El Consejo de Ministros aprobó el 20 de octubre dos reales decretos con 225 millones en subvenciones para vivienda asequible: 180 millones para comunidades con zonas de mercado residencial tensionado, de los que Cataluña recibirá 119,4 millones, y 45 millones para 2.000 plazas de alojamiento universitario.
El Ejecutivo distribuye 180 millones de euros entre las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, con Cataluña como principal beneficiaria al concentrar dos tercios del reparto. El Consejo de Ministros aprobó el 20 de octubre dos reales decretos con 225 millones en subvenciones para vivienda asequible: 180 millones para comunidades con zonas de mercado residencial tensionado, de los que Cataluña recibirá 119,4 millones, y 45 millones para 2.000 plazas de alojamiento universitario. En la práctica: El reparto beneficia directamente a los ayuntamientos y promotores públicos de las zonas declaradas tensionadas, principalmente en Cataluña, y amplía los instrumentos financieros disponibles para intervenir en el mercado de alquiler más allá de la limitación de precios.
Bloques de pisos en el Ensanche de Vallecas (Madrid), una imagen de archivo de vivienda residencial en España usada como ilustración contextual.
Foto: Asqueladd / Wikimedia Commons · Licencia: CC BY-SA 3.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
El Consejo de Ministros aprobó el martes 20 de octubre dos reales decretos que suman 225 millones de euros en ayudas directas para vivienda asequible, según confirmaron de forma coincidente idealista/news, Infobae, The Objective y otros medios que tuvieron acceso al texto aprobado. El grueso, 180 millones de euros, se reparte entre las comunidades autónomas que han declarado oficialmente zonas de mercado residencial tensionado, un mecanismo previsto en la Ley de Vivienda para limitar las subidas de alquiler en áreas con fuerte presión de precios.
De ese total, Cataluña concentra 119,4 millones de euros, aproximadamente el 66% del reparto, para actuar en 271 municipios catalanes declarados zona tensionada. El resto se distribuye entre el País Vasco (31 millones para 18 municipios), Navarra (13,3 millones en 21 municipios), Galicia (10,2 millones en dos municipios) y Asturias (5,9 millones en cinco municipios). Según el Ministerio de Vivienda, el criterio de reparto combina la población afectada por la declaración de zona tensionada y el esfuerzo que las familias dedican al pago del alquiler, de forma que la financiación es mayor en los territorios con más población afectada y mayores dificultades para afrontar la renta.
Los fondos podrán destinarse a la promoción o rehabilitación de vivienda para alquiler social o asequible, la compra de viviendas ya construidas, la financiación de suelo con aprovechamiento residencial o la cobertura de impagos de renta a propietarios. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió la medida como respuesta a "un problema que requiere soluciones extraordinarias", en referencia a la tensión del mercado del alquiler en varias regiones españolas.
El segundo decreto, dotado con 45 millones de euros, financiará la creación de unas 2.000 plazas de alojamiento universitario asequible repartidas en siete proyectos en seis comunidades autónomas, dentro de la misma estrategia del Gobierno de ampliar la oferta de vivienda pública y asequible fuera del mercado libre. Madrid, que no ha declarado zonas de mercado tensionado bajo los criterios de la ley estatal, no figura entre las comunidades beneficiarias del primer decreto, un hecho señalado por varios medios como contraste político dado que es una de las regiones con mayores tensiones de precios de alquiler.
El Gobierno ya había aprobado partidas previas para zonas tensionadas desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en 2023, en un contexto de subidas sostenidas del alquiler en España.
El reparto beneficia directamente a los ayuntamientos y promotores públicos de las zonas declaradas tensionadas, principalmente en Cataluña, y amplía los instrumentos financieros disponibles para intervenir en el mercado de alquiler más allá de la limitación de precios.
La medida se enmarca en la Ley de Vivienda de 2023, que permite a las comunidades autónomas declarar zonas de mercado residencial tensionado para aplicar topes al alquiler y acceder a ayudas estatales específicas. Cataluña fue una de las primeras comunidades en activar estas declaraciones de forma extensa.
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