El ministro Albares afirma en RNE que Exteriores avanza 'a buen ritmo' y confía en cumplir el miércoles 28 de octubre el plazo del Supremo para entregar la lista de los 163.020 afectados por la suspensión del voto de la 'ley de nietos'; niega injerencia electoral y no aporta cifras verificables.
El ministro José Manuel Albares aseguró este 26 de octubre en una entrevista en RNE que Exteriores avanza "a buen ritmo" y confía en cumplir el plazo del Tribunal Supremo, que vence el miércoles 28 de octubre, para entregar la lista de los 163.020 afectados por la suspensión del voto de la 'ley de nietos'; describió la tarea como 'laboriosa' y 'compleja', pero no ofreció cifras verificables de expedientes completados. El ministro Albares afirma en RNE que Exteriores avanza 'a buen ritmo' y confía en cumplir el miércoles 28 de octubre el plazo del Supremo para entregar la lista de los 163.020 afectados por la suspensión del voto de la 'ley de nietos'; niega injerencia electoral y no aporta cifras verificables.
Baltasar Garzón en el III Foro Mundial de Derechos Humanos 2023
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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó este lunes en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE) que su departamento avanza "a buen ritmo" para cumplir con el plazo fijado por el Tribunal Supremo, que vence el próximo miércoles 28 de octubre a las 15:00 horas. "Yo confío en que sí, las cifras van avanzando a buen ritmo", declaró el ministro, quien añadió que "está terminando el proceso para poder cumplir con lo que nos solicita el Supremo", según informaron Europa Press y El Diario de Madrid.
Albares describió el trabajo como "laborioso" y "complejo", al explicar que los registros consulares no cuentan con un apartado específico para los beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática, por lo que el personal debe cotejar manualmente las cifras estadísticas con los nombres de cada expediente y verificar caso por caso la documentación de exilio, según detalló a Público. El ministro subrayó que "todo el servicio Exterior de España está volcado" en esta tarea, con los servicios consulares ordinarios suspendidos hasta el miércoles para destinar al personal por completo a la revisión, y puso como ejemplo la disparidad entre oficinas: mientras algunos consulados gestionan apenas decenas de casos, otros, como La Habana, manejan miles en condiciones complicadas por los frecuentes cortes de electricidad.
El ministro rechazó además que el Gobierno busque un enfrentamiento con el Poder Judicial o que el Tribunal Supremo esté incurriendo en una "injerencia electoral", y aclaró que su departamento no decide sobre el censo electoral, competencia que corresponde al Instituto Nacional de Estadística. Ni Albares ni fuentes de Exteriores ofrecieron cifras o porcentajes concretos sobre expedientes ya completados, por lo que su valoración de que el proceso avanza "a buen ritmo" constituye una apreciación cualitativa del propio ministro, no un dato verificado de forma independiente.
El Ministerio de Asuntos Exteriores había ordenado ya el fin de semana del 23 al 25 de octubre a las oficinas consulares trabajar sábado y domingo para intentar cumplir a tiempo el ultimátum fijado por el Tribunal Supremo. Según informaron entonces Europa Press e Infobae, el departamento que dirige Albares suspendió todos los permisos y vacaciones en los consulados y autorizó el refuerzo de personal que cada oficina considerase necesario para completar las verificaciones pendientes.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores citadas por ambos medios reconocieron entonces que cumplir el plazo judicial sería "muy difícil" dado el volumen de expedientes pendientes y el tiempo disponible, apenas cinco días hábiles desde que el Supremo dictó su auto. La movilización se sumó a un proceso de verificación que ya estaba en marcha: Exteriores había recibido el 20 de octubre datos de 48 oficinas consulares repartidas por el mundo que habían completado, de forma total o parcial, la comprobación de qué nacionalizados acreditan ser descendientes de exiliados y conservan así su derecho a voto, según informó entonces Noticias de Gipuzkoa.
El reparto de esa carga entre las oficinas consulares ayuda a entender por qué el plazo se percibe como extremadamente ajustado. Según el escrito que la Abogacía del Estado presentó ante el Tribunal Supremo el 22 de septiembre -recogido entonces por Iustel y por Alerta Siete-, solo 16 consulados concentran 142.739 de los 168.896 registros del censo CERA afectados por la revisión, un 84,5% del total. Los consulados de La Habana, Rosario, Mendoza, Buenos Aires, Ciudad de México y Caracas son, según ese mismo escrito, los que soportan el mayor volumen, agravado por "circunstancias estructurales y coyunturales" como el propio volumen de trabajo, cortes de suministro eléctrico, falta de combustible o los efectos de catástrofes naturales, alegó entonces el Gobierno ante el tribunal.
A esa concentración geográfica se suma un obstáculo administrativo de fondo: buena parte de esos expedientes no cuenta con registro digital. Según informó eldiario.es el 14 de octubre, unos 76.000 expedientes -los tramitados desde mediados de 2024, cuando el Registro Civil empezó a archivarlos electrónicamente- sí están digitalizados y permiten una revisión más rápida, mientras que otros 80.000, dispersos en los archivos físicos de distintos consulados, exigen una revisión manual expediente por expediente.
El Tribunal Supremo había dado, en un auto conocido el 23 de octubre, un plazo de cinco días hábiles al Gobierno para que entregara la relación nominal completa de los afectados, bajo amenaza de multas coercitivas de 1.000 euros, reiterables hasta su cumplimiento, y de una eventual derivación del caso a la Fiscalía por responsabilidad penal de los ministros requeridos, el titular de Justicia, Félix Bolaños, y el de Exteriores, José Manuel Albares, según informaron de forma coincidente Europa Press, El Español, Libertad Digital y Vozpópuli.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo calificó de "incomprensible" que, mes y medio después de acordada la suspensión cautelar el pasado 10 de septiembre, la Administración no hubiera remitido todavía el listado nominal de electores afectados. Según los datos que el Ministerio de Justicia ha trasladado hasta ahora al tribunal, de los 163.020 expedientes afectados por la suspensión solo se habían revisado 31.390 y únicamente se habían expedido 91 certificados consulares que acreditan el cumplimiento de los requisitos de la Ley de Memoria Democrática desde el 10 de septiembre.
El requerimiento y la posterior movilización de los consulados llegan en paralelo a la petición de personación presentada el 22 de octubre por tres personas afectadas ante la misma Sala, a través del despacho de abogados que dirige el ex juez Baltasar Garzón, en la que piden anular la suspensión cautelar por considerarla una vulneración del derecho al sufragio activo. El Supremo no se había pronunciado todavía, al cierre de esta actualización, sobre esa petición ni sobre el fondo de las medidas cautelares.
El nuevo pulso judicial se produce en plena campaña de las elecciones generales anticipadas, convocadas por Pedro Sánchez el 5 de octubre, con la jornada electoral fijada para el 29 de noviembre. El origen de la disputa censal se remonta a una instrucción del Ministerio de Justicia que eliminó, para los descendientes de exiliados españoles entre 1936 y 1955 que solicitan la nacionalidad por la 'ley de nietos', la obligación de acreditar documentalmente la persecución política de sus familiares. Esa instrucción, atribuida por la cobertura periodística consultada a la entonces responsable de la dirección general competente, Sofía Puente -hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente-, es la que ha generado la actual acumulación de más de 163.000 expedientes.
El requerimiento del Supremo llegó además apenas dos días después de que el Pleno del Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, inadmitiera por diez votos frente a dos el recurso de amparo del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión cautelar del voto exterior.
La situación censal para el 29 de noviembre sigue así sin resolverse del todo: aunque Albares se mostró confiado el 26 de octubre en cumplir el plazo del miércoles, ni él ni su departamento han hecho públicas cifras que permitan verificar de forma independiente cuántos de los más de 163.000 expedientes pendientes están efectivamente completados, en buena medida porque la mayor carga recae precisamente en los consulados con menos capacidad digital y mayores dificultades operativas.
La cifra de 163.020 afectados por la suspensión cautelar es distinta de los cerca de 400.000 nacionalizados por la 'ley de nietos' desde su entrada en vigor: esa cifra más amplia incluye también a quienes ya cuentan con la certificación consular exigida y que, por tanto, conservan su derecho a voto en las elecciones del 29 de noviembre.
10 de septiembre de 2026: el Tribunal Supremo suspende cautelarmente los efectos electorales del censo CERA para los nacionalizados por la 'ley de nietos' sin acreditación de exilio.
22 de septiembre de 2026: la Abogacía del Estado presenta ante el Supremo un escrito que cifra en 16 los consulados que concentran el 84,5% de los 168.896 registros CERA afectados, señalando dificultades estructurales en oficinas como La Habana, Rosario, Mendoza, Buenos Aires, Ciudad de México y Caracas.
5 de octubre de 2026: Pedro Sánchez convoca elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.
14 de octubre de 2026: fuentes del Ministerio de Justicia cifran, según eldiario.es, en unos 76.000 los expedientes ya digitalizados y en unos 80.000 los que requieren revisión manual por falta de registro digital.
20 de octubre de 2026: Exteriores recibe datos de 48 oficinas consulares que han completado total o parcialmente la verificación de los afectados.
21 de octubre de 2026: el Tribunal Constitucional inadmite, por 10 votos a 2, el recurso de amparo del Defensor del Pueblo contra esa suspensión.
22 de octubre de 2026: tres afectados, representados por el despacho de Baltasar Garzón, piden al Supremo ser parte en el proceso y anular la suspensión.
23 de octubre de 2026 (mañana): el Supremo da cinco días al Gobierno -hasta las 15:00 horas del 28 de octubre- para entregar la lista nominal de los 163.020 afectados, bajo amenaza de multas coercitivas de 1.000 euros y de una eventual derivación a la Fiscalía.
23 de octubre de 2026 (noche): el Ministerio de Asuntos Exteriores ordena a las oficinas consulares trabajar el sábado y el domingo, suspende todos los permisos y vacaciones y autoriza refuerzos de personal para intentar cumplir el plazo; fuentes del departamento reconocen que la tarea será 'muy difícil'.
24 de octubre de 2026: El País detalla que el 80% de los casos se concentra en 16 oficinas consulares, muchas de ellas sin expediente digital, como principal obstáculo para cumplir el plazo del Supremo.
26 de octubre de 2026: el ministro Albares afirma en una entrevista en RNE que el proceso avanza 'a buen ritmo' y confía en cumplir el plazo del miércoles 28 de octubre; describe la tarea como 'laboriosa' y 'compleja', señala que 'todo el servicio Exterior de España está volcado' en ella con los servicios consulares ordinarios suspendidos hasta el miércoles, y rechaza que exista injerencia electoral por parte del Supremo, aclarando que el censo electoral depende del INE.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó el 26 de octubre en una entrevista en RNE que su departamento avanza "a buen ritmo" y confía en cumplir el plazo del Tribunal Supremo, que vence el miércoles 28 de octubre a las 15:00 horas, para entregar la lista nominal de los 163.020 afectados por la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'; es la primera vez que el propio ministro, y no solo fuentes anónimas del departamento, se pronuncia públicamente sobre el estado del proceso, aunque sin ofrecer cifras o porcentajes verificables de expedientes completados.
El ultimátum del Tribunal Supremo, con amenaza de multas coercitivas y eventual responsabilidad penal para dos ministros, había forzado al Gobierno a movilizar en fin de semana a toda la red consular; el propio reparto de la carga -concentrada en 16 consulados que acumulan el 84,5% de los casos, muchos sin expediente digital- explica por qué el Gobierno considera la tarea 'laboriosa' y 'compleja'.
La disputa se inscribe en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y su vía de nacionalización para descendientes de exiliados, que ha generado un fuerte aumento de solicitudes en Iberoamérica, sobre todo en Argentina, Cuba, México y Venezuela.
El litigio gira en torno a los requisitos documentales exigidos para acreditar el exilio familiar, tras una instrucción del Ministerio de Justicia que los recurrentes consideran excesivamente restrictiva, en medio de una campaña electoral marcada por el adelanto convocado el 5 de octubre.
El nuevo requerimiento se produce mientras sigue sin resolverse la petición de personación de tres afectados, representados por el despacho de Baltasar Garzón, presentada el 22 de octubre ante la misma Sala.
Antes del último auto, Exteriores ya había recibido datos de 48 oficinas consulares repartidas por el mundo que habían completado, de forma total o parcial, el proceso de verificación de quiénes de los nacionalizados por la 'ley de nietos' acreditan ser descendientes de exiliados y conservan el derecho a voto, según informó Noticias de Gipuzkoa el 20 de octubre.
El propio Gobierno, en su escrito del 22 de septiembre ante el Supremo, ya advertía de que la concentración de casos en un número reducido de consulados con 'dificultades estructurales y coyunturales' -volumen de trabajo, cortes eléctricos, falta de combustible o catástrofes naturales- hacía previsible el actual cuello de botella.
Albares explicó el 26 de octubre que los registros consulares carecen de un apartado específico para los beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática, por lo que el personal debe cotejar manualmente las cifras estadísticas con los nombres de cada expediente, y puso como ejemplo que mientras algunos consulados gestionan decenas de casos, otros, como La Habana, manejan miles en condiciones complicadas por los frecuentes cortes de electricidad.
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