y exdiputada autonómica, la sobrina de la presidenta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y una persona identificada como nuera de la entonces directora gerente de la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces. El parentesco o la relación familiar no prueba por sí solo una contratación ilegal: lo que debe establecerse es si hubo una selección predeterminada, un incumplimiento de las reglas aplicables y, en su caso, responsabilidad penal o administrativa.
La Guardia Civil sostiene que también se produjeron irregularidades después de la contratación. Los trabajadores fueron incorporados como personal laboral temporal, una modalidad que la normativa reservaba para casos excepcionales y necesidades urgentes que no pudieran ser atendidas por personal laboral fijo. Según el informe, se superó ampliamente el límite legal improrrogable de 12 meses consecutivos en el puesto. La documentación disponible no permite precisar qué consecuencias tuvo ese exceso en cada expediente.
Los agentes tampoco localizaron, según el informe, los preceptivos informes de las consejerías de Hacienda y Administración Pública ni la autorización de la Dirección General de Presupuestos. La UCO vincula esos hallazgos a una posible vulneración de los principios de legalidad, transparencia, mérito, capacidad e igualdad, pero corresponde al juzgado determinar si esas carencias existieron en cada contratación y si tienen relevancia jurídica.
La dimensión económica descrita por ABC es la de una fundación que recibió 300 millones de euros en subvenciones públicas durante los ocho años en que funcionó. El medio afirma además que ocho de los trabajadores señalados han percibido 3,5 millones de euros en sueldos y ocupan puestos fijos en la Junta, aunque la evidencia disponible no detalla el periodo salarial ni permite comparar esa cifra con el coste total de personal de la entidad. Por tanto, esas magnitudes no permiten calcular por sí solas un perjuicio económico.
La investigación sitúa las nóminas de los empleados examinados en una entidad que recibía fondos de la Administración autonómica para organizar cursos destinados a personas desempleadas. La UCO afirma que los procedimientos de acceso no documentaban una concurrencia efectiva, pero la información disponible no demuestra qué candidatos quedaron fuera en cada caso, si existían aspirantes alternativos ni cuál habría sido el resultado de una convocatoria abierta.
El caso sigue en fase de investigación. El juez debe decidir si mantiene abierta la causa por el supuesto nepotismo en la Faffe y cómo valora el informe policial. La causa ya incluye a 21 antiguos cargos de la entidad y responsables de empresas proveedoras, investigados por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La evidencia disponible no recoge una decisión posterior del juzgado sobre la continuidad del procedimiento ni una resolución que confirme las irregularidades.
El informe también describe correos en los que mandos de la Faffe habrían indicado a subordinados a quiénes colocar y con qué cargos estaban emparentados, además de ordenar la destrucción de mensajes después de leerlos. Esa descripción procede de la información de ABC sobre el atestado. Falta por conocer qué comunicaciones han sido validadas judicialmente, quién las envió o recibió y qué relación concreta tienen con cada uno de los diez expedientes analizados.
La Faffe fue posteriormente extinguida y absorbida por el Servicio Andaluz de Empleo. El informe sostiene que algunas contrataciones se produjeron cuando ya se conocía esa futura desaparición, un elemento que la investigación presenta como parte del contexto de las incorporaciones. La documentación disponible no permite determinar si ese conocimiento influyó en cada contrato ni qué efectos tuvo sobre la continuidad de los trabajadores.
La causa se suma a otros antecedentes judiciales relacionados con la gestión de la fundación. Fernando Villén, que la dirigió y había sido secretario de Empleo en la Ejecutiva del PSOE andaluz, fue condenado a seis años de prisión por gastar 32.556 euros de fondos públicos en prostíbulos mediante tarjetas oficiales. Ese antecedente no prueba por sí mismo las irregularidades de las contrataciones ahora examinadas.
Para quienes optaban a empleos en la Faffe, la diferencia relevante entre el procedimiento descrito por la UCO y una convocatoria abierta es que no habría existido una comparación documentada y objetiva de méritos. El posible perjuicio concreto para candidatos excluidos, sin embargo, todavía debe establecerse judicialmente: no se conoce cuántas personas concurrieron a cada puesto ni si alguna habría sido seleccionada con un procedimiento regular.
Para las arcas públicas, la investigación afecta a una entidad financiada con subvenciones autonómicas destinadas a cursos para desempleados. La evidencia permite conocer el volumen total de fondos recibido y la cifra salarial atribuida por ABC a ocho trabajadores, pero no calcular qué parte se destinó a las contrataciones investigadas ni qué perjuicio económico, si lo hubo, se derivó de ellas.
Para los actuales empleados públicos mencionados, la información disponible no establece que sus puestos vayan a anularse ni que deban devolver salarios. Cualquier consecuencia laboral, administrativa o penal dependerá de las decisiones del juzgado y de las resoluciones que puedan dictarse. La investigación tampoco permite extender automáticamente las conclusiones de diez expedientes al conjunto de 84 personas investigadas.
La normativa citada en el informe exigía publicidad de las vacantes y una valoración objetiva de los currículos antes de seleccionar personal. La UCO afirma que en los expedientes analizados no aparecen esos elementos o no se ajustan a la normativa vigente. También sostiene que faltan informes de órganos autonómicos y una autorización presupuestaria.
El procedimiento investiga a 84 empleados de la entidad, pero el análisis detallado de este nuevo informe se centra en diez expedientes. Por tanto, sus conclusiones documentadas no pueden extenderse automáticamente al conjunto de la plantilla ni permiten afirmar que todos los contratos siguieran exactamente el mismo patrón.
La existencia de parentesco con cargos políticos tampoco demuestra por sí sola una contratación ilegal. El punto que debe aclararse es si hubo selección predeterminada, incumplimiento normativo, perjuicio económico y responsabilidad individual en cada expediente.
Fuentes: ABCabc.eselespanol.com
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