El Consell autoriza una nueva reclamación económica al Estado que eleva en casi 400 millones la cifra pedida en 2024, mientras una auditoría independiente de la Sindicatura de Comptes certifica una deuda de al menos 1.172 millones sin que el Gobierno responda por escrito desde 2022.
El Consell ha autorizado a la Conselleria de Sanitat a reclamar al Gobierno de España 1.417,6 millones de euros por la atención sanitaria prestada desde 2012 a pacientes desplazados de otras comunidades y a extranjeros, una deuda que una auditoría independiente sitúa en al menos 1.172 millones. El Consell autoriza una nueva reclamación económica al Estado que eleva en casi 400 millones la cifra pedida en 2024, mientras una auditoría independiente de la Sindicatura de Comptes certifica una deuda de al menos 1.172 millones sin que el Gobierno responda por escrito desde 2022. En la práctica: Una resolución favorable a la Generalitat implicaría una transferencia de fondos de cientos de millones de euros desde el Estado hacia la sanidad pública valenciana, con posible efecto en otras comunidades autónomas que reclaman compensaciones similares por el mismo mecanismo (FOGA y Fondo de Cohesión Sanitaria), y podría reabrir el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.
Sede de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el departamento autonómico que tramita la reclamación al Gobierno de España.
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El Consell de la Generalitat Valenciana ha autorizado a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a presentar ante el Gobierno de España una reclamación económica de 1.417,6 millones de euros por la atención sanitaria prestada desde 2012 a pacientes desplazados de otras comunidades autónomas y a ciudadanos extranjeros, según informaron este viernes COPE y El Economista.
La cifra se desglosa en varios conceptos. La atención especializada a pacientes de otras comunidades autónomas, prestada entre julio de 2012 y diciembre de 2025 y no compensada a través del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), supone 976,4 millones de euros. La atención primaria a desplazados nacionales entre la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012 y diciembre de 2013 añade otros 23,1 millones.
A esto se suman 125,1 millones por la facturación de asistencia sanitaria a pacientes extranjeros a través del Fondo de Cohesión Sanitaria y 50,3 millones correspondientes a liquidaciones de ese mismo fondo entre 2013 y 2026. El Consell reclama además 86,9 millones por minoraciones no compensadas: una reducción del 20% aplicada al Fondo de Cohesión y del 40% al Fondo de Garantía Asistencial, y otros 155,8 millones en pagos pendientes del INSS por pacientes extranjeros residentes.
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, defendió que "el gasto sanitario debe compensarse a través de los mecanismos de financiación" previstos legalmente, en referencia al FOGA creado por el Real Decreto-Ley 16/2012 para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Según la Generalitat, ese fondo nunca se ha desarrollado con la dotación suficiente para cubrir el gasto real generado por los más de 199.000 episodios anuales de atención especializada a residentes de otras regiones que se atienden en hospitales valencianos, muchos de ellos en la Comunitat por motivos turísticos o de segunda residencia.
La reclamación no es nueva: en octubre de 2024 el Consell ya exigió al Estado 1.022,9 millones de euros por el mismo concepto, con un desglose entonces de 798,9 millones por atención especializada, 23,1 millones por atención primaria, 99,6 millones del Fondo de Cohesión y 101,3 millones por asistencia a extranjeros. En dos años la cifra total reclamada ha crecido casi un 39% al incorporar nuevos ejercicios —hasta 2025 y 2026— y partidas adicionales como las minoraciones de los fondos y los pagos pendientes del INSS. Fuentes del Consell citadas por los medios valencianos describen el conflicto como un "agravio histórico" que se repite cada año sin que el Estado salde la deuda ni, según estas mismas fuentes, responda por escrito desde 2022.
La magnitud del problema cuenta con un respaldo independiente parcial, aunque no idéntico en su alcance. La Sindicatura de Comptes, el órgano fiscalizador externo de las cuentas públicas valencianas, publicó en septiembre de 2026 un informe que cifra en 1.172 millones de euros la deuda sanitaria del Ministerio con la Generalitat para el periodo 2013-2024, desglosada en 798,9 millones no compensados por el FOGA —por atención a pacientes no programados de otras comunidades— y 257,1 millones pendientes de convenios con otros países europeos a través del Fondo de Cohesión Sanitaria, que cubre a pacientes programados de otras regiones y de 32 países europeos. Esa cifra, al proceder de un órgano fiscalizador autónomo y no del propio Gobierno regional que reclama, constituye la verificación más sólida disponible hasta ahora de que existe una deuda real y sustancial, aunque no coincide exactamente con el importe de 1.417,6 millones que ahora exige el Consell, que incorpora partidas y ejercicios adicionales —2025, 2026 y los pagos pendientes del INSS— no cubiertos por esa auditoría.
El fondo en disputa, el FOGA, fue creado por el Real Decreto-Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, precisamente para evitar que las comunidades autónomas con mayor afluencia de pacientes desplazados —por turismo, segunda residencia o movilidad laboral— asumieran en solitario ese coste. Según los sucesivos informes de la Generalitat y de la propia Sindicatura de Comptes, el fondo nunca llegó a dotarse con los recursos previstos inicialmente, lo que ha generado una brecha creciente entre el gasto sanitario real que soportan comunidades receptoras de turismo como la Comunitat Valenciana y la compensación efectivamente transferida desde el Estado.
Hasta la publicación de esta información, ni el Ministerio de Hacienda ni el Ministerio de Sanidad habían hecho declaraciones públicas sobre la nueva reclamación, y ninguna de las fuentes consultadas recoge una respuesta del Gobierno central a esta última cifra. El reparto de los fondos de compensación sanitaria interterritorial ha sido motivo de fricción recurrente no solo con la Comunitat Valenciana sino, de forma más amplia, en el debate sobre el modelo de financiación autonómica, en el que varias comunidades gobernadas por distintos partidos han planteado reclamaciones similares por el mismo mecanismo en los últimos años.
La discrepancia entre la cifra de la auditoría independiente (1.172 millones, hasta 2024) y la reclamación política del Consell (1.417,6 millones, hasta 2025-2026) refleja que ambas cantidades no son plenamente equivalentes: una procede de una fiscalización técnica con alcance temporal limitado y metodología de auditoría pública, y la otra es una reclamación administrativa que incluye ejercicios y conceptos posteriores aún no fiscalizados externamente. Esta distinción es relevante porque, en un asunto de disputa financiera entre dos administraciones, conviene no presentar la cifra más alta —la del Gobierno autonómico que reclama el pago— como un hecho verificado de forma independiente en su totalidad, sino como la posición de parte que es, respaldada en una parte sustancial, aunque no en su totalidad, por la fiscalización externa.
Queda pendiente conocer si el Gobierno de España acepta, cuestiona o vuelve a ignorar la nueva cifra, y si la ausencia de respuesta por escrito desde 2022 señalada por fuentes valencianas se mantendrá también ante esta reclamación ampliada. La resolución de este contencioso, dado su volumen económico, podría además condicionar el debate más amplio sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y de los fondos de compensación sanitaria interterritorial, un asunto que afecta no solo a la Comunitat Valenciana sino al conjunto de comunidades con alta movilidad de pacientes.
En octubre de 2024 el Consell reclamó 1.022,9 millones de euros por el mismo concepto; en septiembre de 2026 la Sindicatura de Comptes cifró la deuda en 1.172 millones para el periodo 2013-2024. La reclamación actual, de 1.417,6 millones, amplía el periodo y los conceptos reclamados.
Una resolución favorable a la Generalitat implicaría una transferencia de fondos de cientos de millones de euros desde el Estado hacia la sanidad pública valenciana, con posible efecto en otras comunidades autónomas que reclaman compensaciones similares por el mismo mecanismo (FOGA y Fondo de Cohesión Sanitaria), y podría reabrir el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.
El conflicto se remonta al Real Decreto-Ley 16/2012, que creó el Fondo de Garantía Asistencial para compensar a las comunidades que atienden a pacientes desplazados, pero que según la Generalitat y la Sindicatura de Comptes nunca ha contado con dotación suficiente. La Comunidad Valenciana reclama cantidades crecientes desde al menos 2024 (1.022,9 millones) sin que conste una respuesta formal del Estado desde 2022, según fuentes valencianas.
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