Una testigo vinculada a un clan de Badajoz declara ante la Guardia Civil que un exjuez le transmitió que había que "eliminar" a la magistrada que investigó al hermano de Pedro Sánchez. La propia UCO acota el episodio a una única llamada telefónica.
Un nuevo informe de la UCO remitido al juez Santiago Pedraz recoge el testimonio de una testigo según la cual un exjuez vinculado a la trama que investiga a Leire Díez habló de "eliminar" a la magistrada Beatriz Biedma, instructora del caso que afecta a David Sánchez. La propia Guardia Civil circunscribe el episodio a una sola llamada, y queda sin confirmar si implicó un plan real de agresión física. Una testigo vinculada a un clan de Badajoz declara ante la Guardia Civil que un exjuez le transmitió que había que "eliminar" a la magistrada que investigó al hermano de Pedro Sánchez. La propia UCO acota el episodio a una única llamada telefónica. En la práctica: El episodio añade una dimensión de presunta intimidación a jueces a una instrucción que ya afecta al entorno del presidente del Gobierno.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, un nuevo informe dentro de la investigación conocida como "caso Leire Díez", centrada en una presunta red para obstaculizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno. El documento recoge el testimonio de hasta cuatro testigos sobre contactos y seguimientos relacionados con la causa que en Badajoz investiga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y añade una pieza más a una instrucción que desde hace meses explora hasta dónde llegó la presunta red de Díez para proteger al Ejecutivo de causas judiciales incómodas.
Según reconstruyen varios medios a partir del informe, la testigo Cintia Rocho, conocida como "la Celsa" y vinculada a un clan de Badajoz investigado previamente por la jueza Beatriz Biedma, declaró ante la UCO que el exjuez Luis Sáenz de Tejada —señalado como intermediario de la trama— la contactó a través del grupo de Facebook "Independencia Judicial Badajoz", en el que Rocho participaba por haber sido investigada en causas instruidas por la propia Biedma. En una conversación telefónica posterior, Sáenz de Tejada se habría referido a la magistrada como "un puto grano en el culo" y habría añadido que "había que eliminarla", remachando con la expresión "la mula aprende a palos".
La propia UCO, según la reconstrucción de El Diario a partir del informe, acota el episodio a esa única llamada entre Sáenz de Tejada y Rocho, y es la investigación policial —no las palabras literales de la testigo— la que interpreta esas expresiones como una posible alusión a causarle un daño físico a la magistrada. No queda establecido si Rocho llegó a aceptar algún encargo: varias crónicas señalan que inicialmente se mostró receptiva pero que finalmente no participó en ninguna acción contra la jueza. Esta distinción entre lo que la testigo relató textualmente y la lectura policial de esas palabras es central para entender el alcance real de la pieza, y explica por qué distintos medios han titulado el episodio con matices diferentes, desde "amenazas" hasta un "supuesto plan" todavía por confirmar.
Los investigadores vinculan este contacto con una anotación hallada en la agenda de Leire Díez, exmilitante socialista y principal investigada en la causa, que mencionaba a una "jueza en Badajoz" junto a referencias a "la Celsa" y al clan. Esa coincidencia entre la nota de Díez y el testimonio de Rocho es, según la reconstrucción periodística disponible, uno de los elementos que ha llevado a la UCO a remitir este episodio de forma singularizada al juez instructor, en lugar de incluirlo como una anotación más entre las decenas que contiene la agenda.
Biedma, que instruyó la causa sobre presunto tráfico de influencias de David Sánchez en Badajoz, ejerce ahora la acusación particular en el caso Leire Díez tras denunciar que fue objeto de una presunta campaña para "desacreditarla pública y profesionalmente". Su doble papel —primero como instructora de una causa sensible para el Gobierno y después como denunciante y parte acusadora en la pieza que investiga cómo se intentó neutralizar esa misma causa— es uno de los elementos que ha dado mayor repercusión mediática al episodio.
El juez que lleva la pieza principal del caso ha declinado investigar una por una todas las anotaciones de la agenda de Díez, al considerar "imposible" rastrear cada nota, lo que deja sin resolver judicialmente el alcance real de otras menciones similares y limita, de momento, la instrucción a los episodios que cuentan con corroboración testifical directa, como el que ahora aporta la UCO sobre la llamada a Rocho.
La noticia, publicada el 7 de octubre de 2026 y recogida por El País, Telecinco, El Mundo, RTVE, Diario Sur, Hoy, Público, Infobae, Vozpópuli y Telemadrid entre otros, se produce en paralelo a la instrucción más amplia que vincula a Díez con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, investigado por su posible papel en la misma red de presuntas gestiones irregulares. El Partido Popular ha calificado lo sucedido como "delincuencia de Estado" por lo que considera un intento de atentar contra una magistrada en ejercicio de sus funciones, una valoración política que debe distinguirse de lo que efectivamente acredita, hasta ahora, el informe de la UCO.
La UCO ha incorporado también al informe testimonios sobre presuntos seguimientos a Biedma, un elemento que amplía el foco más allá de la llamada telefónica puntual y que, según la cobertura disponible, sitúa a la magistrada como objeto de un seguimiento sostenido en el tiempo y no solo de un comentario aislado, aunque tampoco este extremo cuenta todavía con una acreditación judicial definitiva.
Hasta la publicación de esta información no consta una respuesta pública de la defensa de Leire Díez, de Luis Sáenz de Tejada ni del PSOE sobre este episodio concreto. El caso sigue bajo secreto parcial de instrucción en varios de sus extremos, por lo que el alcance exacto de lo que la UCO puede o no acreditar como plan de agresión —frente a una conversación aislada y sin continuidad— seguirá determinándose a medida que avance la causa ante la Audiencia Nacional, en un contexto político marcado por la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.
Biedma instruyó previamente la causa sobre David Sánchez en Badajoz y ahora ejerce como acusación particular en el caso Leire Díez tras denunciar una presunta campaña de desprestigio en su contra.
El episodio añade una dimensión de presunta intimidación a jueces a una instrucción que ya afecta al entorno del presidente del Gobierno.
Sitúa a una magistrada en ejercicio, Beatriz Biedma, como denunciante y acusación particular en una causa que investiga a figuras próximas a su propio partido en el poder.
Refuerza la presión política sobre el caso Leire Díez en plena campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El caso Leire Díez se enmarca en la investigación más amplia sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y presuntas maniobras para neutralizar causas judiciales incómodas para el partido.
Una de esas causas es la que instruyó en Badajoz la jueza Beatriz Biedma sobre presunto tráfico de influencias de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Biedma denunció con anterioridad una presunta campaña para desacreditarla pública y profesionalmente, y ahora ejerce como acusación particular en el caso Leire Díez.
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