Foment del Treball cifra en 21.890 millones el coste anual de la complejidad fiscal española

Foment del Treball, la patronal catalana, presentó el 5 de noviembre en Madrid un informe elaborado por la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES) que cifra en 21.890 millones de euros anuales el impacto económico positivo de reducir la complejidad del sistema fiscal español hasta situarlo en la media de la Unión Europea, una cantidad equivalente a aproximadamente el 1,3% del PIB.

El estudio sitúa a España en el puesto 24 de 27 países de la UE en el Tax Complexity Index (índice de complejidad tributaria) correspondiente a 2024, por delante únicamente de Lituania, Eslovenia y Polonia. El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, resumió el diagnóstico con una frase: "Estamos a la cola en complejidad y competitividad".

Según el desglose del informe, la cifra de 21.890 millones se compone de dos partidas: unos 11.500 millones procederían del ahorro directo de costes de cumplimiento para las empresas, y otros 10.440 millones de inversión empresarial inducida, al estimarse que una menor complejidad normativa elevaría en un 5% la inversión en capital productivo e intangible. El propio estudio plantea un escenario más ambicioso —si España pasara a liderar la UE en simplicidad fiscal— que elevaría el impacto hasta 34.630 millones, un 2,05% del PIB, aunque esta cifra depende de supuestos más exigentes que el de la convergencia con la media comunitaria.

El coordinador del informe, Juan Costa Climent, ex secretario de Estado de Hacienda, defendió la necesidad de revisar las áreas de mayor complejidad normativa, avanzar hacia una política fiscal más predecible y reequilibrar la relación entre contribuyentes y administración. Entre las medidas propuestas figuran también un mayor acceso a la información para la toma de decisiones empresariales.

Sánchez Llibre pidió "un gran pacto por la seguridad jurídica y la reducción de la complejidad tributaria" y anunció que el estudio se remitirá el mismo día a todos los partidos con representación parlamentaria, así como a la CEOE, con el objetivo declarado de que las propuestas se incorporen a la agenda de la próxima legislatura. El dirigente empresarial fue explícito sobre el calendario político: "Lo que pretendemos es que esto se pueda poner en marcha en la próxima legislatura gane quien gane", en referencia a las elecciones generales del 29 de noviembre.

El informe llega en plena campaña electoral, lo que sitúa sus conclusiones —y la cifra de impacto que las acompaña— en un terreno de interés político además de económico. Las estimaciones proceden de un estudio encargado por una organización empresarial con intereses directos en la reducción de la carga regulatoria y fiscal sobre las compañías, un dato relevante para contextualizar sus conclusiones: se trata de una proyección basada en modelos económicos y en comparativas de índices internacionales, no de datos oficiales de ejecución presupuestaria ni de una evaluación independiente del Ministerio de Hacienda.

Ni el Gobierno en funciones ni el Ministerio de Hacienda han hecho declaraciones públicas sobre el informe hasta el momento de esta publicación. Queda por ver qué partidos, si alguno, incorporan las recomendaciones de Foment a sus programas antes de la jornada electoral del 29 de noviembre, y si el próximo Ejecutivo —de la composición que resulte de esas elecciones— asume alguno de los compromisos que reclama la patronal catalana.