EE.UU. amplía la imputación contra Maduro y Cilia Flores con un cargo de conspiración para cometer tortura

La Fiscalía de Estados Unidos anunció el 8 de octubre de 2026 que un gran jurado en Manhattan presentó un escrito de acusación sustitutivo contra Nicolás Maduro Moros, de 63 años, y su esposa, Cilia Adela Flores de Maduro, de 69, que añade un cargo de conspiración para cometer tortura a los que ya enfrentaban por narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra. El anuncio corresponde a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) y a la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia (DOJ), que hicieron público el documento ese mismo jueves.

Según el escrito, revisado por agencias como EFE y recogido también por Infobae, El Mundo, Diario Público, La Voz de Galicia y ABC, la Fiscalía sostiene que Maduro y Flores llevaron a cabo durante más de dos décadas una estrategia de represión para silenciar a la disidencia y mantenerse en el poder, que habría incluido descargas eléctricas, asfixia simulada, violencia sexual, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimento y amenazas contra familiares de los detenidos. El documento señala que al menos tres ciudadanos estadounidenses figuran entre las víctimas de estas prácticas, en un caso que involucra a más de una decena de personas detenidas arbitrariamente durante el mandato de Maduro, según la propia Fiscalía.

Es importante distinguir lo que es un hecho procesal establecido de lo que continúa siendo una alegación no probada en juicio: la presentación de cargos no constituye una condena, y Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos previos; sus abogados no habían presentado aún una declaración formal sobre el nuevo cargo de tortura en el momento de redactar esta información. El abogado de Maduro, Barry Pollack, dijo que "el presidente Maduro niega los cargos de la nueva acusación y espera con interés el día de su juicio", según declaraciones recogidas por medios como CNN en Español.

El director del FBI, Kash Patel, relacionó la nueva imputación con la operación policial que llevó a la detención de Maduro en enero de 2026, descrita por el Departamento de Justicia como una "transferencia de custodia" desde Venezuela a territorio estadounidense. Maduro y Flores llevan desde entonces, más de nueve meses, recluidos en Nueva York mientras avanza el proceso, que según informaciones de CNN en Español tiene previsto ir a juicio en junio de 2027. Sus abogados han planteado además una moción para pedir la desestimación de la causa alegando que, en el momento de su detención, Maduro gozaba de inmunidad como jefe de Estado y Flores como primera dama; ese argumento sigue sin resolverse.

La acusación de tortura no surge en el vacío: organizaciones independientes de derechos humanos han documentado durante años patrones de maltrato en centros de detención venezolanos. Human Rights Watch, en un informe conjunto con Cristosal basado en entrevistas a decenas de personas detenidas, y Amnistía Internacional han descrito golpizas sistemáticas, violencia sexual y otras formas de maltrato que, según ambas organizaciones, constituyen tortura bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Estos informes no se refieren específicamente a responsabilidad penal individual de Maduro o Flores —algo que corresponde determinar al proceso judicial en curso—, pero sí respaldan de forma independiente el patrón de abusos que la Fiscalía estadounidense describe en su escrito.

El caso se tramita en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. El cargo de conspiración para cometer tortura contempla una pena máxima de 20 años de prisión, que se suma a los cargos previos de conspiración para el narcoterrorismo (mínimo de 20 años y máximo de cadena perpetua), importación de cocaína (mínimo de 10 años y máximo de cadena perpetua) y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos (mínimo de 30 años y máximo de cadena perpetua).

El traslado de Maduro y Flores a EE.UU. en enero de 2026 marcó el desenlace de más de una década de presión judicial estadounidense sobre el chavismo: desde 2020, Washington ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares —elevada después a 25 millones— por información que condujera a la captura de Maduro, al que ya acusaba entonces de narcoterrorismo junto a otros antiguos altos cargos venezolanos. La operación de enero, calificada por el Departamento de Justicia como una "transferencia de custodia", se produjo en un contexto de fuerte presión militar y diplomática de Washington sobre Caracas, y supuso el fin de facto del Gobierno de Maduro en Venezuela, sin que EE.UU. haya reconocido hasta ahora una autoridad sustituta clara en el país.

La Fiscalía de Nueva York defendió específicamente el nuevo cargo describiendo algunas de las prácticas denunciadas, como las amenazas contra familiares de los detenidos mientras estos permanecían incomunicados, como "una forma de tortura psicológica", según recogió Infobae citando el escrito judicial. Esta caracterización forma parte de la argumentación de la propia acusación y, como el resto del escrito, deberá sostenerse con pruebas en el juicio; no equivale a una determinación judicial ya alcanzada. El caso se suma así a otros procesos recientes contra antiguos funcionarios chavistas en tribunales estadounidenses, en los que la Fiscalía ha recurrido a testimonios de víctimas y desertores para sostener acusaciones de abusos sistemáticos vinculados al aparato de seguridad del Estado venezolano.

Mientras el proceso avanza hacia el juicio previsto para junio de 2027, ni el Gobierno de facto que opera en Venezuela tras la salida de Maduro ni organismos regionales como la Organización de los Estados Americanos se han pronunciado todavía de forma oficial sobre este nuevo cargo, más allá de las reacciones puntuales recogidas por la prensa venezolana e internacional. La causa, que combina narcotráfico, terrorismo, armas y ahora tortura, se ha convertido en el principal mecanismo de rendición de cuentas judicial de EE.UU. frente a dos décadas de chavismo, en paralelo a los pasos políticos que se den en Venezuela tras la detención de su máximo líder.