La Comisión Europea abrió el 25 de septiembre de 2026 un expediente de infracción contra España y el resto de socios de la UE por no comunicar la transposición completa de la Directiva (UE) 2024/1785, que revisa las normas sobre emisiones industriales y, por primera vez, obliga a los Estados a garantizar que los ciudadanos perjudicados por una contaminación ilegal puedan reclamar y obtener compensación económica por los daños a su salud. España tenía de plazo hasta el 1 de julio de 2026 para incorporar la norma a su ordenamiento interno; el plazo de dos meses concedido por Bruselas para responder al expediente vence a finales de noviembre, en menos de dos semanas desde esta publicación.
La Comisión Europea abrió el 25 de septiembre de 2026 un procedimiento de infracción contra España y el resto de Estados miembros por no transponer a tiempo la Directiva (UE) 2024/1785, que actualiza las reglas sobre emisiones industriales y ganaderas y reconoce por primera vez el derecho de los ciudadanos a reclamar compensación económica por daños a la salud causados por contaminación ilegal. El plazo de dos meses que Bruselas dio a España para regularizar la situación vence a finales de noviembre de 2026. La Comisión Europea abrió el 25 de septiembre de 2026 un expediente de infracción contra España y el resto de socios de la UE por no comunicar la transposición completa de la Directiva (UE) 2024/1785, que revisa las normas sobre emisiones industriales y, por primera vez, obliga a los Estados a garantizar que los ciudadanos perjudicados por una contaminación ilegal puedan reclamar y obtener compensación económica por los daños a su salud.

La Comisión Europea, con sede en el edificio Berlaymont de Bruselas, abrió el expediente de infracción contra España el 25 de septiembre de 2026. Foto: Euro Pictures / Wikimedia Commons (CC BY 2.0).
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La Comisión Europea abrió el 25 de septiembre de 2026 un expediente de infracción —en su primera fase, carta de emplazamiento— contra España y los demás Estados miembros de la Unión Europea que no habían comunicado la transposición completa de la Directiva (UE) 2024/1785 del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica el marco de la Directiva de Emisiones Industriales (IED) vigente desde 2010. La norma entró en vigor el 4 de agosto de 2024 y fijaba el 1 de julio de 2026 como fecha límite para que los 27 países incorporasen sus disposiciones al derecho nacional, según consta en el propio texto publicado en el Diario Oficial de la UE y recogido en EUR-Lex.
Bruselas concedió a los países afectados, entre ellos España, Francia, Alemania, Italia y Portugal, un plazo de dos meses desde el envío de la carta de emplazamiento para responder y completar la transposición. Ese plazo, según coinciden las coberturas de El Español y Press Digital sobre el paquete de infracciones de septiembre, vence a finales de noviembre de 2026, es decir, en menos de dos semanas desde la fecha de esta información. Si España no regulariza su situación, el siguiente paso previsto en el procedimiento es un dictamen motivado y, en última instancia, la posibilidad de que la Comisión lleve el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La directiva revisada introduce un cambio sustancial respecto al marco anterior: el nuevo artículo sobre reparación de daños establece que, cuando una infracción de las normas de emisiones provoque daños a la salud de las personas, estas deberán tener derecho a reclamar y obtener compensación económica frente a la persona física o jurídica responsable de la contaminación ilegal. Hasta ahora, el marco europeo de emisiones industriales de 2010 no incluía explícitamente este derecho de reparación individual, por lo que su incorporación representa, según la cobertura de El Español, un refuerzo relevante de los derechos de los ciudadanos afectados por la contaminación de instalaciones industriales.
La norma amplía además el ámbito de instalaciones reguladas —que ya supera las 50.000 en toda la UE, entre centrales energéticas, refinerías, siderúrgicas, cementeras, industria química y explotaciones ganaderas intensivas— incorporando nuevas actividades como la extracción de minerales metálicos y la fabricación de baterías a gran escala, y ajustando los umbrales que determinan qué granjas intensivas quedan sujetas a permiso. Las instalaciones afectadas deben operar con permisos basados en las denominadas Mejores Técnicas Disponibles (MTD), y la directiva crea un portal europeo de emisiones industriales que dará acceso público a permisos, datos de emisiones en tiempo real y registros de cumplimiento.
La apertura del expediente no implica que España esté señalada en solitario: la Comisión envió la misma carta de emplazamiento a los 27 Estados miembros por no haber comunicado la transposición completa en la fecha prevista, de acuerdo con la cobertura de Press Digital sobre el paquete de infracciones de septiembre. Lo que sí es específico de cada país es el estado de su proceso legislativo interno; en el caso español, ni el Ministerio de Transición Ecológica ni la Comisión Europea habían hecho públicas, hasta el cierre de esta información, declaraciones oficiales adicionales sobre el grado de avance de la transposición más allá del propio expediente de infracción.
Queda sin resolver si España completará la transposición antes de que expire el plazo a finales de noviembre o si el expediente avanzará a la fase de dictamen motivado; tampoco hay, por el momento, casos conocidos de ciudadanos españoles que hayan invocado ya el nuevo derecho de compensación, dado que la norma aún no ha sido incorporada al ordenamiento interno. WIRESdesk no ha podido acceder a una declaración oficial del Gobierno de España sobre el calendario previsto para la transposición y lo señala como una cuestión abierta.
4 de agosto de 2024: entra en vigor la Directiva (UE) 2024/1785, que revisa la Directiva de Emisiones Industriales de 2010.
1 de julio de 2026: fecha límite fijada por la propia directiva para que los Estados miembros completen su transposición al derecho nacional.
25 de septiembre de 2026: la Comisión Europea abre expedientes de infracción (carta de emplazamiento) contra España y los demás Estados miembros que no habían notificado la transposición completa.
Si España no transpone la directiva a tiempo, se expone a un dictamen motivado y, eventualmente, a una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE, con posibilidad de sanciones económicas en fases posteriores del procedimiento.
Una vez transpuesta, la norma daría a los ciudadanos perjudicados por contaminación industrial ilegal una vía legal explícita para reclamar compensación económica por daños a la salud, algo que el marco de 2010 no preveía de forma expresa.
La Directiva de Emisiones Industriales original data de 2010 y regula el impacto ambiental de más de 50.000 instalaciones industriales y agrícolas en la UE mediante permisos basados en las Mejores Técnicas Disponibles.
La revisión de 2024 (Directiva (UE) 2024/1785) amplió el ámbito de la norma a nuevas actividades industriales y ganaderas y reforzó los derechos de los ciudadanos frente a la contaminación ilegal.
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