El Gobierno entregó el 28 de octubre al Tribunal Supremo, bajo requerimiento judicial, la lista nominal de las 163.355 personas que han obtenido la nacionalidad española por la 'ley de nietos'. Solo 901 de ellas acreditaron ante los consulados, mediante certificación expresa, ser hijas o nietas de exiliados del franquismo, el único criterio que les permitiría votar el 29-N; el propio Ministerio de Justicia admite que la suspensión cautelar del Supremo afectará a la práctica totalidad de ese grupo. La Abogacía del Estado pidió que la lista se declare reservada por contener datos sensibles y para evitar un uso 'malicioso o ilegítimo' por parte de formaciones de ultraderecha.
El Gobierno entregó este miércoles al Tribunal Supremo, bajo requerimiento judicial, la lista nominal de las 163.355 personas nacionalizadas por la 'ley de nietos'. Solo 901 acreditaron ante consulados, mediante certificación expresa, ser hijos o nietos de exiliados del franquismo, el criterio que en teoría les habilitaría para votar el 29-N; el propio Ministerio de Justicia reconoce que la suspensión cautelar del Supremo alcanzará a casi todos ellos. La Abogacía del Estado pidió declarar la lista reservada para evitar un uso 'malicioso o ilegítimo' de los datos. El Gobierno entregó el 28 de octubre al Tribunal Supremo, bajo requerimiento judicial, la lista nominal de las 163.355 personas que han obtenido la nacionalidad española por la 'ley de nietos'. Solo 901 de ellas acreditaron ante los consulados, mediante certificación expresa, ser hijas o nietas de exiliados del franquismo, el único criterio que les permitiría votar el 29-N;
Urna electoral española, empleada como ilustración genérica de contexto para el voto en las elecciones generales (imagen no vinculada específicamente a la lista de nacionalizados por la 'ley de nietos').
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El Gobierno entregó este miércoles 28 de octubre al Tribunal Supremo la lista nominal de las 163.355 personas que han obtenido la nacionalidad española al amparo de la llamada 'ley de nietos', en cumplimiento de un requerimiento judicial dictado el viernes 23 de octubre a los ministros de Justicia, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con un plazo de cinco días y apercibimiento de responsabilidad en caso de incumplimiento.
De ese total, el Ministerio de Justicia precisa que solo 901 personas acreditaron ante los consulados, mediante certificación expresa, ser hijas o nietas de exiliados del franquismo, sin apoyarse en la presunción general de exilio introducida por la instrucción ministerial de octubre de 2022 para quienes salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Ese grupo de 901 es, en teoría, el único con derecho a votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, frente a los más de 162.000 nacionalizados por la vía de la presunción general. El propio Ministerio reconoce, no obstante, que la suspensión cautelar del voto decretada por el Supremo alcanzará previsiblemente a 'la práctica totalidad' de esos 901 inscritos, por lo que el número de personas de este colectivo que finalmente podrá votar podría ser aún menor.
La Abogacía del Estado solicitó al Tribunal Supremo que la lista se declare reservada, al considerar que contiene 'datos sensibles de carácter personal' y con el fin de evitar que formaciones de 'ideología de ultraderecha' hagan un uso 'malicioso o ilegítimo' de la información. La petición de confidencialidad es una posición procesal del Gobierno ante el tribunal, no una resolución judicial ya adoptada sobre el acceso a la lista.
Esta entrega se produce en el marco del recurso que Vox e Iustitia Europa presentaron contra las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) tramitadas por la vía de la instrucción de 2022, recurso que el Supremo admitió a trámite y que llevó a la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por esta vía, ya recogida en la cobertura previa de WIRESdesk sobre el calendario de voto CERA para el 29-N. La Abogacía del Estado mantiene, según Vozpopuli y El Plural, un recurso pendiente de resolución contra esa suspensión cautelar.
La diferencia entre los 163.355 nacionalizados totales y los 901 que acreditaron certificación expresa ilustra el efecto multiplicador de la instrucción ministerial de octubre de 2022: al sustituir la exigencia de probar documentalmente el exilio por una presunción general aplicable a cualquier solicitante que acreditara un ascendiente que saliera de España en ese periodo, el número de expedientes de la 'ley de nietos' se disparó respecto a los tramitados bajo el criterio anterior, más restrictivo. Ese salto cuantitativo es precisamente lo que Vox e Iustitia Europa cuestionan ante el Supremo, al considerar que la vía de la presunción general desvirtúa el propósito original de la norma de reparar a descendientes de exiliados del franquismo con vínculo acreditado.
Para los afectados, la consecuencia práctica inmediata es la incertidumbre sobre su situación censal a menos de un mes de la cita electoral: ni siquiera el reducido grupo de 901 personas con certificación expresa tiene garantizado el voto el 29-N mientras el Supremo no resuelva el recurso pendiente de la Abogacía del Estado contra la suspensión cautelar, y el propio Ministerio de Justicia admite que la mayoría de ese grupo también se verá afectado. Las personas que soliciten información sobre su inscripción concreta en el CERA pueden dirigirse a su oficina consular o a la Oficina del Censo Electoral, sin que exista todavía, en las fuentes consultadas, un canal específico habilitado para resolver reclamaciones individuales derivadas de esta suspensión.
El Tribunal Supremo admitió a trámite en octubre de 2026 los recursos de Vox e Iustitia Europa contra las altas en el CERA tramitadas por la vía de la instrucción de 2022, lo que derivó en la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', ya recogida en la cobertura previa de WIRESdesk sobre el voto CERA para el 29-N.
El viernes 23 de octubre, el Supremo requirió a los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores la entrega, en cinco días, de la lista nominal de nacionalizados por esta vía, bajo apercibimiento de responsabilidad en caso de incumplimiento.
El miércoles 28 de octubre, el Gobierno entregó la lista de 163.355 nacionalizados y la Abogacía del Estado pidió que se declarara reservada.
La fijación en 901 del grupo que cumple el criterio de certificación expresa —frente a los más de 162.000 nacionalizados por la presunción general— acota el alcance práctico de la polémica electoral sobre la 'ley de nietos', aunque el propio Ministerio de Justicia admite que la suspensión cautelar probablemente impedirá votar a casi todos ellos el 29-N.
La petición de reserva sobre la lista, justificada por el riesgo de uso político de datos personales sensibles, añade una capa de litigio sobre el acceso a la información que se suma al recurso ya pendiente contra la suspensión cautelar del voto.
El CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) recoge a los españoles mayores de edad que residen habitualmente fuera de España y pueden votar en elecciones generales, europeas y autonómicas, aunque no en las municipales.
La instrucción ministerial de octubre de 2022 introdujo una presunción general de exilio para las personas que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, lo que amplió considerablemente el número de solicitudes de nacionalidad por la 'ley de nietos' respecto a quienes acreditan el exilio mediante certificación expresa.
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