El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha abierto el plazo para recoger aportaciones sobre la propuesta de la Comisión Europea, que plantea criterios comunes para identificar tensión en los mercados residenciales y medidas como gravar la vivienda vacía.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha abierto una consulta pública sobre la propuesta de Reglamento europeo para la vivienda asequible presentada por la Comisión Europea, con plazo hasta el 4 de noviembre. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha abierto el plazo para recoger aportaciones sobre la propuesta de la Comisión Europea, que plantea criterios comunes para identificar tensión en los mercados residenciales y medidas como gravar la vivienda vacía. En la práctica: La consulta es un trámite preparatorio sin efectos normativos inmediatos: la propuesta todavía debe negociarse en el Parlamento Europeo y el Consejo antes de convertirse en norma vinculante para los Estados miembros.
El edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea en Bruselas, institución que presentó la propuesta de Ley de Vivienda Asequible el 9 de septiembre de 2026.
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El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana anunció este 22 de octubre que ha puesto en marcha una consulta pública sobre la propuesta de Reglamento europeo para salvaguardar la asequibilidad y la disponibilidad de la vivienda, conocida informalmente como 'Affordable Housing Act'. El departamento invita a particulares, organizaciones, entidades del tercer sector, administraciones públicas, expertos y agentes económicos a remitir sus aportaciones hasta el próximo 4 de noviembre a través de un formulario habilitado por el propio Ministerio.
La propuesta que se somete a consulta fue presentada por la Comisión Europea el pasado 9 de septiembre de 2026, según confirma la página oficial de la Dirección General de Vivienda de la Comisión (housing.ec.europa.eu). El paquete combina un reglamento y una recomendación no vinculante, y busca dotar a los Estados miembros, regiones y ciudades de un marco común para evaluar y justificar medidas dirigidas a garantizar el acceso a la vivienda, fijar criterios compartidos para identificar 'zonas tensionadas' y facilitar la adopción de medidas proporcionadas cuando sea necesario.
Entre las medidas que plantea la propuesta figuran la posibilidad de que los municipios graven o limiten la vivienda vacía, restrinjan los alquileres de corta duración en zonas de fuerte presión turística y promuevan la rehabilitación de edificios y la vivienda social, siempre que justifiquen que la restricción es específica, necesaria y proporcional. El texto también incluye garantías de seguridad jurídica: las condiciones ligadas a la adquisición de vivienda no podrán aplicarse con carácter retroactivo y deberán preverse regímenes transitorios adecuados, según recoge la propia Comisión.
La iniciativa europea responde a una preocupación compartida por varios Estados miembros: según el último Eurobarómetro citado por la Comisión, más de la mitad de los residentes urbanos de la UE considera la vivienda un problema urgente, en un contexto en que los precios de compra subieron un 64,9% entre 2015 y 2025 y el alquiler medio absorbe ya el 40% de la renta de los hogares, por encima del umbral del 33% considerado sostenible.
El Ministerio español no ha fijado todavía una posición pública sobre el contenido final de la propuesta, de acuerdo con la cobertura de Moncloa.com, aunque España llega a la negociación con una Ley de Vivienda nacional que ya reconoce la figura de 'zona tensionada' y limita el alquiler turístico. La consulta abierta ahora por el Ministerio recabará opiniones sobre la subsidiariedad de la iniciativa europea, su impacto sobre las competencias de las administraciones públicas y sus posibles repercusiones económicas y sociales, antes de que el Reglamento deba ser negociado y aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.
La Comisión Europea presentó la propuesta de Affordable Housing Act el 9 de septiembre de 2026, en respuesta a la crisis de accesibilidad a la vivienda señalada por sucesivos Eurobarómetros.
La consulta es un trámite preparatorio sin efectos normativos inmediatos: la propuesta todavía debe negociarse en el Parlamento Europeo y el Consejo antes de convertirse en norma vinculante para los Estados miembros.
España cuenta ya con su propia Ley de Vivienda, que introduce la figura de zona tensionada y limita el alquiler de corta duración, por lo que la futura norma europea deberá encajar con ese marco nacional existente.
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