Siete senadores bipartidistas exigen revertir el acuerdo de diésel ruso de Trump por presunta violación de la ley de sanciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió el jueves 9 de octubre de 2026 en su red social Truth Social que, tras concluir una conversación con el presidente ruso Vladímir Putin, se había acordado que Rusia suministrará "de inmediato" más de 300.000 toneladas de diésel al mercado estadounidense y mundial. Según el mismo mensaje, recogido de forma independiente por Infobae, The Objective y agencias reproducidas por RTVE, ABC, COPE y elDiario.es, a esa primera entrega seguirían otras 500.000 toneladas durante noviembre, 1 millón de toneladas poco después y hasta 3 millones de toneladas adicionales "en un corto período de tiempo", esta última cifra condicionada, según el propio Trump, al estado de las refinerías rusas de diésel.

El anuncio de Trump no quedó aislado: el Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó por su cuenta oficial que, "a instrucciones del presidente Trump", la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emite de forma inmediata una licencia general temporal para permitir el suministro de diésel ruso al mercado global. Según esa misma información, recogida también por NBC News, la autorización cubre la venta, entrega, descarga o importación de combustible diésel de origen ruso hasta las 00:01 (hora del Este de EEUU) del 7 de abril de 2027. Esta confirmación del Tesoro es, de las fuentes consultadas, la única que no depende exclusivamente del relato de Trump: corrobora que se ha producido una acción administrativa real de suavización de sanciones, aunque no verifica por sí sola las cifras concretas de toneladas que Trump atribuye al acuerdo con Putin.

Trump enmarcó la medida como parte de su prioridad de "reducir los precios para los estadounidenses", citando de forma explícita a agricultores, ganaderos y transportistas como los principales beneficiarios de un abaratamiento del diésel que, según predijo, caerá "rápidamente y en cifras récord". The Objective sitúa el anuncio en un contexto electoral: llega a menos de un mes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre de 2026, en un momento en que las encuestas citadas por ese medio muestran a los demócratas con una ventaja de unos siete puntos sobre los republicanos, y con el precio de los combustibles como una preocupación señalada de los votantes.

El propio Trump vinculó el anuncio a otros elementos de su política exterior energética, en concreto al control estadounidense del entorno del estrecho de Ormuz y a una advertencia reiterada a Irán sobre que "no tendrá un arma nuclear", presentando el conjunto como parte de una misma estrategia de presión sobre los mercados energéticos. Ninguna de las fuentes consultadas, sin embargo, explica con detalle técnico cómo se conecta esa referencia a Ormuz con el suministro concreto de diésel ruso, por lo que el artículo distingue aquí la cifra y la medida administrativa verificadas (el acuerdo de suministro y la licencia de OFAC) del marco discursivo más amplio que Trump usa para justificarlas.

Un elemento señalado explícitamente por Trump como caveat es que la entrega de los tramos mayores —el millón de toneladas y los hasta 3 millones adicionales— depende del "estado de las refinerías" rusas de diésel, una referencia indirecta, según la cobertura consultada, a los efectos de los ataques ucranianos contra infraestructura energética rusa a lo largo de 2026. Esto introduce una incertidumbre explícita sobre el calendario real de cumplimiento que va más allá de la licencia administrativa, que solo habilita el marco legal para que esas operaciones puedan producirse, sin garantizar por sí misma que Rusia disponga de capacidad de refino suficiente para completar los envíos anunciados.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski reaccionó ese mismo jueves calificando el acuerdo de "regalo" a Putin y de "debilidad evidente" en materia de sanciones, según recogen de forma independiente The Objective y el medio estadounidense Mediaite. En una declaración de cerca de 500 palabras difundida pocos minutos después del anuncio de Trump, Zelenski sostuvo que "cualquier flexibilización de las sanciones contra Rusia sin un acuerdo claro y duradero de desescalada constituye una debilidad evidente" y advirtió de que Rusia "devolverá" el diésel "con más terror y perfidia". El líder ucraniano vinculó explícitamente su respuesta al factor de las refinerías citado por Trump como condición para los tramos mayores del suministro, planteando una desescalada recíproca: "nuestros ataques contra las refinerías rusas de petróleo son la respuesta de Ucrania a la campaña de terror de años de Rusia contra nuestro sector energético. Ucrania no atacará instalaciones rusas de refino si Rusia no destruye nuestra infraestructura energética", afirmó, según la misma cobertura.

Horas después del anuncio, en la madrugada del 9 al 10 de octubre, drones atacaron la terminal de carga de petróleo de Yug Rusí —también conocida como NZNP, vinculada a la refinería de Novoshajtinsk— en el distrito de Zheleznodorozhny de Rostov del Don, según informaron de forma independiente Infobae, Kyiv Post y United24 Media. El gobernador regional, Yuri Slúsar, confirmó el ataque aéreo y el incendio posterior, y señaló que las defensas rusas habían interceptado al menos medio centenar de drones en la región entre la noche del viernes y la madrugada del sábado; también resultó dañado un puente ferroviario, lo que obligó a suspender el tráfico de trenes en ambas direcciones. La terminal, con una capacidad de manejo de unos 2,5 millones de toneladas anuales de productos petrolíferos destinados en parte a las fuerzas rusas y a la exportación, ya había sido blanco de ataques con drones en julio de 2026, según United24 Media.

Las fuentes consultadas sobre el ataque a Rostov del Don no coinciden en el balance de víctimas: Infobae atribuye al propio gobernador Slúsar la cifra de seis heridos, mientras que Kyiv Post y United24 Media, citando también declaraciones de Slúsar, recogen que no se registraron víctimas. Ninguna fuente consultada recoge, además, una reivindicación oficial ucraniana del ataque; la atribución a drones ucranianos procede de las autoridades regionales rusas y de la cobertura periodística, no de una declaración directa de Kiev. El artículo señala ambas ausencias —el desacuerdo sobre víctimas y la falta de reivindicación— en lugar de presentar una cifra o una autoría oficial como hechos cerrados.

El sábado 10 de octubre, un día después de la terminal de Rostov del Don y en el mismo hilo del acuerdo de diésel, Trump volvió a referirse a Ucrania en declaraciones recogidas de forma independiente por la agencia EFE (vía Emol) y por NBC News (vía Telemundo): "ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente" y "sugiero que consigan un nuevo líder que pueda llegar a un acuerdo", en referencia explícita a Zelenski. Trump responsabilizó al mandatario ucraniano de la subida del precio del diésel en EEUU y afirmó que a Kiev se le había dicho que "puedes hacer lo que quieras con Rusia, pero no ataques las refinerías", vinculando así su crítica directamente a la campaña ucraniana contra la infraestructura petrolera rusa.

La declaración de Trump sobre un "nuevo presidente" es una valoración política suya, no un hecho verificable de forma independiente: ningún organismo electoral ucraniano ni fuente oficial ha confirmado un proceso de sucesión en marcha, y Ucrania mantiene suspendidas las elecciones presidenciales por la ley marcial vigente desde la invasión rusa de 2022. Zelenski ya había respondido a la vertiente del acuerdo de diésel calificándolo de "injusto" e "impropio de un aliado", según recoge Emol/EFE, una formulación distinta pero consistente con su crítica previa de "regalo" a Putin ya documentada en este artículo.

El domingo 11 de octubre, un día después de pedir un "nuevo presidente" para Ucrania, Trump cambió de registro y escribió en Truth Social, según recogen de forma independiente Euronews, Cope y La Nación: "con efecto inmediato, hay una 'tregua energética' en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han aceptado. ¡No la rompan!", sin precisar fecha de inicio, duración ni mecanismo de verificación. Zelenski respondió que se trataba de "la primera noticia" que tenía del acuerdo, y según declaraciones recogidas por Axios y reproducidas por La Nación, pidió a Trump que precisara el calendario: "si el presidente Trump lo ha negociado con Putin, por favor díganos cuándo empieza el alto el fuego. Estamos preparados y lo aceptaremos", condicionando la adhesión ucraniana a que las fuerzas rusas detengan de forma efectiva sus propios ataques contra infraestructura energética, en línea con la desescalada recíproca que el propio Zelenski había planteado ya el 9 de octubre.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó a Zelenski tras el anuncio para expresar su respaldo a "una tregua que proteja el suministro mundial de alimentos y la infraestructura energética en Ucrania y Rusia", según recogió Euronews, situando a Bruselas como respaldo político del lado ucraniano antes de que exista confirmación rusa de los términos.

Horas después del anuncio de Trump, el propio domingo 11 de octubre, Zelenski denunció —según recogen de forma independiente Infobae y Gestión, citando declaraciones suyas a Axios y a la prensa— que fuerzas rusas bombardearon una planta energética en Kiev con un dron de fabricación iraní tipo 'Shahed' y atacaron instalaciones energéticas en la región de Járkov. "Todo esto ocurrió después de que el presidente de Estados Unidos hiciera su comunicado sobre un cese al fuego energético", afirmó Zelenski, según ambas fuentes, que coinciden en que el mandatario ucraniano reiteró su disposición a no atacar el sector energético ruso si Rusia hace lo mismo: "si los rusos aceptan un alto el fuego energético, Ucrania lo aceptará". Ni Infobae ni Gestión recogen cifras de víctimas de estos ataques concretos ni una respuesta o reivindicación oficial rusa sobre ellos.

Ninguna fuente consultada en la actualización del 12 de octubre recoge una confirmación oficial del Kremlin sobre el contenido exacto del acuerdo atribuido por Trump a ambas partes, ni una respuesta rusa a la denuncia de Zelenski sobre los ataques en Kiev y Járkov; el propio Euronews señala explícitamente que, al cierre de su información inicial, "Rusia aún no ha confirmado este posible acuerdo".

La falta de confirmación rusa se inserta en una condición que el Kremlin ya había planteado días antes: según Pravda Ukraine, Moscú exige un alivio de las sanciones occidentales como contrapartida a cualquier tregua limitada al sector energético, argumentando que un cese de ataques solo en ese ámbito perjudica de forma desproporcionada a Rusia. Esa exigencia rusa de sanciones a cambio de una tregua sectorial no ha sido vinculada explícitamente por ninguna fuente consultada al anuncio concreto de Trump del 11 de octubre, pero conecta directamente con la pregunta de si Moscú aceptará la desescalada recíproca que Zelenski exige desde el 9 de octubre a cambio de dejar de atacar refinerías rusas.

El frente interno estadounidense se activó el fin de semana del 11 de octubre: siete senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado —las republicanas Susan Collins (Maine) y Lisa Murkowski (Alaska), los republicanos Thom Tillis (Carolina del Norte) y John Curtis (Utah), y los demócratas Jeanne Shaheen (Nuevo Hampshire, miembro de mayor rango del partido en la comisión), Richard Blumenthal (Connecticut) y Ron Wyden (Oregón)— emitieron una declaración conjunta pidiendo a la Administración Trump que "revierta inmediatamente" el permiso para importar diésel ruso, según recogen de forma independiente The Hill, Kyiv Independent, Mediaite y la cobertura de agencia reproducida por The Spokesman-Review. "El Congreso prohibió explícitamente las importaciones de energía rusa en 2022 para evitar que dólares estadounidenses financien la brutal guerra de (el presidente ruso Vladímir) Putin contra Ucrania", afirmaron los senadores en su comunicado, según las cuatro fuentes citadas. "Estados Unidos no debe proporcionarle a Putin un salvavidas financiero mientras Rusia sigue matando a civiles ucranianos. La Administración debe revertir el rumbo de inmediato", añadieron.

El senador Tillis, republicano que no se presentará a la reelección, fue más allá en una entrevista en el programa 'Meet the Press' de NBC recogida por Mediaite y The Spokesman-Review: "Creo que hay un caso legítimo para decir que el presidente no está siguiendo la ley", declaró, calificando además la medida de tener "consecuencias letales". La formulación de Tillis —"creo que hay un caso legítimo"— es una valoración personal de un senador, no una determinación judicial ni un hallazgo oficial de ilegalidad, y se recoge aquí explícitamente como tal.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, respondió en una entrevista en Fox News, citada de forma independiente por The Spokesman-Review y por otras agencias: "Vamos a hacerlo con toda la autoridad legal que tenemos. Así que, ya saben, cualquiera en el Congreso que diga que una ley antigua o la actual ley Lindsey Graham nos lo prohíbe, se equivoca", en referencia a la 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026', firmada por Trump en septiembre de 2026. Bessent defendió además el fondo de la medida alegando que "es bueno para el pueblo estadounidense y ayudará a bajar los precios del diésel". Ninguna fuente consultada recoge una resolución judicial o un dictamen oficial que determine si el acuerdo de diésel infringe la ley de 2022 citada por los senadores, la ley Graham de 2026 citada por Bessent, o ninguna de las dos; el artículo presenta el enfrentamiento como una disputa política y jurídica abierta entre el Congreso y la Casa Blanca, no como un hecho judicial resuelto.

En conjunto, lo establecido por fuentes verificables de forma independiente tras esta actualización es que Trump anunció públicamente en Truth Social una "tregua energética" de efecto inmediato el 11 de octubre; que Zelenski respondió que no había sido informado previamente y que Ucrania la aceptará de forma condicionada a que Rusia detenga realmente sus ataques; que Von der Leyen respaldó políticamente la idea; que, horas después del propio anuncio, Zelenski denunció nuevos ataques rusos contra infraestructura energética en Kiev y Járkov, corroborados de forma independiente por Infobae y Gestión a partir de sus propias declaraciones; y que siete senadores bipartidistas del Senado de EE.UU. exigieron revertir el permiso de importación de diésel ruso citando la ley de 2022, una acusación de ilegalidad que el secretario del Tesoro, Bessent, rechazó públicamente invocando "toda la autoridad legal" disponible. Lo no resuelto, y que el artículo señala de forma explícita en lugar de presentar como un hecho cerrado, es si Rusia ha aceptado efectivamente los términos exactos que Trump atribuye al acuerdo, cuándo entraría en vigor realmente, qué mecanismo de verificación existiría, si el Kremlin mantiene su condición previa de alivio de sanciones como contrapartida, si responderá a la denuncia de nuevos ataques que, de confirmarse formalmente, contradirían la tregua anunciada, y cuál de las dos interpretaciones legales enfrentadas en Washington —la de los senadores o la de Bessent— prevalecerá.