La CNMC ha informado favorablemente el proyecto de orden que pone fin a la obligación exclusiva de Telefónica de prestar el servicio universal de telecomunicaciones a partir del 1 de enero de 2027. El decreto, aún pendiente de publicación en el BOE, reparte la obligación entre varios operadores y eleva la velocidad mínima garantizada de 10 a 100 Mbps.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informó favorablemente el 14 de octubre el proyecto de orden que termina con la designación exclusiva de Telefónica como prestadora del servicio universal de internet fijo y telefonía en toda España, una obligación que la compañía arrastra desde hace 28 años. El cambio, previsto para el 1 de enero de 2027, reparte la obligación entre varios operadores y eleva la velocidad mínima garantizada, aunque el decreto definitivo aún no se ha publicado en el BOE. La CNMC ha informado favorablemente el proyecto de orden que pone fin a la obligación exclusiva de Telefónica de prestar el servicio universal de telecomunicaciones a partir del 1 de enero de 2027. El decreto, aún pendiente de publicación en el BOE, reparte la obligación entre varios operadores y eleva la velocidad mínima garantizada de 10 a 100 Mbps.
Torre de telecomunicaciones en Huelva. Imagen de archivo ilustrativa de las infraestructuras de telecomunicaciones en España, sin relación directa con una instalación concreta de Telefónica.
Foto: Jose A. (sky_hlv), Wikimedia Commons, CC BY 2.0 · Licencia: CC BY 2.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) hizo público el 5 de noviembre de 2026 su informe favorable, fechado el 14 de octubre, sobre el proyecto de orden ministerial (expediente IPN/CNMC/048/26) que determina el cese de la obligación de servicio público que recae sobre Telefónica España como única prestadora del servicio universal de telecomunicaciones.
Telefónica, a través de su marca Movistar, es la operadora designada para garantizar acceso a internet fijo y telefonía básica en todo el territorio español desde 1998, incluidas las zonas rurales donde el despliegue comercial de fibra no resulta rentable para otros operadores. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública planteó en su proyecto de orden, sometido a consulta pública hasta el 22 de octubre, poner fin a esa designación en exclusiva a partir del 1 de enero de 2027.
Según la CNMC, el cambio se justifica porque España cuenta ya con un "excelente nivel de cobertura" de redes de fibra óptica y 5G que hace innecesaria la figura de un operador único obligado: la fibra alcanza al 95,92% de los hogares (un 86% en zonas rurales) y el 5G cubre al 99% de la población, de acuerdo con los datos recogidos en el expediente y recogidos también por medios especializados como Xataka.
El servicio universal como tal no desaparece: lo que se elimina es la obligación de que sea Telefónica, en solitario, quien lo preste. A partir de la entrada en vigor del nuevo marco, cualquier operador con cobertura en una zona —Orange, Vodafone, DIGI o la propia Telefónica— podrá asumir la prestación del servicio mínimo garantizado dentro de su área, repartiendo así una carga que hasta ahora recaía en un único operador designado.
El proyecto de orden, combinado con el proyecto de real decreto que regula el servicio universal (IPN/CNMC/018/26, también informado favorablemente por la CNMC), eleva además las exigencias mínimas: la velocidad de descarga pasa de 10 a 100 Mbps y se fija una velocidad de subida de 5 Mbps, con un plazo máximo de instalación de 30 días, lo que según varios medios convertiría a España en el primer país europeo con ese umbral mínimo de velocidad en su servicio universal.
Las tarifas sociales se mantienen: la CNMC avaló un descuento mínimo del 25% para los beneficiarios vinculados al Ingreso Mínimo Vital, y Telefónica conserva específicamente la obligación de seguir aplicando el descuento social a sus actuales beneficiarios, jubilados y pensionistas de renta baja ya acogidos al mismo.
El organismo regulador recordó en su informe la importancia de aprobar la nueva regulación del servicio universal "antes de que finalice 2026" para que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027, y subrayó que seguirá supervisando la disponibilidad efectiva de estos servicios en todo el territorio nacional, con mecanismos de compensación en caso de incumplimiento por parte de los operadores.
A fecha de esta información, el proyecto de orden y el proyecto de real decreto que lo acompañan siguen pendientes de aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE); el calendario depende de que el Ministerio para la Transformación Digital complete la tramitación antes de fin de año, por lo que la fecha de entrada en vigor del 1 de enero de 2027 podría verse afectada si el proceso se retrasa.
La obligación de servicio universal de telecomunicaciones en España recae en Telefónica desde 1998. La CNMC ya había instado en enero de 2026 a actualizar el servicio universal para garantizar velocidades más altas, y en julio de 2026 avaló una primera versión de la reforma antes de emitir este informe definitivo sobre el proyecto de orden.
El cambio afecta sobre todo a zonas rurales y núcleos pequeños donde el despliegue comercial de fibra no resulta rentable: en lugar de depender de un único operador designado, varios operadores compartirán la obligación de garantizar el servicio mínimo, con una velocidad de descarga que se multiplica por diez (de 10 a 100 Mbps).
Telefónica ha sido la prestadora exclusiva del servicio universal de telecomunicaciones en España desde 1998. El cambio se enmarca en una revisión más amplia de la regulación del sector impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que incluye un proyecto de real decreto paralelo sobre el régimen del servicio universal.
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