La jueza Tardón reclama con urgencia a Ceuta el listado de llamadas de Vivas a Moncloa antes de la entrada masiva de migrantes

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, instructora de la causa que investiga presuntos delitos ligados a la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado mes de julio, ha pedido este martes a la representación procesal de la Ciudad Autónoma que aporte "con la mayor urgencia" el listado de llamadas realizadas por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a su jefe de gabinete, entre el 27 y el 30 de julio, según coinciden en informar Público, OKDiario, The Objective, Moncloa.com y El Plural.

Según el registro que la Ciudad Autónoma ya había entregado ante notario antes del requerimiento judicial, se produjeron diez llamadas o intentos de contacto en ese periodo, de las que siete no obtuvieron respuesta. OKDiario detalla una cronología con marcas horarias: el lunes 27 de julio se concentraron cinco contactos, entre ellos una conversación de seis minutos a las 08:39 y otra de tres minutos a las 13:07 sobre "la presión de los nadadores", además de tres llamadas consecutivas sin respuesta por la noche; el martes 28 se registraron cuatro intentos sin respuesta por la mañana, y el miércoles 30 se produjo una última llamada de un minuto a las 11:17. Todos los contactos, según esa misma información, fueron realizados por el jefe de gabinete de Vivas, Pablo García, al director de gabinete de Sánchez, Diego Rubio.

Al salir de su comparecencia ante la jueza, Vivas declaró, según recogen The Objective y Moncloa.com, que había sido "absolutamente transparente desde el primer día" y que su objetivo al intentar contactar con Moncloa era que el Gobierno central "comprendiera la gravedad de la situación" en la ciudad antes de que se produjera la entrada masiva. El presidente ceutí sostuvo además que solo le respondieron en tres ocasiones a través del jefe de gabinete de Sánchez, y que cuando finalmente habló con el propio presidente, el 30 de julio, este le remitió a la Delegación del Gobierno como "canal habitual".

Moncloa, sin embargo, ha rechazado esa versión. Según la información distribuida y recogida por OKDiario, el Gobierno central sostiene que todas las llamadas de la Presidencia de Ceuta "fueron atendidas de inmediato o poco después" y que las comunicaciones de ese tipo debían canalizarse a través de la Delegación del Gobierno en Ceuta, no directamente con Moncloa. Esta contradicción entre el registro notarial aportado por Ceuta y la versión del Ejecutivo es, precisamente, uno de los puntos que la instrucción judicial busca esclarecer con el requerimiento de hoy.

La causa que instruye Tardón investiga posibles responsabilidades en la gestión de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en Ceuta durante el verano, un episodio que generó una notable tensión política entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma, gobernada por el PP, y el Ejecutivo central. El requerimiento sobre las llamadas se suma, según recoge Público, a otras diligencias de la instrucción, entre ellas una petición de desclasificación de mensajes entre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el entorno de la anterior delegación del Gobierno en la ciudad.

El episodio que se investiga es la entrada masiva registrada en la noche del 30 al 31 de julio de 2026 a través del espigón de El Tarajal, cuando varias decenas de miles de personas accedieron a la ciudad caminando sobre las piedras del espigón o cruzando a nado, según recoge el servicio de verificación Maldita.es. El Ministerio del Interior situó entonces la cifra en torno a las 50.000 personas, mientras que el propio Vivas la elevó hasta las 60.000, una discrepancia en las cifras que se suma ahora a la que existe sobre el número de llamadas y su respuesta en los días previos al suceso.

Son precisamente esos días previos, del 27 al 30 de julio, los que cubre el requerimiento de la jueza Tardón: el periodo en el que, según la versión de Ceuta, su presidente intentó repetidamente alertar a Moncloa de que se estaba gestando una entrada masiva de grandes dimensiones, mientras el Gobierno central sostiene que atendió esas comunicaciones con normalidad y por el canal institucional correspondiente. Determinar qué ocurrió exactamente en esas llamadas, y si hubo o no una falta de respuesta relevante antes de que se produjera el suceso, es el objetivo declarado de la diligencia judicial de este martes.

El episodio adquiere además relevancia política añadida en el contexto actual: España afronta elecciones generales anticipadas el 29 de noviembre, convocadas por Sánchez tras el rechazo parlamentario a sus decretos de vivienda, por lo que cualquier nueva pieza de la instrucción sobre Ceuta es susceptible de incorporarse al debate de la campaña.

Hasta el momento de esta información no ha sido posible acceder al texto íntegro del auto de la jueza Tardón ni a un pronunciamiento oficial y textual de Moncloa fuera de la versión distribuida a los medios, por lo que los detalles del registro de llamadas y de la postura del Gobierno proceden de la cobertura coincidente de varios medios, no de documentación judicial u oficial verificada de forma directa por esta redacción.

La instrucción continúa abierta y no se ha fijado, según la información disponible, un plazo para que la Ciudad Autónoma aporte el nuevo listado requerido por la magistrada ni para que se resuelva la discrepancia entre las dos versiones sobre si los contactos entre Ceuta y Moncloa fueron o no atendidos adecuadamente antes de la entrada masiva.