Dos mandos policiales declaran ante la jueza de la Audiencia Nacional que vieron buques marroquíes y agentes de Marruecos guiando a los migrantes antes de la entrada masiva en Ceuta

El teniente coronel Miguel Lobo, jefe de Operaciones de la Guardia Civil en Ceuta, y Lorenzo Juan Fagés, entonces inspector jefe de la Policía Nacional en la ciudad, declararon este lunes ante la jueza María Tardón, titular de un juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional, en el marco de la causa abierta por la entrada masiva de migrantes registrada el 30 de julio de 2026 en la frontera del Tarajal. Según informó Europa Press, ambos mandos aseguraron que la noche anterior al suceso observaron buques marroquíes frente a la costa ceutí y que, al día siguiente, vieron a agentes del país vecino guiando a los migrantes hacia la ciudad autónoma.

De acuerdo con la reconstrucción de Vozpópuli y The Objective a partir de la vista judicial, Lobo precisó que detectó seis embarcaciones marroquíes en el límite de aguas territoriales la víspera del asalto: dos interceptoras, dos patrulleras y dos unidades menores. El mando de la Guardia Civil dijo haber interpretado inicialmente esa presencia como una labor de vigilancia rutinaria por parte marroquí, una lectura que, según relató, cambió por completo a la vista de lo sucedido horas después. Lobo situó además el ritmo de entrada durante el momento álgido del asalto en hasta 5.000 personas por hora, una estimación recogida por El Español que no ha sido corroborada por ninguna otra fuente consultada y que este texto atribuye explícitamente a su testimonio, no a un recuento oficial verificado.

Fagés, por su parte, declaró —según la crónica de El Español— que durante el asalto del 30 de julio observó a individuos marroquíes, tanto uniformados como de paisano, facilitando activamente el paso de migrantes hacia territorio español. El ex inspector jefe calificó la situación vivida ese día como una "barbaridad" y afirmó que no participó en ninguna reunión de coordinación ni recibió órdenes o alertas previas por parte de sus superiores.

Ambos testigos coincidieron en que no existió una instrucción gubernamental clara durante la crisis y que las decisiones operativas más relevantes, como la apertura de la verja fronteriza del Tarajal, se tomaron sobre el terreno. Lobo asumió ante la jueza que la decisión de abrir la valla fue suya, adoptada para evitar que los migrantes se arrojaran al mar en un punto peligroso de la costa, y afirmó que la Delegación del Gobierno no le dio instrucciones en sentido contrario. Según la crónica de The Objective, esa apertura generó un enfrentamiento con Fagés, que pretendía mantener cerrado el paso.

La jueza Tardón, según recoge The Objective, ya había preguntado previamente al Ministerio de Defensa si tenía constancia de la presencia de buques marroquíes la jornada anterior a la entrada masiva, en el marco de una hipótesis judicial que apunta a un posible proceso organizado desde el lado marroquí y no a una afluencia espontánea. El testimonio de Lobo, con el detalle de las seis embarcaciones, se presenta en esa cobertura como un elemento que refuerza, de momento como indicio y no como conclusión, esa línea de la instrucción.

Ninguna de las crónicas consultadas recoge una respuesta oficial de las autoridades marroquíes a las acusaciones de que agentes de ese país facilitaran el paso de migrantes o de que sus buques estuvieran al corriente de la operación. Se trata, por el momento, de declaraciones testificales bajo juramento ante la jueza instructora, no de hechos acreditados judicialmente ni de una conclusión firme de la Audiencia Nacional, que continúa instruyendo la causa.

El episodio se suma a otras piezas de la instrucción sobre la jornada del 30 de julio, en la que, según ambos mandos, apenas una veintena de agentes de la Policía Nacional y media docena de guardias civiles custodiaban ese tramo de la frontera en el momento del asalto, un dato que ambos esgrimieron para explicar la dificultad de contener la entrada con los medios desplegados ese día.

La causa, según detalla EsDiario, se instruye por un posible delito contra la paz e independencia del Estado, una calificación jurídica que encuadra la investigación sobre si hubo un proceso organizado y qué información manejaban las autoridades españolas antes del 30 de julio, sin que ello implique que ese delito esté acreditado. Tardón ha pedido reconstruir las comunicaciones y reuniones mantenidas entre los días 27 y 30 de julio, así como informes militares, imágenes de dron y grabaciones de los sistemas de vigilancia fronteriza.

La ronda de comparecencias no se agota en los dos mandos policiales. Según EsDiario y Asturias24, este martes 27 de octubre estaba previsto que declararan ante la jueza tres consejeros del Gobierno de Ceuta —Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez— y, un día después, tres agentes de la Policía Nacional que estuvieron de servicio durante la crisis; el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ya había declarado con anterioridad. EsDiario añade que informes de inteligencia apuntan a que las autoridades marroquíes tenían conocimiento previo de concentraciones de migrantes junto a la frontera, sin que ello implique, según esa misma información, que Marruecos esté acusado de organizar directamente la entrada masiva; se trata de una vía de investigación distinta y más cautelosa que la acusación directa contra agentes marroquíes concretos que relataron Lobo y Fagés en su declaración.

La causa de la Audiencia Nacional sigue abierta y no se ha fijado, según la información disponible hasta ahora, una fecha para las conclusiones de la jueza Tardón.