El Síndic de Greuges investiga por qué el Ayuntamiento de València lleva 10 meses sin pagar ayudas al alquiler a 550 familias

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha solicitado un informe detallado al Ayuntamiento de València sobre el retraso de diez meses en el pago de ayudas al alquiler a 550 familias que cumplían los requisitos para recibirlas pero quedaron excluidas por agotamiento de los fondos disponibles, según informó eldiario.es. La institución, que ejerce de defensora del pueblo en el ámbito autonómico, actúa después de que el concejal de Compromís Ferran Puchades presentara una queja al no obtener respuesta del Servicio de Vivienda municipal tras preguntar por el estado de la ayuda el pasado 17 de septiembre, de acuerdo con esa misma información, recogida también por valenciaplaza.com.

El propio pleno municipal, gobernado por la coalición de PP y Vox que encabeza la alcaldesa María José Catalá, se comprometió el 27 de enero de 2026 a "continuar impulsando las actuaciones necesarias desde el Servicio de Vivienda para otorgar la condición de beneficiarias a las personas solicitantes que, cumpliendo todos los requisitos" de la convocatoria municipal de ayudas al alquiler 2025-2026, "quedaron excluidas por agotamiento del crédito", según el acta de ese pleno publicada en la web oficial del consistorio, valencia.es. Ese mismo acuerdo plenario reafirmó también el compromiso del Ayuntamiento de seguir desarrollando el Plan + Vivienda impulsado por el consistorio, así como nuevas medidas en materia de vivienda, un paquete que la alcaldesa Catalá había presentado un día antes del pleno con el objetivo declarado de actualizar normativa y criterios municipales para aumentar la oferta de vivienda disponible en la ciudad, según la misma fuente oficial.

La convocatoria municipal de ayudas al alquiler 2025-2026 había repartido 3,17 millones de euros entre 1.565 beneficiarios, un 33% más que en la convocatoria de 2022, pero dejó fuera a 550 solicitantes que sí cumplían los requisitos exigidos, más del doble de los 262 excluidos en la convocatoria anterior, según cifras coincidentes de eldiario.es y Moncloa.com. Fue precisamente ese desajuste entre solicitantes elegibles y crédito disponible lo que llevó al pleno a aprobar, en enero, el compromiso de ampliar la dotación para no dejar sin cobertura a quienes cumplían los requisitos pero se habían quedado fuera por una cuestión puramente presupuestaria.

Según detalló valenciaplaza.com, el Síndic de Greuges comunicó al Ayuntamiento que, "una vez analizados los hechos y la normativa aplicable", observa que la actuación municipal "podría afectar al derecho fundamental de acceso a la información pública", lo que habilita a la institución a intervenir en este caso. La actuación del defensor autonómico se centra, por tanto, tanto en el fondo del retraso en el pago de las ayudas como en la falta de respuesta del consistorio a las preguntas planteadas por la oposición municipal, dos cuestiones que la institución ha decidido investigar de forma conjunta a partir de la queja presentada por Puchades.

Fuentes municipales citadas por eldiario.es señalaron que el retraso obedece a que el Ayuntamiento está verificando que los 550 solicitantes no hayan recibido ayudas autonómicas incompatibles con la municipal y que está a la espera de informes de Servicios Sociales antes de resolver los expedientes, y preveían realizar los pagos "antes de que acabe el año". Puchades, por su parte, ha acusado al Gobierno municipal de PP y Vox de haber reducido la dotación presupuestaria para estas ayudas y de no haber ejecutado en plazo su propio compromiso de enero, en un contexto en que el alquiler medio en la ciudad supera ya los 1.700 euros mensuales y los precios han subido un 43% desde mayo de 2023, según cifras recogidas por Moncloa.com.

El retraso se produce en un mercado de la vivienda especialmente tensionado: la oferta de alquiler en València ha caído un 30%, de acuerdo con los datos citados por eldiario.es, lo que ha intensificado la presión sobre las familias que dependen de estas ayudas para mantener su vivienda. Ni el Ayuntamiento ni el Síndic de Greuges han fijado todavía un plazo de resolución para la actuación abierta, que por el momento se limita a la petición de información y no incluye ninguna resolución firme sobre responsabilidades ni sobre la validez de las explicaciones ofrecidas por el consistorio.

El episodio no es el primero en que el Síndic de Greuges reclama explicaciones al consistorio de Catalá por cuestiones de vivienda y atención social: la institución ya había requerido información al Ayuntamiento sobre la situación de personas sin hogar y sobre la separación de familias migrantes en centros de acogida, según recoge el propio eldiario.es en su cobertura de este organismo. Esa trayectoria de requerimientos previos no implica, por sí sola, ninguna conclusión sobre el fondo de la actuación abierta ahora por el retraso en las ayudas al alquiler, pero sitúa el nuevo expediente en un patrón de fricciones recurrentes entre el defensor autonómico y el Gobierno municipal en materia de vivienda.

Compromís sostiene que el Ayuntamiento tenía margen presupuestario para cumplir su propio compromiso de enero y que la falta de respuesta a sus preguntas desde septiembre agrava el incumplimiento, mientras que el consistorio insiste en que el procedimiento administrativo de verificación, no una decisión política, es la causa del retraso. Ninguna de las dos versiones ha sido corroborada de forma independiente por un organismo distinto al Síndic de Greuges, cuya actuación se limita por ahora a reclamar información y no resuelve, por tanto, cuál de las dos explicaciones es la correcta.

El Ayuntamiento de València no ha respondido públicamente, por el momento, a la apertura de esta actuación del Síndic de Greuges, más allá de las explicaciones ya ofrecidas sobre la verificación de incompatibilidades, según las fuentes consultadas. Compromís, por su parte, mantiene su exigencia de que se abonen de inmediato las ayudas pendientes y de que se amplíe la dotación presupuestaria para evitar nuevas exclusiones en convocatorias futuras, a la espera de que el consistorio remita el informe solicitado por el defensor autonómico.