Ley de Nietos: nacionalidad, CERA y voto no son lo mismo, y ahí está el núcleo del conflicto

La llamada Ley de Nietos no es una ley autónoma. Es la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. El texto legal permite optar a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles de origen que sufrieron exilio, a hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por matrimonio antes de 1978 y a hijos mayores de edad de personas que obtuvieron nacionalidad de origen por esta vía o por la disposición de 2007. Esa estructura importa porque no todos los beneficiarios encajan exactamente en el mismo supuesto ni dependen de la misma prueba de exilio.

En octubre de 2022 la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dictó una instrucción para aplicar la disposición. Esa instrucción desarrolló documentación, formularios y criterios para los registros civiles consulares. En noviembre de 2024 fue actualizada. El litigio de 2026 no se reduce, por tanto, a leer una frase de la ley: afecta a cómo esa norma fue interpretada administrativamente y a qué consecuencias electorales producen nacionalidades ya reconocidas.

El Tribunal Supremo acordó el 8 de septiembre medidas cautelares que dejan en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes derivadas de esta vía, salvo que se acredite el requisito de descendencia de exiliados en los términos fijados por sus autos. El tribunal justificó la urgencia por el incremento extraordinario del censo y por el riesgo que aprecia para objetividad y transparencia electoral. Esa es la motivación judicial del auto, no una sentencia definitiva sobre el fondo.

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Fiscalía y Abogacía del Estado se opusieron a la cautelar durante las vistas. Su argumento, según EFE, fue que suspender altas censales podía obligar de hecho a revisar concesiones de nacionalidad que no eran el acto formalmente recurrido. Esa discrepancia jurídica es central: el Supremo distingue el efecto electoral del título de nacionalidad, mientras las partes contrarias advierten que comprobar el requisito que habilitó la nacionalidad puede reabrir materialmente expedientes previos.

La Junta Electoral Central decidió ejecutar el requerimiento y pedir información a la Oficina del Censo Electoral. RTVE informó de una votación ajustada sobre no recurrir la decisión y de la petición de datos a consulados. El proceso administrativo tiene un problema operativo: el censo conoce que una persona es española y dónde solicita figurar, pero no necesariamente conserva, en un campo diseñado para elecciones, toda la evidencia histórica que el registro civil usó para conceder nacionalidad.

El informe de la Oficina del Censo Electoral añade otro matiz. Según la documentación conocida, no se venían practicando de forma ordinaria inscripciones municipales 'de oficio' de nacionalizados en una localidad elegida por la administración; los interesados declaraban el municipio de inscripción electoral siguiendo las instrucciones consulares. Eso no resuelve la legalidad de cada alta, pero corrige la idea de que un funcionario asignaba masivamente electores a Madrid u otra comunidad sin intervención del ciudadano.

Los números necesitan fecha y denominador. Distintas fuentes han usado más de 333.000 inscritos en CERA, más de 400.000 nacionalizados o cientos de miles de expedientes aprobados. No son la misma población. Una persona puede haber obtenido nacionalidad y no estar todavía inscrita en CERA; un expediente puede estar aprobado y pendiente de inscripción; algunas categorías de la disposición adicional octava no dependen del exilio del mismo modo. Mezclar estas cifras convierte una medida cautelar compleja en un contador falso de 'votos afectados'.

El Gobierno comunicó en septiembre cifras superiores a 570.000 expedientes aprobados y más de 333.000 inscripciones consulares en determinados cortes. EFE había publicado en julio más de 2,4 millones de solicitudes acumuladas y 544.722 aprobaciones en un corte anterior. La diferencia entre cortes no es necesariamente contradicción: el sistema seguía tramitando expedientes. Para analizar magnitud hay que comparar datos del mismo concepto y fecha.

El efecto individual tampoco es idéntico a 'perder la nacionalidad'. Un ciudadano cuya alta censal queda suspendida conserva, salvo resolución específica distinta, el título de nacionalidad reconocido. Lo que se bloquea provisionalmente es su capacidad de figurar en el censo electoral bajo las condiciones cuestionadas y, por tanto, ejercer sufragio en procesos cubiertos por la medida. Nacionalidad y censo están conectados jurídicamente, pero son actos administrativos distintos.

El carácter cautelar establece otro límite. El Supremo no ha cerrado todavía la interpretación definitiva de la ley, la instrucción ni el acuerdo de la JEC recurrido. Una medida cautelar pretende preservar una situación mientras se resuelve el fondo; puede confirmarse, modularse o decaer con sentencia. Presentarla como invalidación definitiva de la Ley de Memoria Democrática sería incorrecto.

La revisión consular puede ser enorme. Si hubiera que comprobar uno a uno cientos de miles de expedientes, consulados que ya gestionaron millones de solicitudes tendrían que localizar documentos de ascendencia, exilio y resoluciones bajo criterios diferentes. La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española calificó el trabajo potencial de 'titánico'. El coste administrativo no determina quién tiene razón jurídicamente, pero sí condiciona cuánto tarda en ejecutarse cualquier decisión.

Existe además una cuestión autonómica: para elecciones autonómicas importa la vinculación municipal que determina circunscripción. La Oficina del Censo propone clarificar criterios cuando faltan datos o existen documentos contradictorios. Esa discusión es distinta de la nacionalidad y del requisito de exilio: una persona puede ser española válidamente y todavía requerir una regla objetiva para determinar dónde figura a efectos electorales.

El Congreso puede modificar la ley mientras el litigio continúa. Las iniciativas registradas para blindar o aclarar el derecho de voto son actos legislativos, no una revocación automática del auto. Si cambian la norma, habrá que estudiar su régimen transitorio y si afecta a procedimientos ya abiertos. El Poder Legislativo puede cambiar reglas dentro de la Constitución; el Poder Judicial seguirá resolviendo los recursos concretos sometidos a su jurisdicción.

Para el lector, la forma más segura de seguir el asunto es separar preguntas: ¿es española la persona? ¿por qué supuesto obtuvo nacionalidad? ¿está inscrita en CERA? ¿qué municipio declaró? ¿su alta está alcanzada por la cautelar? ¿qué documentación existe sobre el requisito discutido? Solo después puede saberse el efecto individual. Un titular genérico sobre 'los nietos' no responde a esas variables.

La cuestión de fondo que tendrá que resolver el Supremo es más estrecha y más importante que la pelea política: si la aplicación administrativa de la disposición adicional octava y sus efectos en el censo respetaron el alcance legal y qué remedio puede aplicarse sin alterar indebidamente derechos ya reconocidos. Hasta entonces, los hechos firmes son la norma de 2022, la instrucción, la cautelar, la ejecución de la JEC y la revisión administrativa en curso.