El Ministerio de Vivienda da hasta el 4 de noviembre para recoger alegaciones sobre la Affordable Housing Act que Bruselas presentó en septiembre para frenar la crisis de acceso a la vivienda.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha abierto un plazo de alegaciones hasta el 4 de noviembre para que ciudadanos, empresas, asociaciones y administraciones aporten observaciones sobre la futura Affordable Housing Act europea, el reglamento que la Comisión Europea presentó el 9 de septiembre para intentar frenar la crisis de acceso a la vivienda en el continente. El Ministerio de Vivienda da hasta el 4 de noviembre para recoger alegaciones sobre la Affordable Housing Act que Bruselas presentó en septiembre para frenar la crisis de acceso a la vivienda. En la práctica: El resultado de la consulta condicionará la postura negociadora española sobre un reglamento que, de aprobarse, daría a comunidades autónomas y ayuntamientos nuevas herramientas para limitar pisos turísticos, viviendas vacías y compra de segundas residencias en zonas tensionadas, aunque sin imponer topes directos al alquiler.
Nuevos bloques de viviendas en Astorga (León). Imagen de archivo usada como ilustración genérica de vivienda residencial en España.
Foto: Rodelar (Rubén Ojeda) / Wikimedia Commons · Licencia: CC BY-SA 3.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha abierto una consulta pública sobre la propuesta de Affordable Housing Act (Ley Europea de Vivienda Asequible) con la que la Comisión Europea pretende dotar a los Estados miembros de un marco común para mejorar el acceso y la disponibilidad de vivienda. El plazo para presentar alegaciones a través del formulario habilitado por el departamento que dirige la cartera de Vivienda se cierra el 4 de noviembre de 2026.
Las aportaciones recibidas servirán para definir la posición negociadora de España ante las instituciones europeas y alimentarán el Estudio de Impacto de la Propuesta Legislativa Europea (EIPLE), el análisis con el que el Gobierno valora las consecuencias de la futura norma antes de fijar postura en el Consejo de la UE.
La Comisión Europea adoptó la propuesta de reglamento el 9 de septiembre de 2026, dentro del Plan Europeo de Vivienda Asequible presentado el 16 de diciembre de 2025. Bruselas justifica la iniciativa en que, según sus propios datos, el 51% de los europeos que viven en ciudades consideran la vivienda un problema inmediato y urgente en su lugar de residencia.
El texto propuesto no fija topes al precio del alquiler, pero sí obliga a los Estados miembros a incrementar la oferta de vivienda asequible y establece una metodología común para identificar las llamadas 'áreas bajo presión habitacional'. En esas zonas tensionadas, los gobiernos nacionales y regionales podrían restringir los alquileres de corta duración, las viviendas vacías y la compra de segundas residencias, siempre que las medidas sean proporcionadas, temporales y con un límite máximo de cinco años, sin efecto retroactivo.
El Ministerio ha abierto la participación a personas físicas, empresas, asociaciones, entidades del tercer sector, administraciones públicas y profesionales del sector residencial, que pueden remitir observaciones sobre la subsidiariedad de la norma, su reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros, el efecto sobre las administraciones públicas de vivienda y el impacto económico y social sobre la ciudadanía y el mercado inmobiliario.
La propuesta no está exenta de división en España. Jaime Pérez Luque, único representante español en el Comité Consultivo de Vivienda de la UE, se ha mostrado a favor de eliminar los controles de alquiler y de crear fondos de movilidad residencial, pero se opone a las restricciones sobre pisos turísticos y segundas residencias, por su posible impacto económico negativo y su posible choque con los principios de mercado único de la UE. El eurodiputado ponente del Parlamento Europeo, Borja Giménez Larraz, ha expresado reservas similares sobre la solidez jurídica de la propuesta.
La Affordable Housing Act no es todavía derecho vigente: tras el cierre de la consulta española, el texto deberá negociarse entre el Parlamento Europeo y el Consejo, que pueden modificar su contenido antes de una aprobación definitiva. La consulta española se inserta en ese proceso previo, en un contexto en el que la vivienda se ha consolidado como una de las principales preocupaciones sociales y políticas tanto en España como en el resto de la Unión Europea.
16 de diciembre de 2025: la Comisión presenta el Plan Europeo de Vivienda Asequible. 9 de septiembre de 2026: la Comisión adopta la propuesta de Affordable Housing Act. 30 de octubre de 2026: España abre su consulta pública nacional, con plazo hasta el 4 de noviembre de 2026.
El resultado de la consulta condicionará la postura negociadora española sobre un reglamento que, de aprobarse, daría a comunidades autónomas y ayuntamientos nuevas herramientas para limitar pisos turísticos, viviendas vacías y compra de segundas residencias en zonas tensionadas, aunque sin imponer topes directos al alquiler.
La iniciativa llega en plena crisis de acceso a la vivienda en España, con medidas nacionales previas como las zonas de mercado residencial tensionado de la Ley de Vivienda, y se enmarca en el Plan Europeo de Vivienda Asequible que la Comisión presentó en diciembre de 2025.
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