El RDL 29/2026 entra en vigor el 8 de octubre con prórrogas extraordinarias, límites de renta y reglas para alquiler temporal; el RDL 28/2026 cambia desde el 15 de noviembre la renovación ordinaria y la indemnización por no prorrogar.
Los decretos de vivienda ya no son solo anuncios del Gobierno: el BOE ha publicado los textos completos. El paquete amplio entra en vigor el 8 de octubre; la reforma de la renovación de alquileres lo hará el 15 de noviembre. Ambos siguen sujetos a convalidación por la Diputación Permanente, donde el apoyo confirmado del PNV cubre el decreto amplio pero no despeja todas las dudas sobre el segundo. El RDL 29/2026 entra en vigor el 8 de octubre con prórrogas extraordinarias, límites de renta y reglas para alquiler temporal; el RDL 28/2026 cambia desde el 15 de noviembre la renovación ordinaria y la indemnización por no prorrogar. En la práctica: El decreto antidesahucios y el de prórroga de alquileres, rechazados por el Congreso el 2 de octubre, vuelven a tramitarse por la vía de urgencia ante la Diputación Permanente.

Imagen de archivo del hemiciclo del Congreso de los Diputados, fotografiado en 2014. No corresponde a la sesión del 6 de octubre de 2026.
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El Pleno del Congreso rechazó el pasado 2 de octubre los dos decretos-leyes de vivienda del Gobierno. El primero, centrado en la protección frente a desahucios, cayó por 172 votos a favor y 178 en contra; el segundo, sobre prórroga y control de alquileres, por 166 a favor y 184 en contra.
El desglose de la votación muestra una mayoría de izquierdas amplia pero insuficiente: en el primer decreto votaron a favor el PSOE (121), Sumar (26), ERC (7), EH Bildu (6), el PNV (5), Podemos (4), Compromís (1) y el BNG (1). En contra se alinearon el PP (137), Vox (32), Junts (7), UPN (1) y el diputado tránsfuga de Vox (1). En el segundo decreto, el resultado fue muy similar salvo por un dato relevante: el PNV no figuró entre los votos a favor, lo que explica por qué ese texto cayó por un margen mayor (166-184) que el primero.
Junts había anunciado su rechazo la noche previa a la votación. Su portavoz, Míriam Nogueras, expresó que el grupo independentista catalán estaba "decepcionado y preocupado" por las propuestas del Gobierno, en lo que supuso el golpe decisivo a la negociación previa entre el Ejecutivo y la formación catalana.
Ese rechazo, sin embargo, no ha cerrado la vía. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 6 de octubre de nuevo los dos decretos, con retoques técnicos y correcciones de articulado, aunque sin tocar la arquitectura central de las normas, según ha confirmado el Gobierno. El objetivo es sometarlos a convalidación en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que asume esa función mientras las Cortes permanecen disueltas tras el adelanto electoral al 29 de noviembre.
La aritmética de ese órgano reducido cambia de forma sustancial respecto al Pleno de 350 diputados. Según los cálculos difundidos por los propios grupos y recogidos por varios medios, el bloque formado por PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, el PNV y Podemos alcanzaría 35 de los integrantes de la Diputación Permanente, frente a los 34 que suman PP, Vox y Junts. Esa diferencia de un solo voto sería suficiente para convalidar, al menos, el decreto de protección frente a desahucios, y convierte a Junts en un actor prácticamente irrelevante en esta votación, al disponer allí de un solo representante frente a los siete que tenía en el Pleno.
El decreto sobre prórroga y control de alquileres tiene, en cambio, un recorrido más incierto: como ya ocurrió el 2 de octubre, el PNV no respalda ese texto en su versión actual, lo que podría dejar al bloque de apoyo por debajo de la mayoría necesaria en la Diputación Permanente si no se modifica su posición o el contenido del decreto.
Entre las medidas que incluyen los decretos figuran la prohibición de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030, la prórroga automática de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 —con una compensación equivalente a una anualidad de renta si el propietario incumple esa prórroga—, la congelación de las subidas de renta por encima del índice de referencia y un límite del 2% para las subidas ordinarias, la prohibición de que los llamados fondos buitre compren vivienda a precios por debajo de mercado hasta 2028, nuevas condiciones para los alquileres de temporada y por habitaciones, préstamos al 0% de interés para la entrada de la primera vivienda —hasta 50.000 euros o el 20% del precio— y deducciones fiscales para inquilinos con rentas inferiores a 33.000 euros anuales. El Gobierno calcula que estas medidas afectan en conjunto a unos cinco millones de inquilinos.
Al paquete reaprobado el 6 de octubre, el Gobierno ha sumado el respaldo financiero concreto de ese préstamo público: una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 10.000 millones de euros para avalar los préstamos al 0% de entrada en la primera vivienda, según ha confirmado el Ejecutivo y recogen France24, Euronews, Cronista y El Español (Invertia). A esa cifra se añaden 680 millones de euros en garantías públicas, repartidos entre el impulso a la construcción industrializada de vivienda —para acortar los plazos de obra— y un fondo de impacto social dirigido a promotores de vivienda asequible, cifras que no figuraban en el anuncio inicial del 5 de octubre y que ahora acompañan el texto remitido a la Diputación Permanente.
La incertidumbre sobre la aritmética, hasta ahora basada en estimaciones de los propios grupos, se ha despejado parcialmente: la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha confirmado que su partido votará a favor del decreto antidesahucios en la Diputación Permanente, calificando las medidas de "un parche" ante la gravedad de la crisis de vivienda pero respaldando igualmente la prórroga de protecciones hasta 2030 y la línea de 10.000 millones del mecanismo 'Tu Casa'. Vaquero mantuvo, en cambio, el rechazo del PNV al decreto de prórroga y control de alquileres, en la misma línea que en la votación del 2 de octubre.
El Gobierno defiende que la vía de la Diputación Permanente es constitucionalmente válida porque el artículo 86 de la Constitución obliga a sometar cualquier decreto-ley a convalidación o derogación parlamentaria en un plazo de 30 días, y ese control corresponde a dicho órgano mientras no se constituyan las nuevas Cámaras tras el 29-N. La oposición, que ya rechazó los textos en el Pleno hace apenas cuatro días, cuestiona que el Ejecutivo reutilice un mecanismo pensado para garantizar la continuidad institucional con el fin de esquivar una mayoría que no logró en condiciones normales de tramitación parlamentaria.
El precedente más cercano es el de la disolución de 2019, cuando las Cortes dieron por caducados los asuntos pendientes de tramitación ordinaria, salvo aquellos de los que la Diputación Permanente debía conocer por mandato constitucional. Ese antecedente respalda la tesis del Gobierno de que el órgano puede ejercer esta función de control sobre decretos-leyes durante la disolución, aunque no existe un precedente directo de una reaprobación de normas ya rechazadas en el Pleno para intentar su convalidación por esta vía poco después de una campaña electoral convocada.
Con el apoyo del PNV confirmado para el decreto antidesahucios, el resultado de esa votación concreta se da por encaminado salvo una ausencia imprevista, aunque el decreto de prórroga y control de alquileres sigue sin mayoría asegurada: un cambio de posición del PNV u otro grupo bisagra sería necesario para evitar que vuelva a la misma situación de bloqueo que llevó a su rechazo el 2 de octubre. Hasta el momento de esta actualización, la Diputación Permanente no ha fijado ni celebrado la votación de convalidación de ninguno de los dos decretos.
La publicación en el BOE permite separar lo que era anuncio político de lo que figura realmente en la norma. El Real Decreto-ley 29/2026, de 99 páginas, entra en vigor el 8 de octubre. Incluye la protección frente a determinados desahucios hasta 2030, la prórroga extraordinaria de contratos, el límite temporal de actualización de rentas, las reglas para alquileres de temporada y habitaciones, medidas fiscales y mecanismos de financiación de vivienda asequible.
Para los contratos vigentes cuyo periodo obligatorio, prórroga tácita o tácita reconducción termine antes del 31 de diciembre de 2028, el inquilino al corriente de pago durante los ocho meses anteriores podrá pedir prórrogas anuales de hasta dos años. El arrendador debe aceptarlas salvo acuerdo distinto, nuevo contrato o necesidad real y acreditada de ocupar la vivienda. Si la anualidad de renta se actualiza antes del final de 2027, no podrá subir cuando ya supere el índice estatal; en los demás casos regirá el pacto y, si no lo hay, un máximo del 2%.
El Real Decreto-ley 28/2026, que entra en vigor el 15 de noviembre, modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Si al vencer el contrato ninguna parte comunica su voluntad de terminarlo con el preaviso exigido, la prórroga será de cinco años o de siete cuando el arrendador sea persona jurídica. Si el propietario decide no continuar sin una de las causas excluyentes, deberá indemnizar con el mayor importe entre doce mensualidades calculadas con el valor superior del índice estatal o una mensualidad por cada año de residencia. La norma prevé excepciones y un régimen transitorio, por lo que no toda finalización genera automáticamente compensación.
La entrada en vigor tampoco cierra el trámite político. El artículo 86 de la Constitución obliga a convalidar o derogar los decretos en 30 días. Con las Cortes disueltas, esa decisión corresponde a la Diputación Permanente. El PNV ha confirmado su apoyo al paquete amplio, pero mantiene el rechazo al decreto específico de renovación e indemnización. Por tanto, desde mañana habrá efectos jurídicos del RDL 29 y desde el 15 de noviembre del RDL 28, pero ambos pueden perder vigencia si no obtienen la mayoría correspondiente.
El 2 de octubre, el Pleno del Congreso ya había rechazado ambos decretos con los votos en contra de PP, Vox y Junts, tras que la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, anunciara la noche previa que su grupo votaría en contra.
El precedente de la disolución de 2019 muestra que la Diputación Permanente puede ejercer esta función de control sobre decretos-leyes mientras las Cortes están disueltas, aunque sin un caso directamente comparable de reaprobación de normas ya tumbadas en el Pleno.
El decreto antidesahucios y el de prórroga de alquileres, rechazados por el Congreso el 2 de octubre, vuelven a tramitarse por la vía de urgencia ante la Diputación Permanente.
La disolución de las Cortes cambia la aritmética: Junts pasa de tener 7 votos decisivos en el Pleno a un solo representante en la Diputación Permanente, mientras que el bloque de izquierdas más el PNV suma 35 frente a los 34 de PP, Vox y Junts.
Las medidas concretas —prohibición de desahucios hasta 2030, prórroga de alquileres hasta 2028, límites a las subidas de renta y restricciones a fondos de inversión— afectarían, según el Gobierno, a unos 5 millones de inquilinos si se convalidan.
El Gobierno ha añadido al paquete reaprobado el 6 de octubre una línea de financiación del ICO de 10.000 millones de euros para el préstamo público al 0% de entrada en la primera vivienda, y 680 millones de euros en garantías repartidos entre el impulso a la construcción industrializada y un fondo de impacto social para promotores de vivienda asequible.
El PNV ha confirmado, por boca de su portavoz Maribel Vaquero, que votará a favor del decreto antidesahucios en la Diputación Permanente, lo que asegura los 35 votos necesarios para su convalidación salvo incidencias de última hora.
El RDL 29/2026 entra en vigor el 8 de octubre y el RDL 28/2026 el 15 de noviembre.
El RDL 28 establece prórrogas tácitas sucesivas de cinco años —siete si el arrendador es persona jurídica— y una indemnización mínima de doce mensualidades cuando el propietario no renueva sin causa excluyente.
El RDL 29 permite hasta dos años de prórroga extraordinaria para contratos que venzan antes de finales de 2028 y limita al 2% la actualización sin pacto hasta el 31 de diciembre de 2027.
El artículo 86 de la Constitución obliga a sometar los decretos-leyes a convalidación o derogación parlamentaria en un plazo de 30 días desde su aprobación.
La Diputación Permanente del Congreso mantiene funciones constitucionales durante la disolución de las Cortes, conforme al artículo 78.
El adelanto electoral al 29 de noviembre disolvió las Cortes antes de que el Congreso pudiera reabrir el debate sobre vivienda en el Pleno ordinario.
El PNV respaldó el decreto antidesahucios en la votación del 2 de octubre pero no el de prórroga y control de alquileres; esa misma división se mantiene ahora en su posición confirmada de cara a la Diputación Permanente.
El RDL 29 sustituye al RDL 26/2026 rechazado el 2 de octubre; el RDL 28 sustituye al RDL 27/2026.
El propio BOE cita precedentes de decretos no convalidados que fueron reemplazados por nuevas normas con ajustes.
El paquete amplio obliga a justificar la causa temporal, limita la suma de rentas por habitaciones y congela actualizaciones cuando la renta ya supera el índice aplicable.
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