Solo el 15% de los ocupados tiene un plan de pensiones de empleo, frente al 28% de media en la UE, según el II Observatorio de Pensiones de Mutua Madrileña presentado este 22 de octubre.
El II Observatorio de Pensiones de Mutua Madrileña, presentado por su presidente Ignacio Garralda, calcula que España debe pasar de 3,3 a 11 millones de partícipes en planes de empleo antes de 2030 para acercarse a la media europea, y propone la adscripción automática como palanca principal. Solo el 15% de los ocupados tiene un plan de pensiones de empleo, frente al 28% de media en la UE, según el II Observatorio de Pensiones de Mutua Madrileña presentado este 22 de octubre. En la práctica: Afecta a los más de 20 millones de trabajadores ocupados en España que no cuentan hoy con un plan de pensiones de empleo, y a la sostenibilidad futura del sistema público si no se desarrolla un segundo pilar de ahorro complementario.

Andreas Seppi at the 2009 Mutua Madrileña Madrid Open 02
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España necesita incorporar 7,7 millones de trabajadores más a los planes de pensiones de empleo en menos de cuatro años si quiere cumplir con los objetivos marcados por Bruselas, según el II Observatorio de Pensiones presentado el 22 de octubre por Grupo Mutua Madrileña. El informe, elaborado con participación de representantes sindicales y empresariales, sitúa el objetivo en 11 millones de partícipes para 2030, frente a los 3,3 millones actuales.
Esos 3,3 millones de partícipes apenas representan el 15% de la población ocupada en España, muy por debajo del 28% de media en la Unión Europea, de acuerdo con los datos difundidos por el observatorio y recogidos de forma independiente por El Economista y El Español. Los activos totales de estos planes alcanzan los 42.400 millones de euros, con un crecimiento interanual del 16% en las aportaciones brutas durante el segundo trimestre, aunque el 74% de los partícipes aporta menos de 5.000 euros al año, lo que limita el impacto real sobre el ahorro para la jubilación.
Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña, defendió durante la presentación la adscripción automática ('autoenrolment') como la vía más eficaz para cerrar esa brecha, citando los modelos ya implantados en Reino Unido, Irlanda, Suecia y Alemania. En el caso británico, el sistema de adscripción automática a planes de empleo cubre al 90% de los asalariados, con una tasa de renuncia voluntaria de apenas el 10%, según los datos aportados en el informe.
El observatorio llega un año después de que la Comisión Europea recomendara a España tres herramientas concretas para reforzar las pensiones complementarias —adscripción automática, sistemas de seguimiento de planes y cuadros de indicadores—, ninguna de las cuales se ha puesto en marcha hasta la fecha. Bruselas prevé además que España sea el país de la UE con mayor incremento del gasto en pensiones hasta 2040, con una subida de 2,5 puntos porcentuales hasta el 16,2% del PIB, mientras las transferencias estatales al sistema podrían alcanzar los 60.000 millones de euros en 2026, el 3,5% del PIB.
La encuesta incluida en el observatorio, también citada por El Español, revela que el 65% de los españoles duda de que la pensión pública sea suficiente para su jubilación y que el 50% no ahorra actualmente para esa etapa, principalmente por falta de medios. Entre quienes ya se han jubilado, el 66% afirma haber tenido que reducir gastos tras dejar de trabajar. El informe, al proceder de una aseguradora con interés comercial directo en la venta de planes de pensiones, debe leerse como una fuente interesada que coincide, no obstante, con diagnósticos previos de la Comisión Europea y de informes independientes como los de KPMG sobre el atraso del segundo pilar en España, lo que refuerza la fiabilidad general de las cifras pese al origen corporativo del estudio presentado esta semana en Madrid.
El sistema de pensiones español ha descansado históricamente casi en exclusiva sobre el reparto público, con un segundo pilar de empleo marginal frente a otros países europeos, pese a sucesivos intentos legislativos de impulsarlo en la última década.
Afecta a los más de 20 millones de trabajadores ocupados en España que no cuentan hoy con un plan de pensiones de empleo, y a la sostenibilidad futura del sistema público si no se desarrolla un segundo pilar de ahorro complementario.
La Comisión Europea lleva un año reclamando a España que implante adscripción automática, seguimiento de planes e indicadores de pensiones complementarias sin que el Gobierno haya avanzado en ninguna de las tres medidas.
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