El ministro Ángel Víctor Torres eleva a 11.026 los retornos y expulsiones desde agosto tras el desalojo de la playa del Trampolín, mientras varios de los desalojados aseguran a eldiario.es que fueron engañados y que la policía les impidió pedir asilo, y el Defensor del Pueblo mantiene abiertas varias actuaciones por la crisis.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confirmó este jueves que 11.026 personas han regresado a Marruecos o han sido expulsadas desde agosto, un salto de casi 2.800 en apenas diez días tras el desalojo de la playa del Trampolín. El Gobierno insiste en que la inmensa mayoría de los retornos son voluntarios, pero varios de los desalojados aseguran que fueron forzados y que no pudieron solicitar protección internacional, mientras el Defensor del Pueblo mantiene abiertas varias actuaciones desde agosto y la crisis sigue alimentando la disputa política en la ciudad autónoma. El ministro Ángel Víctor Torres eleva a 11.026 los retornos y expulsiones desde agosto tras el desalojo de la playa del Trampolín, mientras varios de los desalojados aseguran a eldiario.es que fueron engañados y que la policía les impidió pedir asilo, y el Defensor del Pueblo mantiene abiertas varias actuaciones por la crisis.
La valla que separa Ceuta de Marruecos, escenario de la crisis migratoria abierta en julio de 2026.
Foto: Xemenendura / Wikimedia Commons · Licencia: CC BY-SA 3.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, informó este jueves de que 11.026 migrantes han abandonado Ceuta rumbo a Marruecos desde el inicio de la crisis en agosto, de los cuales 10.513 lo hicieron, según el Gobierno, de forma voluntaria y 513 fueron expulsados formalmente. La cifra supone un incremento de 2.783 salidas respecto al balance del 29 de septiembre, el mayor repunte semanal desde que arrancó el operativo, y consolida el relato oficial de que la crisis abierta en julio avanza hacia su resolución.
Gran parte de ese salto se explica por el desalojo de la playa del Trampolín, ejecutado entre el domingo 4 y el lunes 5 de octubre, que permitió, según el ministerio, el regreso a Marruecos de 1.813 personas hasta la mañana del martes. Torres admitió además que continúan localizándose e identificándose personas que permanecen ocultas en montes, viviendas y barriadas de la ciudad autónoma, sin ofrecer una cifra aproximada de cuántas podrían quedar pendientes ni un calendario para completar esa localización.
La crisis se remonta al 30 y 31 de julio de 2026, cuando más de 70.000 personas cruzaron de forma irregular la frontera entre Marruecos y Ceuta en un episodio excepcional por su volumen, muy superior a otras crisis fronterizas previas en la ciudad autónoma. Desde entonces el Gobierno ha mantenido un dispositivo de emergencia que ha ampliado la red de centros de acogida de dos a diez instalaciones, con capacidad superior a las 7.000 plazas, y que ha completado 4.039 cribados a adultos y derivado a 2.827 menores al sistema autonómico de protección.
El relato oficial choca, sin embargo, con los testimonios recogidos por eldiario.es entre marroquíes desalojados del Trampolín, que niegan que su retorno fuera voluntario. Una docena de ellos, ya en Marruecos, aseguraron al medio que agentes les dijeron que serían trasladados a un centro de acogida si subían a los autobuses y que, una vez en ellos, fueron llevados directamente a la frontera; varios afirman que intentaron pedir asilo y no se les permitió formalizar la solicitud. Según estas fuentes, hasta esa fecha el propio equipo de coordinación de la crisis situaba en unos 9.000 los retornos voluntarios desde el 10 de agosto, con cerca de 1.200 cruces adicionales atribuidos específicamente al desalojo del Trampolín, cifras que no coinciden exactamente con el balance agregado ofrecido después por Torres.
La Policía Nacional identificó además entre los desalojados a varios militares marroquíes en activo, que reconocieron su condición y alegaron temor a represalias en su país para justificar su resistencia a cruzar la frontera, según informó El Español; finalmente varios de ellos cruzaron igualmente, presentándose como desertores, en episodios que distintos medios locales de Ceuta describieron como poco convincentes y que alimentan dudas adicionales sobre el grado real de voluntariedad de los retornos masivos.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, abrió una actuación de oficio el 13 de agosto y visitó Ceuta entre el 1 y el 3 de octubre, recorriendo el hospital universitario, el asentamiento del Trampolín y una carpa habilitada para mujeres junto a la mezquita de Sidi Em Barek. Según Público, la institución ha recibido "numerosas quejas" de vecinos y migrantes y ha reclamado protección "urgente" para los menores no acompañados, mientras el Defensor del Pueblo Andaluz ha alertado sobre el riesgo de manipulación política en torno a esos menores, en un contexto en el que ninguna de las dos instituciones ha publicado todavía conclusiones sobre el trato dado durante los desalojos.
La crisis sigue además alimentando la confrontación política en la ciudad autónoma: Vox ha exigido al alcalde del PP, Juan Jesús Vivas, medidas urgentes y ha reclamado la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso y el cierre efectivo de la frontera, mientras el Gobierno local de Vivas ha calificado la situación de "crisis humanitaria" y ha rechazado el paquete de medidas de choque propuesto por Vox, según Moncloa.com. Tanto PP como Vox han vinculado el aumento de llegadas a la regularización extraordinaria de migrantes aprobada meses antes por el Ejecutivo central, una conexión que el Gobierno no ha confirmado ni desmentido explícitamente.
El Gobierno defiende que el operativo sigue criterios de discreción y seguridad y que continuará hasta aclarar la situación de todas las personas afectadas antes de la visita real prevista para el 13 de octubre. Torres remarcó que "la voluntad del Gobierno de España es que todo salga a la luz", sin precisar un calendario de cierre definitivo de la crisis ni una cifra sobre cuántas personas permanecen sin localizar en montes, viviendas o barriadas de la ciudad.
La discrepancia entre el relato gubernamental, que describe un operativo ordenado y mayoritariamente voluntario, y los testimonios de varios afectados, que hablan de engaño y de obstáculos para pedir asilo, deja abierta una cuestión no resuelta: hasta qué punto las cifras de "retorno voluntario" reflejan decisiones libres o presiones de facto sobre personas con escasas alternativas. Ninguna de las dos versiones ha sido verificada de forma independiente por un organismo de control migratorio ajeno al propio Gobierno, y las actuaciones abiertas por el Defensor del Pueblo siguen en curso sin conclusiones publicadas, lo que mantiene la crisis de Ceuta como un asunto políticamente sensible de cara a la visita real del 13 de octubre.
El operativo de retornos se intensificó progresivamente desde agosto, con balances parciales ofrecidos por el Gobierno a finales de septiembre (unos 8.200 según el equipo de coordinación de la crisis) y principios de octubre, hasta el salto registrado tras el desalojo del Trampolín.
El Defensor del Pueblo abrió su actuación de oficio el 13 de agosto, poco después del inicio de la crisis, y la ha mantenido activa durante todo el operativo de retornos.
La cifra afecta directamente al cierre político de la crisis migratoria de Ceuta abierta en julio, con una visita real programada para el 13 de octubre.
El caso condiciona el debate sobre el trato a los migrantes y el acceso real al procedimiento de asilo en la frontera sur, con el Defensor del Pueblo como instancia de supervisión activa y la disputa entre PP y Vox como telón de fondo político local.
La crisis se originó el 30 y 31 de julio de 2026 con la entrada irregular de más de 70.000 personas en Ceuta, un volumen excepcional respecto a crisis fronterizas anteriores.
Desde entonces el Gobierno ha ampliado la red de centros de acogida de 2 a 10 instalaciones y ha mantenido operativos periódicos de identificación y retorno, de los que el desalojo de la playa del Trampolín a principios de octubre ha sido el más numeroso hasta la fecha.
PP y Vox han disputado desde el principio la calificación de la crisis, con el Gobierno local del PP hablando de 'crisis humanitaria' y Vox reclamando el cierre de la frontera y medidas de choque adicionales.
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