Cuando España tenía cinco hijos: qué provocó el baby boom, por qué terminó y qué hemos perdido

En una fotografía tomada por Harry Pot en España el 5 de octubre de 1960 aparece una familia humilde con varios hijos. La imagen condensa una pregunta que sigue atravesando los hogares: ¿por qué una pareja con un único sueldo podía criar cuatro o cinco niños y hoy cuesta dar el paso de tener uno? La comparación es poderosa, pero contiene una trampa: poder tener cinco hijos no significa criarlos sin sacrificios. Hay que volver a los datos, reconstruir cómo vivían aquellas familias y examinar qué gastos recaían sobre el presupuesto y cuáles sobre horas de trabajo, renuncias y oportunidades perdidas.

El baby boom español fue posterior al de Estados Unidos y buena parte de Europa occidental. No existe una fecha de inicio y final idéntica en todas las publicaciones, pero suele situarse grosso modo entre finales de los cincuenta y la segunda mitad de los setenta. El Anuario Estadístico del INE registra 677.456 nacidos vivos en 1976 y 571.018 en 1980. Son valores de nacimientos absolutos, no de hijos por mujer. La Estimación Mensual de Nacimientos del INE calcula para 2025 unos 321.164 nacimientos, todavía provisionales: algo menos de la mitad de los nacidos vivos registrados en 1976, sin que esa comparación por sí sola explique causas ni correcciones por tamaño de la población.

El auge no nació de una única decisión política. La España de los sesenta combinó cohortes numerosas en edad reproductiva, matrimonios más tempranos, peso social de la familia extensa, expansión económica desigual, mejoras sanitarias y una mortalidad infantil menor que décadas atrás. La emigración del campo a las ciudades y la industrialización transformaron también el lugar y la forma de formar familias. El régimen franquista defendía explícitamente un ideal familiar tradicional y establecía límites legales a diversas libertades reproductivas. Eso forma parte de la explicación institucional; no demuestra que todas las familias tuvieran más hijos por adhesión voluntaria a aquellas políticas.

La economía doméstica tenía otra estructura. Muchas mujeres concentraban el cuidado de hijos, mayores y hogar sin remuneración, con menos opciones legales, formativas y profesionales que las disponibles hoy. Una parte enorme del coste de criar niños nunca aparecía como factura: eran horas de cocina, lavado, acompañamiento escolar, atención durante enfermedades y pérdida de ingresos presentes y futuros de las madres. Cuando se compara un salario masculino de entonces con dos sueldos actuales sin valorar ese trabajo, la conclusión de que los hijos antes salían gratis resulta falsa desde el principio.

Tampoco debe confundirse supervivencia con bienestar equivalente. Había hogares con más personas por dormitorio, menos espacio individual, presupuestos estrechos y expectativas educativas y de ocio diferentes. Muchos niños compartían ropa, habitación y cuidados entre hermanos. La oferta de plazas de educación infantil para conciliar el empleo no respondía a la organización familiar de hoy. Al mismo tiempo, una vivienda modesta en una zona industrial en expansión no tenía por qué competir con los mismos precios de suelo, densidad urbana y presión de demanda que una gran ciudad en 2026. Comparar viviendas exige medir metros por persona, calidad, suministros, distancia al empleo y esfuerzo de pago.

El descenso arranca al final del propio boom. Entre 1976 y 1980 los nacimientos cayeron con rapidez; décadas antes de que se consolidara la subida actual del alquiler. La modernización cultural, la difusión del control reproductivo, las nuevas aspiraciones educativas, el empleo femenino, la secularización, el retraso del matrimonio y la maternidad y las crisis laborales contribuyeron en distintas etapas. La Ley 45/1978 eliminó del Código Penal una referencia a evitar la procreación y permitió regular la comercialización de anticonceptivos; la Ley 30/1981 reformó el matrimonio e introdujo el divorcio. Las fechas muestran transformaciones legales concretas, no que una ley aislada causara un determinado número de nacimientos menos.

El número medio de hijos por mujer, distinto de las cifras de partos, ilustra cuánto se prolongó el cambio. Eurostat sitúa en 1,10 la fecundidad coyuntural española de 2024, frente a 1,34 en la Unión Europea. Ese indicador imagina el número de hijos que tendría una mujer si experimentase toda su vida las tasas por edad observadas ese año; no equivale al tamaño final de las familias de una generación. Un calendario de maternidad que se desplaza hacia edades mayores puede hundir temporalmente la tasa incluso aunque alguna parte de los nacimientos se recupere después. Pero tampoco asegura que los aplazamientos acaben realizándose.

Por primera vez contamos con una medida reciente que permite distinguir aspiraciones y resultados. Según la Encuesta de Fecundidad de 2025 publicada por el INE en septiembre de 2026, casi siete de cada diez mujeres querían tener al menos dos hijos y un 15,5% no deseaba tener ninguno, frente al 12,3% en 2018. Entre las mujeres de 18 a 55 años que ya habían tenido hijos, el 34,8% declaró haber tenido menos de los que quería. Estas proporciones tienen denominadores diferentes: sería un error sumarlas o aplicarlas al conjunto de la población como si midieran lo mismo.

El contraste entre deseo y realidad tiene consecuencias políticas. Proteger la decisión de no tener hijos y ayudar a quien desea tenerlos no son objetivos incompatibles. En edades más jóvenes el INE recoge que muchas mujeres todavía esperan ampliar la familia; después de los 35 años ganan peso las razones laborales, económicas y de conciliación. Por eso una política que solo entregue una cantidad al nacer puede tener menos alcance que otra que facilite emancipación, estabilidad, tiempo de cuidados, educación infantil y acceso a una vivienda donde quepa otra persona. No se puede afirmar sin evaluación cuál de esas políticas tendría mayor efecto en cada provincia.

El envejecimiento es la otra mitad del relato. Las cohortes del baby boom entran ahora o durante las próximas décadas en edades de jubilación, mientras las generaciones más jóvenes son menos numerosas. El INE estimó para 2025 más defunciones que nacimientos, con un saldo vegetativo de aproximadamente 125.818 personas menos. Ese dato no quiere decir que España perdiese esa cantidad de habitantes: el saldo migratorio es otro componente del cambio total de población. De hecho, una sociedad puede ganar habitantes y al mismo tiempo tener menos nacimientos que fallecimientos.

Mirar al pasado también obliga a interrogar la nostalgia política. No podemos aislar una política familiar de los sesenta y compararla con la de 2026 ignorando empleo femenino, derechos, mortalidad, estructura de edades, tamaño de vivienda y normas de crianza. Tampoco podemos atribuir toda la caída a la emancipación de las mujeres: la OCDE señala que, cuando mujeres y hombres pueden combinar trabajo remunerado y crianza en condiciones de mayor igualdad, existen asociaciones positivas con la fecundidad. El problema no es simplemente que cambiasen las aspiraciones, sino que las instituciones y mercados no siempre se adaptaron al nuevo proyecto de vida.

Lo que comienza como una historia sobre pañales y cunas termina siendo una historia sobre generaciones. Aquellos hijos del boom pagaron impuestos, construyeron ciudades, sostuvieron consumo y ampliaron la población ocupada; ahora presionarán al alza las necesidades de pensiones, salud y cuidados. Quienes han de sostener ese relevo se enfrentan a mercados de vivienda restringidos y a retrasos en la formación de sus propios hogares. La pregunta contemporánea no es cómo obligar a reproducir el modelo de 1960, sino cómo permitir que cada familia materialice sus preferencias sin renunciar a derechos, bienestar y autonomía.