Qué leyes decaen con las elecciones del 29-N y qué puede seguir aprobando la Diputación Permanente

La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre tiene un efecto inmediato más allá de la campaña: al disolverse las Cortes, la mayoría de iniciativas legislativas que no hayan terminado su tramitación dejan de seguir avanzando en esta legislatura y tendrían que volver a iniciarse después de que se constituyan las nuevas Cámaras.

Entre las normas afectadas figuran proyectos y proposiciones de carácter social que seguían pendientes. Europa Press identifica, entre otros, la ley de violencia vicaria, la Ley de Familias, la reforma de la ley de asilo, la regulación de menores en entornos digitales y la propuesta de reforma constitucional para blindar el aborto. Su situación concreta era distinta, pero comparten un punto: no habían completado el procedimiento parlamentario antes de la disolución.

La disolución, sin embargo, no deja al Parlamento completamente inactivo. El artículo 78 de la Constitución establece que cada Cámara mantiene una Diputación Permanente y que, cuando las Cortes han sido disueltas o ha expirado su mandato, esas diputaciones siguen ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cámaras.

La clave está en qué funciones conservan. La Constitución señala expresamente las facultades vinculadas a los artículos 86 y 116. El artículo 86 regula los decretos-leyes: las disposiciones urgentes que aprueba el Gobierno deben someterse a convalidación o derogación parlamentaria en el plazo de treinta días.

Eso explica por qué la Diputación Permanente se ha convertido en una pieza central del debate sobre vivienda. Si el Gobierno aprueba nuevos decretos-leyes con medidas similares a las que el Congreso rechazó el 2 de octubre, la disolución no elimina automáticamente la obligación de someterlos a control parlamentario. La Diputación Permanente puede asumir esa función mientras no exista un nuevo Congreso.

RTVE calcula que la Diputación Permanente del Congreso está formada actualmente por 68 diputados más su presidenta. Su aritmética no reproduce exactamente el Pleno de 350 escaños, por lo que cualquier nueva medida tendría que analizarse con esa composición concreta y con los apoyos efectivos que reúna en el momento de la votación.

No significa que la Diputación Permanente pueda sustituir al Congreso para aprobar cualquier ley pendiente. Su función durante la disolución está constitucionalmente acotada: mantiene los poderes de la Cámara y asume las competencias previstas para situaciones específicas, entre ellas el control de los decretos-leyes. Las leyes ordinarias u orgánicas cuya tramitación queda interrumpida no continúan simplemente desde el punto donde estaban.

Existe además un precedente claro sobre qué ocurre con los asuntos pendientes. Tras la disolución de 2019, las Cortes dieron por caducados los asuntos pendientes de examen y resolución, salvo aquellos de los que constitucionalmente debía conocer la Diputación Permanente y determinados asuntos que correspondía trasladar a la legislatura siguiente.

Por eso el efecto del 29-N debe leerse en dos planos. Uno electoral: comienza un calendario acelerado para candidaturas y campaña. Y otro legislativo: parte de la agenda del Gobierno queda detenida, mientras la vía de los decretos-leyes sigue abierta bajo condiciones constitucionales y con control de la Diputación Permanente.

El siguiente punto a vigilar es el Consejo de Ministros y, en particular, si el Ejecutivo decide recuperar medidas de vivienda mediante uno o varios decretos-leyes. Hasta que ese texto exista, la posibilidad es jurídicamente viable pero no debe presentarse como una aprobación ya realizada.