Un mes después de instalarse en Puerta del Sol tras la muerte de Maricarmen, la acampada por la vivienda reduce tiendas, resiste las presiones oficiales y prepara su posible fin coincidiendo con la huelga general del 11 de noviembre.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha enviado una carta a los organizadores de la acampada por la vivienda en Puerta del Sol pidiéndoles que la desmonten tras "un tiempo razonable". Los acampados lo rechazan y sitúan el posible final de la protesta en la huelga general del 11 de noviembre. Un mes después de instalarse en Puerta del Sol tras la muerte de Maricarmen, la acampada por la vivienda reduce tiendas, resiste las presiones oficiales y prepara su posible fin coincidiendo con la huelga general del 11 de noviembre. En la práctica: La acampada ha pasado de una ocupación masiva (hasta 1.800 tiendas) a una fase de reducción y negociación con las autoridades, en paralelo a la convocatoria de una huelga general el 11 de noviembre que varios sindicatos y colectivos presentan como la siguiente fase del movimiento por la vivienda.
Manifestación en Madrid en apoyo al derecho a la vivienda y contra el desahucio de Maricarmen, origen de la acampada de Puerta del Sol (3 de octubre de 2026).
Foto: Txapisotegi / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 · Licencia: CC BY-SA 4.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
La Delegación del Gobierno en Madrid envió el 29 de octubre una carta a los responsables de la acampada por la vivienda instalada en Puerta del Sol pidiéndoles que la retiren, al considerar que "las circunstancias han cambiado" desde su instalación hace un mes, según informó el diario El Español. La misiva fue firmada por el delegado saliente, Francisco Martín, antes de su relevo, y cuenta con el respaldo de la nueva delegada, Pilar Trinidad.
Los organizadores de la acampada rechazaron de inmediato la petición. Uno de sus portavoces, Juanlu Sánchez, respondió que el movimiento no tiene intención de marcharse e insistió en que sigue habiendo demanda de personas que quieren sumarse a la protesta, según recogió el mismo medio. La coordinadora de comunicación de la acampada, Zaira Pagán, había explicado días antes a Infobae que el campamento trabaja en una "desescalada" y no en una retirada: "hay reorganización, no retirada".
La protesta cumplió el 26 de octubre un mes desde su instalación en el kilómetro cero de Madrid. Nació tras una multitudinaria marcha bajo el lema "Ni una Maricarmen más", en referencia a una inquilina de edad avanzada desahuciada después de setenta años viviendo de alquiler en la misma vivienda, que murió el 7 de octubre, según detalló Público. El caso se convirtió en símbolo de la crisis de acceso a la vivienda en España y disparó la movilización en Sol y en otras ciudades.
Según constató Vozpópuli, la acampada llegó a reunir en su momento de mayor ocupación cerca de 1.800 tiendas y 2.000 personas viviendo en ellas, cifras que han ido descendiendo en las últimas semanas. Los propios organizadores han retirado ya tiendas de las calles Arenal y Preciados para reducir el impacto sobre el comercio local, que ha cifrado en torno a dos millones de euros las pérdidas diarias atribuidas a la protesta, de acuerdo con la información recogida por Infobae.
El sindicato de Inquilinas e Inquilinos, impulsor inicial de la acampada, mantiene la convocatoria de una huelga general para el 11 de noviembre, a la que se han sumado otros colectivos como la Coordinadora Juvenil Socialista. Su portavoz, Alicia del Río, la ha definido como "la única manera de garantizar que se va a responder" a las demandas de la ciudadanía en materia de vivienda, "gobierne quien gobierne", según Vozpópuli. El sindicato reivindica desde su fundación medidas como la regulación de los precios del alquiler, la ampliación del parque de vivienda pública y la paralización de desahucios de personas en situación de vulnerabilidad, demandas que han marcado el discurso de la acampada desde su instalación.
En una asamblea celebrada la semana del 19 de octubre, el 60% de los acampados se mostró partidario de continuar la protesta frente a un 40% que prefería levantarla, de acuerdo con el relato de Vozpópuli, que señala el 11 de noviembre como la fecha más probable para un cierre ordenado, pendiente aún de ratificación en asamblea. Pagán ha planteado la posibilidad de dar un "final simbólico" a la acampada coincidiendo con la huelga, de forma que el cierre del campamento se presente como un paso hacia una nueva fase de movilización y no como una derrota frente a la presión institucional y comercial.
La protesta ha tenido también reflejo político. Infobae recoge que la movilización de Sol influyó en la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales después de que dos decretos reales en materia de vivienda no lograran convalidarse en el Congreso. El Gobierno regional de Madrid, de signo distinto al Ejecutivo central, ha reclamado reiteradamente el desalojo de la plaza desde las primeras semanas de la acampada, una postura que ahora comparte también la Delegación del Gobierno, según se desprende de la carta remitida a los organizadores el 29 de octubre.
El fenómeno no se limita a Madrid. Según la información recogida por Infobae, se han instalado acampadas con reivindicaciones similares en ciudades como Valencia, Oviedo y Granada, en lo que los organizadores de Sol presentan como un movimiento coordinado a escala estatal contra la crisis de acceso a la vivienda, aunque cada campamento mantiene su propia dinámica de asamblea y sus propios plazos de posible desmontaje.
El comercio de la zona de Sol, representado por asociaciones citadas en la cobertura de Infobae, ha presionado para que la protesta termine cuanto antes, alegando pérdidas diarias cercanas a los dos millones de euros desde su instalación; los organizadores han respondido retirando parte de las tiendas de las calles comerciales adyacentes, como Arenal y Preciados, mientras mantienen el núcleo del campamento en la plaza. Esa tensión entre el impacto económico alegado por los comerciantes y la negativa de los acampados a desmontar sin una fecha de cierre acordada ha sido uno de los ejes de la cobertura de las últimas semanas.
A fecha de hoy quedan por resolver varias cuestiones: si la asamblea de acampados ratificará finalmente el 11 de noviembre como fecha de cierre, qué ocurrirá con las personas sin hogar que actualmente pernoctan en el campamento, y si la Delegación del Gobierno adoptará medidas adicionales si la protesta no se disuelve de forma voluntaria. Esta información se basa en lo publicado por cuatro medios —Infobae, Vozpópuli, Público y El Español— entre el 26 y el 29 de octubre; no existe hasta ahora un comunicado oficial único y verificado de la Delegación del Gobierno con el texto íntegro de la carta.
La acampada se instaló el 26 de septiembre de 2026 en Puerta del Sol tras una marcha bajo el lema "Ni una Maricarmen más".
Ha mantenido una presencia continuada durante más de un mes, en paralelo a protestas y acampadas similares en otras ciudades españolas como Valencia, Oviedo y Granada.
La acampada ha pasado de una ocupación masiva (hasta 1.800 tiendas) a una fase de reducción y negociación con las autoridades, en paralelo a la convocatoria de una huelga general el 11 de noviembre que varios sindicatos y colectivos presentan como la siguiente fase del movimiento por la vivienda.
El origen de la protesta es la muerte, el 7 de octubre, de una inquilina desahuciada tras setenta años en su vivienda, caso conocido como "Maricarmen", que impulsó la marcha fundacional del movimiento.
Según fuentes citadas, el caso pesó en la decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones anticipadas tras el fracaso de dos decretos de vivienda.
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