España envejece mientras nacen menos niños: inmigración, pensiones y las lecciones de Francia, Hungría y Corea

España puede aumentar su número de habitantes y seguir perdiendo población por causas naturales. La paradoja se explica con tres componentes: nacimientos, defunciones y migración. En 2025 el Instituto Nacional de Estadística estimó provisionalmente 321.164 nacimientos y 446.982 defunciones, un saldo vegetativo negativo de 125.818 personas. Eso no significa que la población total descendiera necesariamente: la llegada neta de residentes puede compensar las muertes que superan a los nacimientos. A partir de aquí surge la pregunta que enlaza pensiones, inmigración, vivienda y nuevas generaciones: ¿cómo se organiza un país cuando se jubilan sus cohortes más grandes y llegan al mercado laboral cohortes domésticas mucho menores?

El origen del desafío está parcialmente en el éxito demográfico del pasado. Los nacidos durante el baby boom español, concentrado de forma aproximada entre finales de los cincuenta y finales de los setenta, constituyen grupos relativamente numerosos. A lo largo de los años setenta, ochenta y noventa, el descenso de nacimientos fue dejando cohortes más pequeñas detrás. Cuando los mayores salen del mercado laboral, no solo se incrementa el número de pensionistas: también crece la demanda de asistencia sanitaria, atención a la dependencia y cuidadores. El resultado depende de edad efectiva de jubilación, años saludables, productividad, participación laboral e inmigración, además de la cifra de nacimientos.

El INE calcula en sus proyecciones de población 2026-2076 que las personas de 65 años o más, alrededor del 21,1% de la población española en el punto de partida, podrían alcanzar un máximo del 30,9% en 2076 si se mantuvieran determinadas tendencias de fecundidad, mortalidad y migración. Estas proyecciones no son predicciones inevitables. Eurostat estima que el 22% de la población de la Unión Europea tenía 65 años o más a 1 de enero de 2025. Que el peso de los mayores crezca no implica un mismo impacto sobre los servicios en todos los territorios: hay municipios con pérdida de jóvenes y otros donde el aumento de residentes concentra la demanda.

Las consecuencias económicas tienen al menos dos direcciones. Menos población en edades laborales, si no cambia nada más, puede limitar la base de cotizantes y la disponibilidad de profesionales; más mayores elevan la necesidad de pensiones, servicios médicos, ayuda a domicilio y cuidados de larga duración. Pero no es correcto equiparar automáticamente cada persona mayor con un coste neto idéntico. Los ingresos fiscales, el ahorro acumulado, el patrimonio, la salud y el trabajo después de cierta edad varían ampliamente. Tampoco todo el gasto en pensiones depende exclusivamente de la tasa de natalidad: las reglas de cotización y prestaciones y la evolución de salarios y productividad son decisivas.

En ese escenario, la inmigración desempeña una función demográfica evidente. En España, el INE informó de que el 33,3% de los bebés nacidos en 2024 tenía una madre nacida en el extranjero; si se clasifica por nacionalidad de la madre, la proporción era del 25,6%. Es una diferencia crucial: lugar de nacimiento y nacionalidad no son sinónimos y una madre nacida fuera puede ser española. Las cifras reflejan la composición de los nacimientos, no prueban que sin inmigración hubiera exactamente un tercio menos de bebés. También influyen la edad de las madres, su trayectoria migratoria y las tasas de fecundidad por grupo.

La aportación de la migración va más allá de los nacimientos. Adultos llegados en edad de trabajar pueden incorporarse de manera relativamente rápida al empleo, cotizar, consumir, emprender y cubrir vacantes; son efectos distintos de esperar dos décadas a que un recién nacido acceda al mercado laboral. Sin embargo, el efecto neto sobre las cuentas públicas depende de inserción laboral, salarios, formación, edad, composición familiar y evolución en el tiempo. Tampoco significa que haya una cantidad fija de empleo a repartir: la llegada de personas modifica tanto la oferta de trabajo como la demanda de bienes y servicios, y puede elevar la producción potencial.

La segunda cara es la vivienda. La llegada de población y la formación de nuevos hogares añaden demanda de alquiler o compra, sobre todo en territorios receptores. Si la construcción y el parque disponible no se ajustan, más demanda puede presionar los precios, aumentando las dificultades de emancipación de los jóvenes que también desean hijos. El Banco de España advierte en su Informe Anual 2025 y sus proyecciones de octubre de 2026 de una oferta residencial que responde con lentitud al crecimiento de hogares, por problemas de suelo, gestión urbanística, mano de obra y costes. Ese desajuste requiere cuantificar tanto la demanda ligada a migración como la de hogares autóctonos, separaciones, movimientos internos y compradores no residentes.

Presentar la inmigración como causa única de los alquileres caros es una atribución causal no demostrada; excluirla por principio de una investigación sobre demanda también sería un error. El efecto depende de dónde llegan los hogares y en qué zonas existe una oferta rígida. En unos municipios una mayor población puede contribuir a mantener escuelas, comercio y servicios; en otros puede exigir nuevas plazas, transporte y vivienda antes de que el sistema se amplíe. Para calcular costes y beneficios hay que identificar plazos, capacidad de las administraciones, salarios locales, viviendas terminadas y el efecto real sobre ingresos públicos.

España tampoco es una excepción europea. Eurostat sitúa la fecundidad de la Unión en 1,34 hijos por mujer en 2024, por debajo del nivel de reemplazo generacional de alrededor de 2,1 en condiciones demográficas habituales. En 2025 los habitantes de 65 años o más ya representaban el 22% del total de la UE. Francia, durante años un referente por sus ayudas, servicios infantiles y mayor fecundidad relativa, registró en 2025 una tasa de 1,56 hijos por mujer y, según Insee, su primer saldo vegetativo anual negativo desde la Segunda Guerra Mundial: aproximadamente 645.000 nacimientos frente a 651.000 defunciones. Una política familiar amplia puede amortiguar obstáculos, pero no constituye una garantía de volver a dos hijos por mujer.

Hungría sirve para examinar incentivos fiscales, préstamos y apoyo económico a matrimonios y familias. La OCDE recoge que durante parte de la década anterior aumentó allí el gasto familiar y mejoró la tasa de fecundidad. Pero la oficina estadística húngara estimó para enero-agosto de 2026 una tasa coyuntural de 1,29, inferior al 1,31 del mismo período de 2025, y una nueva caída de nacimientos. Esto impide afirmar que las transferencias y beneficios, por sí solos, reviertan de forma estable el cambio. Para evaluar el país habría que separar cambios del calendario de matrimonios, hogares que adelantan nacimientos y tamaño final de las familias.

Corea del Sur muestra el extremo opuesto. Sus estadísticas oficiales definitivas para 2025 registraron una fecundidad de 0,80 hijos por mujer, superior al mínimo de 0,72 de 2023, pero todavía extraordinariamente baja. Los nacimientos aumentaron respecto a 2024; una mejoría puntual no basta para declarar resuelto el problema. La presión educativa, el empleo competitivo, los costes urbanos y las dificultades para compaginar carrera y crianza figuran en los debates y estudios del país, pero no deben trasladarse mecánicamente a España. Lo útil es comparar instrumentos concretos y su ejecución, no declarar que una cultura nacional explica todo.

En sus análisis internacionales, la OCDE concluye que el apoyo al empleo femenino, los permisos remunerados, el cuidado infantil asequible y las medidas para compartir los cuidados se asocian con mejores resultados, y que los costes de vivienda y el desempleo aparecen vinculados a menor fecundidad. También reconoce que gran parte de la variación no queda explicada: importan percepciones, relaciones de pareja, preferencias y seguridad económica. Por eso el diseño de políticas debería tener dos horizontes: ayudar hoy a quienes desean hijos y se encuentran barreras materiales, y adaptar durante décadas las finanzas públicas, el empleo y los cuidados a una sociedad envejecida.

El resultado no es un dilema simple entre inmigración y natalidad. La natalidad tarda décadas en generar nuevos trabajadores y la inmigración puede aportar población activa inmediatamente; a la vez, ambas necesitan viviendas, servicios y planificación. El enfoque más verificable combina políticas de oferta residencial, formación y productividad, apoyo a familias, integración laboral, salud reproductiva, adaptación de pensiones y servicios de dependencia. Hay que medir si los hogares jóvenes pueden independizarse, si los hijos deseados llegan a nacer, cuánto crecen los trabajadores y cuántas viviendas se construyen donde hace falta. Las dos generaciones —la que se jubila y la que intenta empezar— comparten una misma restricción: recursos e instituciones que tienen que adaptarse a una población distinta.