Por qué Ayuso pide no votar por correo: qué riesgo evita ir a la urna y qué no resuelve

La pregunta central es muy concreta: ¿por qué Isabel Díaz Ayuso pide que nadie vote por correo y qué problema cree que resuelve acudir personalmente a la urna? La respuesta completa no aparece en una sola frase de la presidenta madrileña. Su discurso une tres asuntos que operan en momentos distintos del proceso electoral: una desconfianza política general hacia Pedro Sánchez, sospechas sobre la dirección de Correos y una controversia jurídica sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Separarlos permite comprobar qué parte de la advertencia tiene una base documentada y cuál no encaja con la solución que propone.

En su intervención del 5 de octubre, Ayuso pidió que a los electores “ni se les ocurra votar por correo” y habló de una campaña que podía incluir “trampas” o “adulteraciones”. El argumento que desarrolló con mayor detalle no se refería, sin embargo, a una saca postal, a una oficina concreta ni a una ruptura de la cadena de custodia. Puso el foco en el crecimiento del CERA tras las nacionalizaciones amparadas por la llamada ley de nietos y en la provincia a la que se adscriben los nuevos electores. Según su tesis, una asignación territorial discrecional podría alterar el reparto de escaños y beneficiar al Gobierno.

Votar presencialmente no corrige ese riesgo. El censo decide antes de la jornada electoral quién puede votar y en qué circunscripción se computa su sufragio. Si una persona estuviera inscrita indebidamente o en una provincia incorrecta, el problema sería idéntico tanto si deposita la papeleta en una mesa como si la remite por correo. Esta es la principal incoherencia técnica de la recomendación inicial: Ayuso explicó sobre todo un problema censal, pero propuso como remedio cambiar el canal de emisión del voto.

La recomendación sí adquiere una lógica operativa limitada si se añade la segunda sospecha expresada después por dirigentes del PP. El 6 de octubre, la portavoz parlamentaria Ester Muñoz dijo que su partido no desconfiaba de los trabajadores de Correos, sino de sus directivos y de nombramientos vinculados al Gobierno de Sánchez. También aludió a investigaciones judiciales. Para un elector que comparta esa desconfianza, acudir a la urna evita que su papeleta tenga que ser solicitada, transportada y entregada a la mesa a través de Correos. Eso explica por qué alguien podría preferir el voto presencial, aunque no demuestra que la cadena postal haya sido manipulada.

¿En qué se basa esa sospecha sobre los directivos? El referente más concreto es el llamado caso Leire. Informes de la UCO incorporados a la investigación de la Audiencia Nacional han examinado la contratación de Leire Díez en Correos y la posible intervención de Juan Manuel Serrano, expresidente de la empresa pública y antiguo jefe de gabinete de Sánchez. También se investigan contratos y presuntas influencias de aquella etapa. Es una base factual para escrutar nombramientos y contrataciones, pero el objeto conocido de la causa no es el recuento electoral ni la custodia de papeletas. Trasladar automáticamente una investigación sobre contratación pública a la conclusión de que puede alterarse el voto exige una inferencia que las diligencias publicadas no acreditan.

El voto postal ordinario tampoco depende de una sola decisión directiva. El elector solicita el certificado censal y queda anotado para impedir un segundo voto presencial; recibe la documentación identificándose; introduce personalmente su papeleta en el sobre; y, desde la Instrucción 5/2023 de la Junta Electoral Central, debe entregar personalmente el envío en Correos mostrando un documento de identidad, salvo representación autorizada. El sobre circula como correo certificado y se entrega a la mesa electoral, cuyos integrantes —ciudadanos designados por sorteo— incorporan los votos postales válidos antes del cierre. La dirección empresarial organiza recursos, pero no abre ni cuenta las papeletas.

Correos ha respondido que en el operativo intervienen alrededor de 50.000 empleados y que unas 40.000 personas participan directamente en las fases electorales. Su directora de Operaciones, Olga García, separó las decisiones corporativas de los procedimientos técnicos: solicitud, entrega identificada y trazable de documentación, admisión certificada del voto y traslado a los colegios. Esta explicación procede de la propia empresa y, por tanto, no sustituye una auditoría independiente; sí describe controles verificables en la LOREG y en las instrucciones de la JEC. Hasta ahora no se ha comunicado una incidencia concreta del 29-N que muestre que alguno de esos controles haya fallado.

El tercer asunto, el CERA, sí presenta una controversia jurídica acreditada. El Acuerdo 204/2026 de la JEC señaló que el informe de la Oficina del Censo Electoral acreditaba mecanismos de actualización, control y trazabilidad, pero no permitía a la mayoría de la Junta concluir de forma clara cómo se examinaban todas las declaraciones de arraigo ni cómo quedaban documentados determinados criterios de asignación municipal. La JEC encargó una instrucción más precisa para las oficinas consulares y exigió motivación cuando el municipio de inscripción no derivara directamente de la última residencia en España. Además, el acuerdo tuvo un voto particular más crítico, que no debe confundirse con la posición mayoritaria.

El Tribunal Supremo añadió en septiembre medidas cautelares sobre parte del universo de altas ligado a la ley de memoria democrática. Las resoluciones obligaron a revisar la acreditación de determinados supuestos antes de reconocer efectos electorales. Esa intervención demuestra que el debate censal no es una invención sin expediente: hay dudas jurídicas reales sobre criterios, documentación y trazabilidad. Pero tampoco equivale a probar que el Gobierno haya asignado electores “a mano” para obtener escaños ni que Correos pueda alterar el voto emitido.

También es necesario distinguir el voto postal desde España del voto CERA desde el extranjero. En el exterior intervienen consulados y operadores postales de otros países, y la identificación no reproduce exactamente la entrega presencial en una oficina española. Vox ha utilizado esa diferencia para pedir controles distintos o el depósito en consulados. Es un debate específico sobre el voto exterior. Ayuso, en cambio, formuló una recomendación general para que nadie vote por correo y no explicó qué vulnerabilidad concreta veía en cada uno de los dos procedimientos.

La división interna del PP confirma que no existe un diagnóstico técnico único. Borja Sémper calificó el sistema de “garantista” y pidió votar “por tierra, mar y aire”; Ester Muñoz sostuvo que comprende las dudas hacia la dirección de Correos y aconsejó acudir a la urna a quien las tenga; Ayuso negó después haber acusado directamente al Gobierno de manipular el voto, pero mantuvo su llamada a no confiarse. Son tres grados distintos de sospecha dentro del mismo partido, no tres pruebas independientes de una irregularidad.

La respuesta final, por tanto, es precisa. Ayuso pide evitar el correo porque desconfía políticamente del Gobierno y vincula esa desconfianza con el crecimiento y la adscripción territorial del CERA; otros dirigentes del PP han añadido las investigaciones sobre antiguas contrataciones y la dirección de Correos. Votar presencialmente solo elimina de la ecuación la logística postal de esa papeleta. No modifica el censo, no cambia la provincia asignada al elector y no resuelve la controversia de la ley de nietos. Para sostener que el voto postal es inseguro haría falta identificar una brecha concreta en sus controles y aportar evidencia de que ha sido explotada; esa evidencia no figura en las declaraciones revisadas.