La Policía Nacional localizó a 74 migrantes en situación irregular -54 hombres, 10 mujeres y 10 menores no acompañados- hacinados en un inmueble del barrio de El Príncipe, en Ceuta. Un juzgado ordenó prisión provisional para el propietario, investigado por delitos contra los derechos de los extranjeros, contra los derechos de los trabajadores y por presunta explotación laboral de menores.
Un juzgado de Ceuta decretó prisión provisional para el hombre que regentaba un inmueble del barrio de El Príncipe donde la Policía Nacional halló hacinados a 74 migrantes en situación irregular, entre ellos diez menores no acompañados, a quienes cobraba unos 10 euros por noche. La Policía Nacional localizó a 74 migrantes en situación irregular -54 hombres, 10 mujeres y 10 menores no acompañados- hacinados en un inmueble del barrio de El Príncipe, en Ceuta. Un juzgado ordenó prisión provisional para el propietario, investigado por delitos contra los derechos de los extranjeros, contra los derechos de los trabajadores y por presunta explotación laboral de menores. En la práctica: El caso reabre el debate sobre las condiciones de acogida y la presión migratoria en Ceuta, y podría derivar en nuevas imputaciones si la instrucción judicial confirma la existencia de una red organizada de explotación.

El barrio de El Príncipe, en Ceuta, donde se localizó el inmueble. Imagen de contexto (no del operativo policial).
Foto: Xemenendura / Wikimedia Commons · Licencia: CC BY-SA 3.0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
La Policía Nacional localizó el martes 22 de octubre un inmueble de varias plantas en el barrio de El Príncipe, en Ceuta, donde se hacinaban 74 personas migrantes en situación irregular: 54 hombres, 10 mujeres y 10 menores no acompañados, según el comunicado institucional de la Jefatura Superior de Policía difundido por la agencia EFE y recogido de forma coincidente por Moncloa.com, Infobae y El Faro de Ceuta.
El propietario del inmueble, un hombre de Ceuta, fue detenido y pasó a disposición judicial el 22 de octubre. El juzgado, a petición de la Fiscalía, decretó su ingreso en prisión provisional. Las fuentes policiales le consideran investigado por presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores y por explotación laboral de menores, extremos que corresponde esclarecer a la instrucción judicial y que, de momento, constituyen imputaciones y no hechos probados.
Según la investigación policial, el propietario cobraba en torno a 10 euros por persona y noche a cambio de alojamiento en condiciones de hacinamiento, con los ocupantes durmiendo en colchones distribuidos por el suelo de las distintas plantas del edificio. Varias fuentes, entre ellas El Faro de Ceuta e Infobae, citando el mismo comunicado policial, describen la situación como de 'hacinamiento y precariedad'.
La investigación apunta además a indicios de agresiones sufridas por algunos de los menores alojados en el inmueble, incluidas mordeduras de perro, y a la posible explotación laboral de adultos y menores, que según la hipótesis policial habrían sido utilizados en diversas tareas aprovechando su situación de necesidad y vulnerabilidad. Estos extremos figuran como objeto de investigación en curso, no como hechos ya acreditados judicialmente.
Ninguna de las fuentes consultadas -Moncloa.com, Infobae/EFE, El Faro de Ceuta, El Periódico de Ceuta, El Debate y Libertad Digital- recoge declaraciones del detenido, de su defensa o del juzgado instructor sobre el fondo del auto de prisión, por lo que su versión de los hechos no ha podido contrastarse de forma independiente en esta información.
El caso se enmarca en la presión migratoria sostenida que afecta a Ceuta, donde las autoridades han detectado en los últimos meses otros inmuebles usados como alojamientos irregulares o 'pateras de interior' para personas que esperan el traslado a la península. Fuentes policiales citadas por los medios locales señalan que el inmueble desmantelado es, por el número de personas halladas, uno de los de mayor tamaño detectados hasta la fecha en la ciudad.
Entre los detalles del hacinamiento recogidos por la prensa destaca que, para las 74 personas alojadas en el inmueble, solo había disponible una cama en todo el edificio; el resto de los ocupantes dormía sobre colchones distribuidos por el suelo de las distintas plantas, de acuerdo con la información publicada por El País y coincidente con la descripción de 'hacinamiento y precariedad' recogida por otros medios a partir del mismo comunicado policial.
La investigación, coordinada por la Jefatura Superior de Policía de Ceuta junto con unidades especializadas en la lucha contra las redes de inmigración irregular y la trata de personas, permanece abierta. Hasta el momento solo hay una persona detenida y puesta a disposición judicial, y las fuentes consultadas no descartan nuevas diligencias si la instrucción confirma la existencia de una estructura organizada detrás de la explotación del inmueble, extremo que todavía no ha sido acreditado judicialmente.
El fenómeno de las llamadas 'casas patera' no es nuevo en Ceuta: la Policía Nacional ha desarticulado en los últimos años varios pisos del barrio de El Príncipe utilizados para alojar de forma clandestina a personas migrantes mientras esperaban su traslado a la península española. Según las fuentes policiales citadas por los medios locales, el inmueble ahora desarticulado es, por el número de personas halladas, el de mayor capacidad detectado hasta la fecha en la ciudad, lo que ha llevado a varios medios a calificarlo como la mayor 'casa patera' localizada hasta ahora en El Príncipe.
La Fiscalía, que solicitó el ingreso en prisión provisional del detenido, deberá determinar en las próximas semanas si mantiene o modifica las imputaciones iniciales -contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores y por explotación laboral de menores- a medida que avance la instrucción judicial. Ninguna fuente consultada ha confirmado todavía una fecha para la siguiente comparecencia judicial ni el número exacto de diligencias abiertas en paralelo a la causa principal.
En el ordenamiento español, la prisión provisional es una medida cautelar que un juez de instrucción puede imponer antes de que exista sentencia firme cuando concurren indicios racionales de delito y riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva. Se trata, por tanto, de una decisión cautelar adoptada mientras avanza la instrucción judicial, y no de una declaración de culpabilidad ni de una condena.
Ceuta, junto con Melilla, constituye una de las dos fronteras terrestres de la Unión Europea con el continente africano, lo que convierte a ambas ciudades autónomas en puntos de paso recurrentes para personas migrantes que buscan llegar a la península ibérica. Esa condición fronteriza explica, según las fuentes policiales y los medios locales consultados, la reiteración de casos de inmuebles usados como alojamiento irregular temporal a cambio de dinero mientras se gestiona o se espera el traslado hacia territorio peninsular.
Ceuta ha registrado en los últimos años varios episodios de presión migratoria y hallazgos de viviendas utilizadas de forma irregular como alojamiento colectivo en el barrio de El Príncipe.
La Policía Nacional ha desarticulado anteriormente otros pisos patera en la misma zona, aunque, según las fuentes consultadas, ninguno con un número de ocupantes tan elevado como el ahora intervenido.
El caso reabre el debate sobre las condiciones de acogida y la presión migratoria en Ceuta, y podría derivar en nuevas imputaciones si la instrucción judicial confirma la existencia de una red organizada de explotación.
El hallazgo refuerza la atención policial sobre los llamados 'pisos patera' en El Príncipe como punto de tránsito hacia la península, lo que podría traducirse en nuevas inspecciones en la zona.
El barrio de El Príncipe, fronterizo con Marruecos, ha sido escenario reiterado de hallazgos de inmuebles usados como alojamientos irregulares para migrantes a la espera de ser trasladados a la península española.
La ciudad autónoma de Ceuta, frontera terrestre de la Unión Europea con Marruecos, afronta de forma recurrente episodios de presión migratoria que derivan en la aparición de alojamientos clandestinos de este tipo.
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