La Guardia Civil detiene a 27 personas en Cantabria por una trama de explotación sexual, okupación y tráfico de drogas

La Guardia Civil detuvo a 27 personas —20 hombres y 7 mujeres— en Cantabria dentro de la operación 'Pucero', dirigida contra un grupo criminal acusado de explotar sexualmente a mujeres extranjeras, ocupar viviendas y traficar con droga, según confirmó el cuerpo y corroboraron de forma independiente El País, eldiario.es e Infobae a través de la agencia EFE. Cinco de los detenidos han ingresado en prisión provisional por orden judicial, a la espera de que avance la instrucción del caso en los juzgados cántabros competentes.

Los arrestos se concentraron en los municipios cántabros de Santoña, Argoños y Cicero, aunque las pesquisas se extendieron también a otras localidades de la región, como Santander, Laredo, Colindres y Arnuero, según detalló eldiario.es. La investigación tuvo además una derivada fuera de Cantabria: una persona más quedó investigada en Valencia tras un registro practicado en el municipio de Chiva, lo que apunta a conexiones de la trama con el suministro de droga desde esa provincia, de acuerdo con el mismo medio.

Según las fuentes citadas, la investigación arrancó al detectar la Guardia Civil la llegada de mujeres extranjeras que podían estar siendo explotadas sexualmente. Al menos cuatro de ellas habrían sido captadas en pequeñas localidades de sus países de origen por una persona que se presentaba como un empresario adinerado y les ofrecía viajar a España con la promesa de trabajo y vivienda para ellas y sus familias. Para materializar el viaje, el supuesto reclutador organizaba trayectos a través de Dubái, París y Barcelona, una ruta que, según la reconstrucción policial recogida por El País y eldiario.es, servía para dificultar el rastreo del desplazamiento de las víctimas hasta Cantabria y para dar apariencia de normalidad a unos viajes que en realidad conducían a su explotación.

Una vez en España, las víctimas eran trasladadas a viviendas ocupadas y, mediante amenazas, obligadas a prostituirse y a atender varios servicios en una misma noche, según el relato policial reproducido por las fuentes consultadas. La investigación, tal como se ha podido verificar en las fuentes citadas, no precisa cuántas mujeres en total pasaron por la red más allá de las cuatro captadas directamente en el extranjero cuyo reclutamiento se ha podido reconstruir con detalle, lo que sugiere que el número real de afectadas podría ser mayor a medida que avance la instrucción judicial.

Las condiciones en las que se hallaba a las mujeres fueron descritas como 'deplorables e insalubres': uno de los locales utilizados, un club en Argoños, carecía de suministros básicos y las víctimas vivían sin higiene, entre ratas y excrementos de animales y personas, de acuerdo con el relato coincidente de El País, eldiario.es e Infobae. La Guardia Civil no descarta que la trama hubiera llegado a utilizar hasta una treintena de viviendas ocupadas en la zona, algunas de ellas presuntamente alquiladas o cedidas por encargo a terceros interesados en instalarse de forma irregular.

En varios de esos inmuebles, según eldiario.es, el grupo investigado habría tramitado además el empadronamiento de los ocupantes con el fin de solicitar ayudas públicas de forma fraudulenta, lo que añade a la causa un presunto delito de estafa en la tramitación de prestaciones, además de la usurpación de los propios inmuebles ocupados.

Además de la presunta explotación sexual, los investigados se dedicaban, según las fuentes policiales reproducidas por los medios consultados, al tráfico de marihuana, cocaína y hachís —procedente en parte de Valencia— y a la falsificación de documentos. En los registros se intervinieron unos 30.000 euros en efectivo, alrededor de 24 kilos de marihuana, un kilo de cocaína, cerca de 100 gramos de hachís, una báscula de precisión, un arma simulada y joyas, de acuerdo con el balance recogido por Infobae a través de EFE y por eldiario.es.

Los cargos que se investigan incluyen trata de seres humanos con fines de explotación sexual, usurpación de inmuebles, tráfico de drogas, falsedad documental y estafa en la tramitación de ayudas, según las fuentes citadas. Se trata de hechos que corresponde esclarecer a la instrucción judicial: los 27 detenidos y la persona investigada en Valencia no han sido condenados y mantienen la presunción de inocencia mientras avanza el procedimiento, que de momento ha derivado en el ingreso en prisión provisional de cinco de ellos por decisión de un juzgado.

La legislación española prevé, para las personas identificadas como víctimas de trata, un periodo de restablecimiento y reflexión y la posibilidad de obtener una autorización de residencia y trabajo, entre otras medidas de protección recogidas en el Protocolo Marco contra la Trata de Seres Humanos. Ninguna de las fuentes consultadas precisa, sin embargo, si estas medidas ya se han activado para las mujeres identificadas en la operación 'Pucero', un extremo que esta redacción no ha podido confirmar de forma independiente.

El caso se suma a una serie de operaciones recientes de las fuerzas de seguridad españolas contra redes que combinan explotación sexual u otras formas de explotación de personas migrantes con la ocupación irregular de vivienda, un patrón que distintos cuerpos policiales han documentado en los últimos meses en varios puntos del país, aunque cada operación responde a una investigación independiente y a un grupo criminal distinto, sin que se haya establecido ninguna vinculación formal entre ellas por parte de las autoridades.