La Policía Local desmonta la acampada por la vivienda de la plaza de España de Palma en una operación que la Delegación del Gobierno califica de preocupante

La Policía Local de Palma, con el respaldo de varios furgones de la Policía Nacional, desmontó en la noche del miércoles 4 de noviembre de 2026 la acampada por la vivienda instalada en la plaza de España de la capital balear, según informaron de forma independiente Última Hora y eldiario.es (Illes Balears). El operativo, compuesto por decenas de agentes de la comisaría de San Fernando y camiones de la empresa municipal de residuos Emaya, comenzó en torno a las 20:00 horas y concluyó, con las tiendas y enseres retirados, antes de la medianoche.

El Ayuntamiento de Palma (Cort) justificó la intervención amparándose en la ordenanza cívica municipal sobre ocupación del espacio público, al considerar que la Delegación del Gobierno no había actuado pese a sus requerimientos previos. Sin embargo, la propia Delegación del Gobierno en Baleares había rechazado expresamente, un día antes, el 3 de noviembre, ordenar el desalojo, alegando que la concentración seguía amparada por el derecho constitucional de reunión, según recoge Última Hora en su crónica sobre la disputa de competencias entre ambas administraciones.

El delegado del Gobierno, Pere Joan Pons, expresó en una publicación en la red social X, citada por Última Hora, su 'profunda preocupación por la actuación del Ayuntamiento de Palma sobre una acampada protegida por el derecho de reunión, sin que se haya producido ninguna petición oficial a la Delegación del Gobierno'. Cort, por su parte, defendió que la competencia sobre el uso del espacio público municipal le correspondía a ella y no a la Delegación, abriendo una disputa sobre el reparto de competencias que ninguna de las dos administraciones ha resuelto públicamente a través de un pronunciamiento jurídico formal.

Esta disputa competencial no es meramente formal: en España, el orden público en manifestaciones y concentraciones corresponde habitualmente a la autoridad gubernativa estatal a través de la Delegación del Gobierno, mientras que la gestión del uso cotidiano del espacio público urbano —limpieza, ocupación de vías, mobiliario— recae en los ayuntamientos. Cort sostuvo que la permanencia prolongada de la acampada, con más de cinco semanas de ocupación continuada de la plaza, excedía el uso admisible del espacio público bajo su propia ordenanza cívica, mientras que la Delegación entendió que, mientras no mediara una resolución judicial o una alteración grave del orden público, la concentración seguía amparada por el artículo 21 de la Constitución sobre el derecho de reunión. Ninguna de las dos lecturas ha sido todavía confirmada por un tribunal.

Durante el desalojo, varios de los cerca de 45 participantes que permanecían en el lugar gritaron consignas contra la actuación policial, entre ellas 'policía, tortura y muerte' y preguntas sobre la orden que amparaba la intervención, según describe eldiario.es; también cuestionaron que fuera la Policía Local, y no la Nacional —pese a estar esta última presente en el operativo—, la que ejecutara materialmente el desmontaje. No se han reportado heridos ni detenciones en ninguna de las crónicas consultadas de forma independiente, a diferencia de lo ocurrido en el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol en Madrid a comienzos de noviembre, donde los organizadores denunciaron el uso de gas pimienta y personas heridas, una versión que el Gobierno negó entonces.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Palma, Francesc Dalmau, consideró que la actuación municipal vulneraba el derecho constitucional de reunión y excedía las competencias del Ayuntamiento, en declaraciones recogidas por fuentes periodísticas locales; esta valoración política no equivale a una resolución judicial sobre la legalidad del desalojo, que no se ha producido hasta el cierre de esta información.

La acampada de la plaza de España, instalada desde el 28 de septiembre de 2026 con unas cuarenta tiendas en su momento de mayor ocupación, formaba parte del mismo ciclo de protestas por la vivienda que también motivó la acampada de la Puerta del Sol en Madrid, disuelta por la Policía a comienzos de noviembre, dentro de un movimiento que ha trasladado buena parte de su actividad organizativa a la huelga general del 11 de noviembre convocada por CCOO y UGT, la primera huelga general de ese tipo desde 2012.

Pese al desmontaje físico del campamento, los organizadores confirmaron que no dan por disuelta la protesta y que mantienen su programación de actos y su participación en la huelga general del 11-N, según recogen de forma coincidente Última Hora y fibwidiario.com; los participantes sin alojamiento fueron derivados a recursos de acogida municipal, de acuerdo con la crónica de Última Hora sobre el operativo. El colectivo ha indicado que trasladará su actividad organizativa a otros espacios de la ciudad mientras se prepara la jornada de huelga, sin que se haya precisado todavía una nueva ubicación fija de concentración permanente.

Quedan sin resolver, al cierre de esta información, si la Delegación del Gobierno impugnará formalmente la actuación de Cort por invasión de competencias, si se presentarán recursos judiciales por parte de los acampados o del PSOE municipal, y qué forma adoptará la protesta por la vivienda en Palma tras la pérdida de su punto de concentración físico de cara al 11 de noviembre. Tampoco se ha aclarado si el episodio de Palma, sumado al precedente de Sol en Madrid, abrirá un debate político más amplio sobre los límites de las ordenanzas municipales frente al derecho de reunión en el contexto de la actual ola de protestas por la vivienda en España.