Más de 3.500 personas marchan en Valencia en el segundo aniversario de la dana y piden la dimisión del Consell

Más de 3.500 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, marcharon la tarde del sábado 31 de octubre de 2026 por el centro de Valencia para conmemorar el segundo aniversario de la dana del 29 de octubre de 2024 y exigir "verdad, justicia y reparación". La convocatoria reunió a más de 200 colectivos sociales, sindicatos y asociaciones de víctimas.

El recorrido partió de la plaza de la Virgen, junto al Palau de la Generalitat, y terminó en la plaza del Ayuntamiento, en sentido inverso a la primera marcha de noviembre de 2024. Tras la pancarta principal se dejó un espacio vacío acordonado con cintas negras, del tamaño que ocuparían las personas fallecidas, para hacer visible su ausencia. Dolçainers y tabaleters interpretaron una pieza llamada "La processó de la memòria" antes de iniciar la marcha, bajo un cielo gris y con lluvia débil.

La pancarta de cabecera mostraba inicialmente la cifra de 233 muertos, pero un día antes la jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana había elevado el recuento oficial a 234, tras reconocer como víctima a un vecino de Paiporta de 73 años que resultó herido en su vivienda durante la riada y falleció casi dos meses después, el 26 de noviembre de 2024, en el Hospital General de Valencia por una endocarditis infecciosa causada por la bacteria E. Faecalis.

Según la resolución judicial, el elemento determinante para establecer la relación causal entre la dana y esa muerte fue el "contacto con superficies contaminadas", aunque el informe forense no pudo establecer un "nexo causal único y directo" entre la infección bacteriana y la riada; la jueza optó por una valoración jurídica más amplia de la causalidad, matiz que distingue la certeza médica estricta de la imputación judicial del fallecimiento a la catástrofe.

Entre los lemas más repetidos figuraron "Mazón a prisión" y la exigencia de retirar el aforamiento al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para que pueda ser interrogado judicialmente sobre la gestión de la emergencia. Mazón dimitió como presidente el 3 de noviembre de 2025 y dejó el cargo el 29 de noviembre de ese año, cuando le sucedió Juanfran Pérez Llorca; sigue siendo diputado autonómico y, por tanto, aforado, y no ha sido imputado ni condenado por los hechos, que continúan bajo investigación judicial.

La pancarta roja de cabecera incluía además el lema "233 Consell dimissió", una exigencia de dimisión dirigida al actual Gobierno autonómico de Pérez Llorca, no solo a Mazón, lo que según varias asociaciones de víctimas refleja un desplazamiento del foco desde la responsabilidad penal individual hacia la responsabilidad política institucional en curso.

"Siguen aforados", lamentó Rosa Álvarez, presidenta de una de las asociaciones de víctimas, al reclamar que Mazón "abandone su cargo [de diputado] y asuma responsabilidades". Mariló Gradolí, de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, defendió que "las movilizaciones siempre han sido pacíficas" y que las víctimas no se dejarán disuadir de volver a manifestarse.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, había recomendado precaución ante la coincidencia con la protesta convocada por el movimiento Blocus y el refuerzo de seguridad en comercios de Madrid, Barcelona y Valencia por Halloween; varias asociaciones de víctimas interpretaron ese mensaje como un intento de "desincentivar" la asistencia a la marcha de la dana, que se desarrolló sin incidentes reseñados por las fuentes consultadas.

Uno de los reproches más repetidos en las pancartas y en las declaraciones de los convocantes sigue siendo el retraso en el envío del aviso ES-Alert a los teléfonos móviles de la población, que llegó a buena parte de la Ribera del Júcar y la Horta Sud ya avanzada la tarde del 29 de octubre de 2024, cuando varios barrancos y el propio cauce del Poyo llevaban horas desbordados en algunos municipios. Ese desfase horario entre el inicio de las inundaciones y la alerta masiva a la población es uno de los elementos centrales que investiga la causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 6 de Catarroja contra la entonces responsable autonómica de Emergencias, Salomé Pradas, y otros cargos de la Generalitat.

En paralelo a la causa penal, las Corts Valencianes mantienen abierta una comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de la dana, en la que han declarado sucesivos cargos de la Generalitat, de la Confederación Hidrográfica del Júcar y de la Agencia Estatal de Meteorología; la comisión no ha emitido todavía unas conclusiones definitivas sobre la cadena de errores que precedió a la catástrofe, y su trabajo se solapa con el de la instrucción judicial, lo que ha generado roces entre los grupos parlamentarios sobre el ritmo y el alcance de las comparecencias.

Juanfran Pérez Llorca, que sucedió a Mazón al frente de la Generalitat, ha evitado hasta ahora pronunciarse sobre una posible retirada del aforamiento de su predecesor como diputado autonómico, remitiéndose a que esa decisión corresponde al pleno de las Corts Valencianes y no al Gobierno autonómico; su Ejecutivo defiende que ha reforzado desde entonces los protocolos de alerta y los sistemas de aviso temprano en las zonas inundables de la Comunitat Valenciana, una afirmación que las asociaciones de víctimas consideran insuficiente mientras no se depuren responsabilidades políticas y penales concretas.

Quedan sin resolver cuestiones centrales de la causa judicial: si se retirará o no el aforamiento de Mazón, qué decisiones concretas de la cadena de mando autonómica se consideran penalmente relevantes y si el recuento de 234 víctimas se ampliará con nuevos reconocimientos médicos o judiciales en los próximos meses.