La tasa de basuras dispara la brecha entre capitales españolas: hasta siete veces más cara en Valencia que en las ciudades más baratas

Una vivienda tipo en Valencia paga en torno a 287 y 293 euros al año de tasa de basuras, la cifra más alta entre las capitales de provincia españolas, según coinciden el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos de la Fundación ENT, recogido por El Español, y el ranking de ordenanzas municipales de Guía Fiscal para 2026. En el extremo opuesto, los análisis independientes sitúan a León en 43,80 euros y a Soria en 52,04 euros anuales para una vivienda estándar, mientras que un informe centrado en la ordenanza soriana describe una cuota fija de partida de 31 euros repartida en tres plazos trimestrales, con un mínimo de 42 euros y un máximo de 72 euros según la superficie de la vivienda. La diferencia entre el extremo superior e inferior del mapa fiscal de residuos llega a multiplicar por más de seis la factura de un hogar por el mismo servicio.

La disparidad no responde a un criterio único: según el estudio de la Fundación ENT citado por Infobae y por El Español, el 37,4% de los municipios analizados aplica una cuota fija combinada con otras variables, mientras que un tercio tiene en cuenta la ubicación de la vivienda, y porcentajes menores recurren a la superficie, el valor catastral, el número de habitantes o, en ciudades como Barcelona, el consumo de agua como referencia indirecta de la generación de residuos. La ausencia de un criterio estatal homogéneo explica que ciudades con perfiles demográficos similares puedan tener facturas muy distintas, y que la comparación entre 'la ciudad más cara' y 'la más barata' varíe según el modelo de vivienda tipo que use cada estudio.

La factura media por hogar también ha subido con fuerza: el informe de la Fundación ENT para el ejercicio 2025 cifra la cuota media nacional en 116,32 euros al año, un 16% más que el ejercicio anterior, en un contexto marcado por la reforma legal que obliga a los ayuntamientos a cubrir el coste íntegro del servicio de recogida y tratamiento de residuos a partir de abril de 2025. Pese a esa obligación, los propios datos de la Fundación ENT muestran que la recaudación agregada de los municipios no llega todavía al 100%: de un gasto estimado de 5.325 millones de euros en 2025, las tasas recaudaron unos 3.488 millones, el 65,5% del coste, frente al 57,7% registrado en 2022, cuando la recaudación fue de 2.278 millones de euros.

El resultado de ese desajuste, señalan los mismos informes, es que buena parte de los ayuntamientos sigue sin cumplir la exigencia legal de cobertura total y arrastra un déficit estructural en la gestión de residuos, que en algunos casos se compensa con otras partidas del presupuesto municipal. La organización de consumidores OCU ha alertado en paralelo de que no todas las ordenanzas cumplen con los requisitos de la ley, lo que ha derivado en reclamaciones de vecinos en distintos municipios por el método de cálculo empleado.

Los ayuntamientos alegan que factores como el coste del transporte a las plantas de tratamiento, la dispersión de la población o las inversiones en separación de residuos orgánicos explican buena parte de las diferencias territoriales, pero los analistas consultados insisten en que la falta de una metodología común dificulta comparar el coste real del servicio entre ciudades y evaluar si las tasas más altas, como la de Valencia, están justificadas por un mayor coste de gestión o simplemente reflejan un diseño fiscal distinto.