Ceuta: ataque al coche de Julia Ferreras agrava el hostigamiento denunciado por ONG y activistas

Ceuta atraviesa en septiembre de 2026 un momento de fuerte tensión social, dos meses después de que unas 72.000 personas entraran en la ciudad autónoma el 30 y 31 de julio a través del espigón de El Tarajal, en lo que las autoridades marroquíes intentaron frenar con gases lacrimógenos y cañones de agua. De esa cifra, 48.300 fueron retornadas en las horas siguientes, según los datos oficiales recogidos por las autoridades.

En ese contexto, las organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno se han convertido en blanco de reproches vecinales. Halima Ahmed, coordinadora de la ONG Luna Blanca, ha descrito el hostigamiento que sufren los voluntarios: 'Nos increpan por darles comida caliente, nos dicen que les dejemos con hambre para que se vuelvan a su país'. Según su relato, existe un clima de crispación sostenido que afecta a la mayoría de las entidades presentes en la ciudad.

El episodio más grave de las últimas semanas se produjo el 21 de septiembre en el puerto de Ceuta, cuando una decena de manifestantes atacó con piedras y huevos el coche en el que viajaban la diputada de Ceuta Ya, Julia Ferreras, el activista de la Flotilla Rafael Borrego y la abogada de derechos humanos Sofía Cánovas. Los asaltantes reventaron las lunas del vehículo y llegaron a abrir las puertas; sus ocupantes tuvieron que protegerse con un paraguas de los objetos que seguían lanzándose hacia el interior.

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Según el relato de los propios afectados a eldiario.es, la confusión se originó porque la multitud, congregada para confrontar a activistas de una ONG con sede en Navarra, identificó erróneamente el vehículo. Borrego resumió la experiencia con la frase 'nos iban a matar', mientras Ferreras describió haberse convertido, sin buscarlo, en 'el enemigo, el objetivo a abatir'. Un agente de Policía Nacional terminó entrando en el coche para sacar a sus ocupantes de la zona, en una intervención que Borrego agradeció públicamente.

La Policía Nacional detuvo a un vecino de Ceuta acusado de causar daños al vehículo. A la denuncia presentada por Ferreras, Borrego y Cánovas se sumaron tres agentes de policía que participaron en el operativo y que también alegan haber resultado heridos, según fuentes cercanas a la investigación citadas por eldiario.es. Cánovas, herida en el incidente, declaró: 'No doy crédito de lo que está pasando aquí, cuando la ira ya se vuelve contra los trabajadores humanitarios es que algo está muy roto'.

El partido Coalición por Melilla trasladó su solidaridad a Ceuta Ya y a su diputada, calificando a los agresores de 'ultraderecha' y afirmando que ninguna protesta o diferencia política justifica el acoso, la intimidación o la violencia contra una representante pública. WIRESdesk no ha podido verificar de forma independiente la filiación política de los agresores más allá de esta calificación partidista.

En paralelo a estos episodios de violencia callejera, la Fiscalía de Menores de Ceuta trasladó al juzgado las denuncias de ocho menores migrantes no acompañadas por presuntos malos tratos, vejaciones y amenazas en dos centros de acogida situados en el polígono de las Naves de El Tarajal, gestionados por las entidades Samu y Engloba. Según los relatos recogidos por Infobae y El Español, las menores denunciaron que en ocasiones no eran trasladadas al médico pese a problemas de salud graves, y una de ellas relató el caso de otra adolescente que habría vomitado sangre sin recibir atención.

El hecho más grave denunciado ocurrió la noche del 10 de septiembre, cuando dos hombres de seguridad uniformados habrían entrado en la zona donde dormían las menores profiriendo insultos de carácter sexual y amenazas explícitas de violación. Tras tomar declaración a varias jóvenes, se identificó a los dos vigilantes de seguridad y a una educadora como presuntos responsables de los malos tratos; los dos hombres fueron relevados de su cargo, según El Independiente e Infobae.

La Fiscalía ha precisado que no ha abierto una investigación general sobre el funcionamiento de los centros de acogida, sino que actúa sobre los casos concretos denunciados y por razones organizativas, para evitar duplicidades con otras investigaciones en curso.

A este cuadro se suma la tensión entre militares desplegados en Ceuta y la población migrante. Una ONG denunció que una patrulla del Ejército de Tierra bloqueó con un vehículo la puerta de su local de atención a inmigrantes irregulares y que se profirieron comentarios hostiles contra las voluntarias; en sentido inverso, eldiario.es ha recogido denuncias de migrantes sobre palizas y vejaciones por parte de militares que patrullan la ciudad. Ninguna de estas denuncias cruzadas ha sido confirmada de forma independiente por fuentes oficiales de Defensa consultadas por la prensa citada.

La ONG No Name Kitchen ha denunciado además una campaña de desinformación en su contra, con acusaciones —desmentidas expresamente por Mercadona y por el Ministerio del Interior— de repartir spray de pimienta a migrantes o de realizar compras masivas de insumos para fabricar explosivos, en lo que sus portavoces describen como un intento de criminalizar su labor humanitaria tras las movilizaciones de finales de agosto y principios de septiembre.

En el plano institucional, el director general de Gobernación de Ceuta, Alfonso Conejo, ha rechazado públicamente que la ciudad se convierta en un 'macrocentro' permanente de estancia de migrantes, argumentando que 'consolidaría el efecto llamada' y reclamando al Estado y a la UE una 'frontera del siglo XXI' con más medios de retorno y seguridad. El Gobierno central prevé, por su parte, levantar dos Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) con financiación europea, dentro de un paquete de 44,51 millones de euros destinados a la atención humanitaria de la crisis.

El debate sobre el 'efecto llamada' se plantea así en dos direcciones opuestas: mientras parte de la población y las autoridades ceutíes lo atribuyen a la actividad de las ONG y a la falta de una política de retornos, las propias organizaciones sostienen que es la violencia contra migrantes y cooperantes la que puede alimentar un efecto llamada de más violencia. Ambos relatos coexisten sin que, hasta la fecha, existan datos públicos que permitan zanjar la disputa causal entre asistencia humanitaria y flujos migratorios.

El trasfondo político no es menor: las elecciones autonómicas de Ceuta están previstas para mayo de 2027, y la gestión de la crisis migratoria se perfila como uno de los asuntos centrales del debate público local, sin que ello permita —ni deba— extraerse ninguna conclusión sobre el desenlace electoral.

El ataque del puerto añade un hecho verificable al patrón de tensión descrito en esta canónica. Las crónicas coinciden en que el vehículo quedó bloqueado, sufrió golpes y rotura de lunas y que la Policía tuvo que extraer a sus ocupantes. A partir de ahí, las versiones divergen sobre si la selección del coche fue inicialmente una confusión con el vehículo de activistas llegados desde la Península o una acción deliberada contra la diputada.

La diferencia no es menor: una confusión espontánea y un ataque dirigido tendrían implicaciones distintas para reconstruir el episodio y para la calificación jurídica. Las denuncias presentadas, las imágenes disponibles y las declaraciones de testigos serán la base para aclararlo. WIRESdesk no adopta una de esas hipótesis antes de que exista evidencia suficiente.

También deben separarse los hechos materiales de las atribuciones políticas posteriores. Que partidos o colectivos señalen a adversarios por haber contribuido al clima de tensión no convierte esa relación causal en un hecho probado. La responsabilidad individual por daños, amenazas o agresiones debe establecerse con pruebas sobre cada conducta concreta.