La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España, dentro de un paquete que afecta a los 27 Estados miembros, por no haber completado la trasposición de la Directiva de Emisiones Industriales. La norma, en vigor desde agosto de 2024, reconoce a los ciudadanos el derecho a reclamar compensación económica a las empresas que incumplan sus obligaciones y dañen su salud.
La Comisión Europea envió una carta de emplazamiento a España y a los demás socios comunitarios por no transponer a tiempo la Directiva de Emisiones Industriales, que da a los afectados por la contaminación de grandes instalaciones el derecho a exigir indemnizaciones. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España, dentro de un paquete que afecta a los 27 Estados miembros, por no haber completado la trasposición de la Directiva de Emisiones Industriales. La norma, en vigor desde agosto de 2024, reconoce a los ciudadanos el derecho a reclamar compensación económica a las empresas que incumplan sus obligaciones y dañen su salud. En la práctica: La medida da a los ciudadanos afectados por contaminación industrial un cauce legal reforzado para reclamar indemnizaciones por daños a la salud, y expone a España a un riesgo de sanción económica ante el TJUE si no transpone la directiva a tiempo.
Misión en Lima de Daniel Calleja, Director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea IMG 0892
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La Comisión Europea ha remitido a España una carta de emplazamiento, el primer paso formal de un procedimiento de infracción, por no haber comunicado la trasposición completa de la Directiva (UE) 2024/1785 de Emisiones Industriales dentro del plazo fijado. La norma entró en vigor el 4 de agosto de 2024 y establecía el 1 de julio de 2026 como fecha límite para que los Estados miembros adaptaran su legislación nacional. Según la información publicada por El Español y corroborada por medios especializados como Industria Química y agencias recogidas por Ecoticias e Infobae, Bruselas ha enviado cartas similares a los 27 socios comunitarios: ninguno de ellos había completado la trasposición antes del plazo.
España dispone ahora de un plazo de dos meses para responder a la Comisión y comunicar las medidas adoptadas para completar la trasposición. Si la respuesta no resulta satisfactoria, el siguiente paso sería un dictamen motivado, y de persistir el incumplimiento, Bruselas podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el riesgo de sanciones económicas que, en los procedimientos más avanzados contra otros Estados miembros, han llegado a incluir multas a tanto alzado y pagos diarios hasta que se complete la adaptación legal.
La directiva actualiza el marco de control de la contaminación industrial y ganadera y afecta a más de 50.000 grandes instalaciones en toda la Unión, entre plantas energéticas, químicas y explotaciones ganaderas intensivas. Entre sus novedades más relevantes figura el reconocimiento expreso del derecho de las personas cuya salud se haya visto afectada por el incumplimiento de las obligaciones de la norma a reclamar una compensación económica a los operadores responsables, además de fijar sanciones proporcionales a la facturación de las empresas infractoras, que en los casos más graves pueden alcanzar al menos el 3% de su volumen de negocio anual en la Unión.
La norma también crea un portal público de emisiones industriales pensado para dar mayor transparencia sobre los niveles de contaminación de cada instalación, de forma que los ciudadanos y las administraciones puedan comparar el comportamiento ambiental de las empresas y, llegado el caso, sustentar reclamaciones con datos oficiales. Este mecanismo de transparencia es, junto al derecho a compensación, uno de los elementos que distinguen a la nueva directiva de su predecesora en materia de prevención y control integrados de la contaminación, y responde también al objetivo declarado de reducir el uso de sustancias químicas peligrosas en los procesos industriales.
La trasposición pendiente no impide que la directiva europea despliegue determinados efectos, pero la falta de una ley nacional que concrete el procedimiento de reclamación introduce incertidumbre sobre cómo podrán ejercer ese derecho los ciudadanos afectados en España hasta que el Gobierno complete la adaptación normativa. El Ministerio para la Transición Ecológica no ha fijado públicamente una fecha para remitir el proyecto de trasposición al Congreso, en un contexto en el que España ya figuraba entre los Estados miembros señalados por Bruselas en paquetes de infracción anteriores por retrasos en la aplicación de otras directivas ambientales, como la de nitratos.
La norma entró en vigor el 4 de agosto de 2024 con un plazo de trasposición hasta el 1 de julio de 2026; la Comisión ya había incluido a España en paquetes de infracción anteriores por otras directivas ambientales, como la de nitratos.
La medida da a los ciudadanos afectados por contaminación industrial un cauce legal reforzado para reclamar indemnizaciones por daños a la salud, y expone a España a un riesgo de sanción económica ante el TJUE si no transpone la directiva a tiempo.
La Directiva de Emisiones Industriales sustituye y amplía el marco previo de control de la contaminación industrial y ganadera en la UE, ampliando su ámbito a más instalaciones e introduciendo mecanismos de transparencia como un portal público de emisiones.
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