El INE revela que el 34,8% de las madres encuestadas tuvo menos hijos de los deseados. Vivienda, empleo, conciliación y decisiones personales no deben confundirse: analizamos el coste completo y qué políticas merecen evaluación.
Muchos hogares desean más hijos de los que finalmente tienen. La dificultad no es solo el gasto directo: importan la vivienda, las horas de cuidados y la estabilidad laboral. Los datos distinguen barreras materiales, decisiones personales y políticas de eficacia todavía discutida. El INE revela que el 34,8% de las madres encuestadas tuvo menos hijos de los deseados. Vivienda, empleo, conciliación y decisiones personales no deben confundirse: analizamos el coste completo y qué políticas merecen evaluación. En la práctica: Un retraso de emancipación puede posponer el primer nacimiento y reducir los años disponibles para ampliar la familia.

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¿Por qué una pareja con empleo puede tener dificultades para afrontar su primer hijo y otra, con ingresos parecidos, no llega al segundo? La respuesta no está en una sola cesta de la compra ni en el precio de los pañales. Un hijo cambia el tamaño de vivienda que necesita el hogar, las horas disponibles para trabajar, la exposición a gastos imprevistos y el tiempo que la familia tendrá que dedicar a cuidados. Si llegar a una casa independiente ya obliga a posponer la emancipación, el primer embarazo puede desplazarse varios años. El fenómeno debe medirse, no deducirse de una comparación nostálgica entre sueldos de distintas generaciones.
La Encuesta de Fecundidad de 2025, cuyos datos provisionales publicó el INE el 29 de septiembre de 2026, revela una brecha entre aspiraciones y realidad. Casi siete de cada diez mujeres expresaban el deseo de tener al menos dos hijos; entre las que ya eran madres y tenían entre 18 y 55 años, el 34,8% declaraba haber tenido menos de los que quería. El mismo estudio halló que el 15,5% de las mujeres no deseaba tener ninguno, frente al 12,3% en 2018. Son grupos y denominadores distintos: el aumento de quienes optan por no ser madres es real en la encuesta, pero no cancela el problema de quienes querrían formar una familia mayor y no lo consiguen.
El INE permite afinar las causas por edad. Entre mujeres menores de 35 años que habían tenido menos hijos de los deseados, una razón muy frecuente era que todavía pensaban tener más en el futuro; en quienes superaban esa edad, los motivos laborales, de conciliación y económicos ganaban importancia. La falta de pareja adecuada o los problemas de salud también figuran entre las respuestas. Por tanto, la expresión «no pueden permitirse un hijo» no sirve para resumir todos los casos. Hay decisiones de no tener hijos, aplazamientos voluntarios, limitaciones materiales y circunstancias reproductivas que requieren respuestas diferentes.
El primer gran obstáculo material es dónde vivir. El Consejo de la Juventud de España informó para el primer semestre de 2024 de una tasa de emancipación del 14,8% entre jóvenes, la más baja de su serie desde 2006, y señaló que alquilar una vivienda en solitario exigiría más del sueldo neto de una persona joven media. No debe extrapolarse ese cálculo a cualquier pareja, municipio o nivel de renta. Sí ilustra la presión en una fase decisiva: independizarse, consolidar una convivencia y disponer de espacio antes de decidir si empezar a criar. El alquiler compartido puede resolver la necesidad inmediata de techo sin garantizar estabilidad para ampliar una familia.
La escasez de oferta explica por qué el problema no puede reducirse a falta de esfuerzo personal. En sus proyecciones económicas del tercer trimestre de 2026, el Banco de España destaca la distancia acumulada desde 2021 entre la producción de nuevas viviendas y la creación neta de hogares. Señala que los precios reales aumentan mientras la construcción residencial reacciona más lentamente de lo esperado, afectada por dificultades urbanísticas, falta de suelo finalista, insuficiencia de mano de obra y costes de construcción. Son obstáculos de oferta que conviven con una demanda creciente, entre otros factores por nuevos hogares de población nacida dentro y fuera de España.
Para investigar el vínculo con la natalidad hay que establecer una cadena y ponerla a prueba: vivienda cara o inestable, emancipación más tardía, convivencia de pareja pospuesta, nacimiento del primer hijo a edades mayores, menos años disponibles para un segundo o tercer nacimiento. Es una hipótesis causal plausible y consistente con la literatura internacional que recoge la OCDE, pero no se debe transformar automáticamente en una cifra de nacimientos «perdidos por culpa del alquiler». La misma persona puede retrasar hijos por motivos económicos, por preferencias cambiantes o por ambos. Se necesitarían datos longitudinales y diferencias territoriales para separar esos efectos.
Un segundo obstáculo es el coste del tiempo. Dos sueldos suelen aportar mayor renta monetaria que uno, pero también pueden obligar a contratar o coordinar cuidados para el horario laboral, las enfermedades, las vacaciones escolares y los momentos en que ningún adulto puede dejar de trabajar. El precio de una guardería y el de una vivienda mayor son visibles; el salario al que se renuncia por reducir jornada, rechazar una promoción o pasar a empleo parcial es menos obvio. Esa pérdida puede recaer de forma desigual sobre madres y padres, con consecuencias para pensiones futuras y autonomía económica. Comparar familias de 1965 y 2026 exige incorporar este coste de oportunidad.
La OCDE, en su estudio comparado de 2024 sobre fecundidad, observa asociaciones entre mayor coste de la vivienda y tasas de fecundidad más reducidas; también halla relaciones positivas con empleo, permisos parentales y educación y cuidado infantil asequibles. La literatura no ofrece una fórmula universal. Un subsidio al nacimiento puede ayudar a pagar el primer año, pero no resuelve necesariamente dieciocho años de gastos ni la falta de vivienda con otra habitación. Un servicio de cuidados puede reducir la pérdida de ingresos sin abaratar el alquiler. Son instrumentos distintos, que pueden complementarse, y cuyos resultados deberían medirse por número final de hijos deseados y nacidos, no solo por solicitudes de ayudas.
España ha probado medidas de diferente diseño. La Ley 35/2007 creó una prestación única de 2.500 euros por nacimiento o adopción, derogada con efectos de enero de 2011. El Real Decreto-ley 9/2025 amplió a diecinueve semanas los permisos de nacimiento y cuidado para cada progenitor, con particularidades para familias monoparentales. Ninguno de estos hitos prueba por sí solo cuánto aumentó o podría aumentar el número final de hijos por mujer: harían falta comparaciones con grupos semejantes, controlando crisis económicas, calendario de maternidad y composición de la población. La intención política no sustituye a una evaluación causal.
El diseño de las políticas de vivienda también importa. Entregar más capacidad de compra a una pareja sin añadir casas suficientes puede trasladar parte de la ayuda a precios de venta o rentas más altas en mercados tensionados. Por eso habría que comparar municipios que construyen vivienda asequible o agilizan desarrollos con otros de demanda similar que no lo hacen. Y dentro de cada municipio distinguir alquiler, compra, alquiler social, hogares que reciben ayuda, hogares excluidos de requisitos y familias que ya tienen una vivienda heredada. La brecha patrimonial entre generaciones puede alterar profundamente la capacidad de criar aunque el salario mensual sea idéntico.
Hay una variable fundamental en la comparación territorial: las medidas familiares se reparten entre varios niveles de gobierno. El Estado define permisos y parte de la fiscalidad; las comunidades autónomas gestionan políticas educativas, plazas de infantil y determinadas ayudas; los ayuntamientos inciden en urbanismo, suelo y servicios de proximidad. Por ello, un titular de «España no apoya a las familias» o «España ya tiene suficientes ayudas» es demasiado amplio si no identifica qué prestación, a quién llega y en qué momento. Una pareja con dos empleos, vivienda heredada y abuelos disponibles no afronta los mismos costes que una familia monoparental que paga alquiler y carece de red de cuidados.
El objetivo medible no debería ser forzar que todo el mundo tenga dos o tres hijos, sino reducir la distancia entre preferencias y resultados sin penalizar a quienes no desean ser padres. Eso exige mirar de forma simultánea acceso a la vivienda, calidad del empleo, servicios infantiles, horarios, cuidados compartidos y salud reproductiva. También exige reconocer que una fecundidad baja puede persistir incluso en países con políticas familiares más amplias, porque las preferencias, las expectativas y la formación de parejas cambian. La pregunta práctica es qué impide a quienes sí desean un hijo, o uno más, hacer realidad esa decisión en su lugar de residencia.
2007: España introduce una prestación única de 2.500 euros por nacimiento o adopción.
2011: desaparece esa prestación, según el calendario legal de derogación del BOE.
2024: el CJE documenta un 14,8% de emancipación juvenil en el primer semestre.
2025: se amplía por ley a 19 semanas el permiso individual de nacimiento y cuidado.
Septiembre de 2026: el INE publica el avance de la Encuesta de Fecundidad de 2025.
Octubre de 2026: el Banco de España mantiene el diagnóstico de oferta residencial rígida frente al aumento de hogares.
Un retraso de emancipación puede posponer el primer nacimiento y reducir los años disponibles para ampliar la familia.
Los costes de cuidados y el riesgo profesional se distribuyen de forma desigual entre progenitores, afectando renta, carrera y pensiones.
Más ayudas a la demanda sin nueva oferta residencial pueden elevar precios en zonas tensionadas.
El reparto competencial entre Estado, comunidades y ayuntamientos exige guías de ayudas por lugar y situación familiar, no titulares generales.
El 34,8% corresponde a mujeres de 18-55 años que ya habían tenido hijos; no debe expresarse como proporción de toda la población.
La maternidad se retrasa: España registra una de las edades medias más elevadas de la UE en el primer nacimiento, 31,5 años en 2024.
El informe OCDE de 2024 no atribuye toda la variación internacional a ayudas, vivienda o empleo; considera asimismo normas, inseguridad subjetiva y preferencias.
La imagen de viviendas de Madrid es ilustrativa, no corresponde a ninguno de los hogares encuestados.
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