El juez Antonio Piña ha admitido la querella de dos extrabajadoras del cantante por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante cometidos en 2021 en República Dominicana y Bahamas, aunque rechaza investigar la trata y la vulneración de derechos laborales. El magistrado aclara que la admisión no implica un juicio sobre la credibilidad de las denunciantes, a las que cita a declarar el 3 de febrero de 2027.
El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por dos extrabajadoras del cantante por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante en 2021, aunque rechaza investigar la trata de personas y la vulneración de derechos laborales. El juez subraya que la decisión no implica ningún juicio sobre la credibilidad del relato y cuestiona que se haya intentado forzar la jurisdicción española. El juez Antonio Piña ha admitido la querella de dos extrabajadoras del cantante por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante cometidos en 2021 en República Dominicana y Bahamas, aunque rechaza investigar la trata y la vulneración de derechos laborales. El magistrado aclara que la admisión no implica un juicio sobre la credibilidad de las denunciantes, a las que cita a declarar el 3 de febrero de 2027.

Julio Iglesias, en una imagen de archivo de 1970 durante el Festival de Eurovisión en Ámsterdam. (Imagen de archivo histórica, no corresponde a los hechos de 2021 objeto de la querella).
Foto: Eric Koch / Anefo, vía Nationaal Archief / Wikimedia Commons · Licencia: CC0 · Archivo original · Condiciones de la licencia
El juez Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, admitió el 18 de noviembre de 2026 a trámite la querella presentada por dos extrabajadoras extranjeras del cantante Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. El magistrado rechazó, en cambio, investigar los delitos de trata de personas y de vulneración de derechos de los trabajadores que también se incluían en el escrito original, según la nota difundida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y confirmada por Europa Press, El Español y Vozpopuli.
Las denunciantes son dos extrabajadoras extranjeras del entorno doméstico de Iglesias —una empleada del hogar y una fisioterapeuta, según recoge El Español—, que alegan haber sido objeto de agresiones sexuales y de condiciones intimidatorias y degradantes en residencias del cantante en República Dominicana y en Bahamas. La instrucción se limita a los hechos de lesiones y trato degradante posteriores al 5 de octubre de 2021, fecha a partir de la cual el juez considera acreditable la posible competencia de la jurisdicción española.
Para admitir la querella, el juez se apoyó en lo que calificó como un "principio de prueba": el relato detallado de las denunciantes, fotografías que muestran un hematoma en el brazo de una de ellas y marcas en un muslo —descritas como potencialmente compatibles con una mordedura— y conversaciones de WhatsApp entre una de las denunciantes y el gestor de la casa del cantante. El magistrado fue explícito en que esa admisión "no implica un juicio de valor sobre la credibilidad" de las denunciantes, una precisión reproducida de forma coincidente por el CGPJ, Europa Press y El Español.
El auto también contiene una crítica a la propia querella: según El Español, el juez señaló que el escrito presenta un "relato mutilado" al omitir datos sobre otras personas potencialmente implicadas, lo que en su opinión podría responder a un intento de forzar la competencia de los tribunales españoles. El magistrado añadió que la jurisdicción de República Dominicana podría constituir, en sus palabras, "un marco jurisdiccional potencialmente más adecuado" para investigar los hechos, dejando abierta la cuestión competencial pese a admitir la querella.
Las dos denunciantes están citadas para declarar en persona y ratificar la querella el 3 de febrero de 2027, según coinciden la nota del CGPJ, Europa Press y El Español. No hay, por el momento, imputación formal ni apertura de juicio oral: la causa se encuentra en fase de instrucción inicial, y ni Julio Iglesias ni su defensa han hecho declaraciones públicas conocidas sobre este auto de admisión en concreto, por lo que su versión sobre estos hechos recientes permanece sin confirmar en las fuentes consultadas.
El caso tiene un antecedente relevante: la Fiscalía había archivado inicialmente las denuncias contra Iglesias al considerar que España carecía de jurisdicción sobre hechos ocurridos en el extranjero: una fiscalía distinta revisó después esa posición y abrió la vía para la querella actual, aunque reconociendo que la cuestión jurisdiccional seguía siendo "discutible", según recoge Vozpopuli.
La controversia tiene además una dimensión política. El 13 de enero de 2026, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, publicó en la red social Bluesky un mensaje en el que, al compartir una investigación periodística sobre denuncias de extrabajadoras de Iglesias, escribió: "Escalofriantes testimonios (...) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en una agresión permanente", según recoge Infobae. Iglesias demandó después a Díaz por injurias y calumnias, alegando que sus declaraciones vulneraban su presunción de inocencia; el Tribunal Supremo inadmitió esa demanda el 29 de septiembre de 2026, lo que cerró la vía penal contra la vicepresidenta pero no equivale, en ningún caso, a una validación judicial de las acusaciones de abuso que Díaz había difundido.
Conviene distinguir con precisión los distintos planos de este asunto: la admisión de la querella del 18 de noviembre certifica únicamente que existen indicios suficientes para abrir una investigación penal por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, sin que ello suponga acreditación de culpabilidad ni resolución sobre el fondo; el rechazo a investigar la trata de personas y los derechos laborales limita el alcance de la causa; y la inadmisión de la demanda de Iglesias contra Díaz resuelve un litigio civil distinto, sin pronunciarse sobre la veracidad de los hechos denunciados por las extrabajadoras. Ninguna de estas resoluciones judiciales ha determinado todavía, por tanto, ni la culpabilidad ni la inocencia del cantante respecto a los hechos de 2021.
La investigación periodística que dio origen a las denuncias, publicada a principios de 2026, recogía testimonios de varias extrabajadoras domésticas de Iglesias sobre las condiciones de trabajo y trato en sus residencias; solo una parte de esas alegaciones —referidas a dos de las denunciantes y limitadas a los hechos posteriores al 5 de octubre de 2021— ha sido finalmente admitida a trámite por la Audiencia Nacional, mientras que los extremos relativos a trata de personas y derechos laborales quedaron fuera del auto judicial. Julio Iglesias, cantante español con una extensa carrera internacional de más de cinco décadas, es una de las figuras de la música en español con mayor proyección fuera de España, lo que explica el amplio seguimiento mediático, tanto en medios españoles como latinoamericanos y estadounidenses, de cada paso procesal de esta causa.
El desenlace de la instrucción dependerá, en primer término, de la comparecencia de las dos denunciantes el 3 de febrero de 2027 para ratificar su relato ante el juez, un trámite que la Audiencia Nacional considera imprescindible antes de decidir si se amplía la investigación, se cita a Julio Iglesias o a terceros como investigados, o si finalmente se resuelve la cuestión de competencia a favor de la jurisdicción de República Dominicana que el propio magistrado ha planteado como alternativa. Hasta esa fecha, el procedimiento permanece en una fase preliminar en la que ninguna de las partes ha sido formalmente imputada.
Dos extrabajadoras de Iglesias denunciaron en enero de 2026, a raíz de una investigación periodística, presuntos abusos sexuales y condiciones de esclavitud en residencias del cantante; la Fiscalía archivó inicialmente el caso por falta de jurisdicción española, una decisión revisada después por otra fiscalía, lo que permitió la querella admitida ahora por la Audiencia Nacional.
Yolanda Díaz difundió esas denuncias en redes sociales el 13 de enero de 2026; Iglesias la demandó por injurias y calumnias, demanda que el Tribunal Supremo inadmitió el 29 de septiembre de 2026.
La admisión a trámite abre una investigación penal formal contra una de las figuras más conocidas de la música en español por presuntos delitos sexuales, con la primera comparecencia judicial de las denunciantes fijada para el 3 de febrero de 2027, en un caso que entrelaza un procedimiento penal con una disputa política previa sobre los límites de las declaraciones públicas de una vicepresidenta del Gobierno.
El procedimiento se reactivó después de que una fiscalía revisara la decisión inicial de archivo por falta de jurisdicción, y llega tras meses de disputa pública entre Iglesias y la vicepresidenta Yolanda Díaz, que en enero de 2026 difundió en redes sociales las denuncias de las extrabajadoras antes de que Iglesias la demandara sin éxito por injurias y calumnias.
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