El jefe de Traumatología del Ramón y Cajal defiende no haber avisado del cambio en listas de espera

El caso se originó en una investigación de El País que reveló, con documentos internos del hospital, que entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025 la prioridad de 57 pacientes del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Ramón y Cajal fue rebajada de 'preferente' —con obligación de operarse en un máximo de 90 días— a 'normal', cuyo plazo se duplica a 180 días.

Según los registros aportados por el cirujano denunciante, Luis Alberto Martos, los cambios se hicieron a espaldas de los facultativos que habían evaluado inicialmente la gravedad de cada paciente, y las anotaciones internas citan instrucciones del jefe de servicio, Basilio José de la Torre Escuredo, y del director médico del centro para evitar registrar pacientes como preferentes 'siempre que fuera posible'.

Uno de los elementos señalados por la investigación periodística es el incentivo económico: los jefes de servicio del hospital cobran una bonificación adicional si cumplen los objetivos de productividad marcados por la Consejería de Sanidad, lo que vincula la reclasificación de pacientes con un posible beneficio económico institucional y personal.

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Tras la publicación, la Consejería de Sanidad, a través de su titular, Fátima Matute, ofreció un relato distinto: afirmó que se ha intentado generalizar un caso que afecta a 57 pacientes de un único servicio, y sostuvo que fue el propio denunciante, Martos, quien había manipulado la gravedad de esos mismos 57 casos 'para trabajar menos'.

Esta contraacusación se enmarca en un conflicto personal de larga duración entre ambos médicos: Martos y De la Torre fueron amigos íntimos y mantienen desde hace más de cuatro años una relación deteriorada por 'rencillas personales'. Martos acumula cuatro expedientes disciplinarios abiertos, dos de ellos por presuntos actos vandálicos contra el coche de De la Torre —uno archivado por incomparecencia del afectado pese a pruebas gráficas, el otro suspendido a la espera de resolución en vía penal—.

El propio Martos sostiene que, tras presentar su denuncia ante la gerencia del hospital, se le abrió en abril de 2025 un expediente disciplinario sancionador, aún en curso, motivado según la dirección médica por un presunto 'acoso' hacia ella y hacia el jefe de servicio, algo que el entorno de Martos describe como un 'acoso inverso' derivado de un conflicto interno no resuelto.

De la Torre ha incorporado su propia explicación al expediente abierto por la Consejería, defendiendo las instrucciones que trasladó al servicio y afirmando haber detectado él mismo irregularidades en los tiempos de intervención quirúrgica del propio Martos, lo que añade una capa adicional de disputa técnica sobre quién manipuló qué y con qué intención.

La Consejería de Sanidad ha anunciado la apertura de diligencias informativas 'encaminadas a esclarecer lo sucedido' y ha dejado abierta la posibilidad de imponer sanciones administrativas o, en su caso, trasladar el asunto a la vía judicial, aunque a fecha de esta nota no se ha hecho pública ninguna conclusión ni resolución sobre los hechos.

El precedente y los comparables ayudan a situar el dato: No se dispone de datos verificables sobre casos equiparables de reclasificación de prioridad quirúrgica en otros hospitales madrileños para establecer una comparación directa.

Hay discrepancias que conviene conservar: La Consejería sostiene que fue el denunciante quien manipuló los 57 casos; la denuncia original atribuye la manipulación al jefe de servicio y al director médico.

El mecanismo o cálculo relevante es este: El sistema de prioridad quirúrgica establece 90 días máximos para pacientes 'preferentes' y 180 para 'normales'; reclasificar a un paciente de una categoría a otra duplica automáticamente su plazo de espera legal y, según la denuncia, ayuda al servicio a cumplir metas de productividad remuneradas con bonificación..

La evidencia admite alternativas que no deben confundirse con hechos probados: La reclasificación respondió a una revisión clínica legítima de la urgencia de los pacientes por parte de un jefe de servicio con 29 años de experiencia; La reclasificación buscó deliberadamente cumplir objetivos de productividad ligados a un incentivo económico; El propio denunciante alteró la gravedad de esos pacientes para reducir su propia carga de trabajo, como sostiene la Consejería.

Quedan abiertas estas incertidumbres: No hay auditoría médica independiente publicada que determine si la reclasificación de cada uno de los 57 casos estaba clínicamente justificada; Se desconoce el alcance real del conflicto de intereses atribuido al denunciante.