Von der Leyen advierte contra "grandes recortes" al presupuesto de la UE para 2028-2034

Ursula von der Leyen compareció el 6 de octubre de 2026 ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en un debate convocado para preparar la próxima cumbre de líderes de la UE, en el que defendió la propuesta de la Comisión para el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, cifrada en unos 2 billones de euros a precios corrientes (1,76 billones a precios de 2025), equivalentes al 1,26% de la renta nacional bruta conjunta de la Unión. La presidenta de la Comisión advirtió de que limitar esas cuentas obligaría a "recortes drásticos" en partidas que calificó de prioritarias, entre ellas defensa y política migratoria.

La propuesta de Bruselas se enfrenta a la oposición de un grupo de seis países conocidos como 'frugales': Alemania, Países Bajos, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Austria, liderados por el canciller alemán Friedrich Merz, que en una carta conjunta reclamaron recortes de "varios cientos de miles de millones de euros" y rechazaron recurrir a deuda común europea, argumentando que todos los Estados miembros están realizando "esfuerzos dolorosos" para equilibrar sus cuentas públicas. Frente a ellos, un bloque de diecisiete países -entre ellos España, Italia, Polonia, Croacia, Portugal y Grecia, agrupados informalmente como 'amigos de la cohesión'- reclama mantener los fondos de la Política Agrícola Común y de cohesión, y propone retrasar la devolución de la deuda del fondo de recuperación Next Generation EU, además de un endeudamiento europeo limitado y nuevos recursos propios.

Von der Leyen presentó como parte de su defensa del presupuesto un paquete de iniciativas energéticas, incluidas compras conjuntas de energía y la duplicación de la electrificación para 2040, que la Comisión calcula podrían ahorrar unos 260.000 millones de euros anuales en importaciones de combustibles fósiles. La Comisión calcula además unos 58.500 millones de euros de nuevos ingresos propios procedentes de derechos de emisión de carbono, el mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) y gravámenes al tabaco, como vía alternativa a los recortes de gasto que piden los 'frugales'.

El debate en la Eurocámara se produce en la antesala de dos citas clave: la cumbre europea del 15 y 16 de octubre, en la que los jefes de Estado y de Gobierno abordarán por primera vez de forma directa las posiciones enfrentadas, y el objetivo fijado para alcanzar un acuerdo final sobre el MFP antes del 17 y 18 de diciembre de 2026, ya que el marco financiero vigente expira el 31 de diciembre de 2027 y el mecanismo de recuperación post-pandemia se cierra a finales de 2026.

La presidenta de la Comisión reiteró en su intervención: "me gustaría advertir contra los recortes de gran envergadura", según recogieron medios como El Español e Infobae, insistiendo en que una reducción sustancial del presupuesto pondría en riesgo tanto la capacidad de la UE para invertir en defensa común como su margen para gestionar la política migratoria, dos áreas que la propia Comisión ha señalado como prioritarias en el ciclo presupuestario 2028-2034.

El propio Parlamento Europeo, a través de su resolución y de las intervenciones de los grupos parlamentarios durante el pleno, insistió en reclamar un presupuesto "ambicioso" para 2028-2034, situándose en gran medida del lado de la Comisión frente a los 'frugales': los eurodiputados advirtieron de que recortar el MFP por debajo de la propuesta actual comprometería compromisos ya asumidos por la Unión, desde la ayuda a Ucrania hasta los fondos de cohesión que sostienen a las regiones menos desarrolladas, y reclamaron que cualquier recorte final respete el reparto de competencias entre el Consejo y el propio Parlamento, que debe dar su visto bueno al marco financiero final.

El trasfondo de la disputa combina argumentos presupuestarios con cálculos políticos internos: los gobiernos 'frugales', que afrontan presión fiscal doméstica y electorados críticos con mayores aportaciones a Bruselas, defienden que un MFP más ajustado es compatible con mantener el apoyo a Ucrania y la seguridad europea si se prioriza mejor el gasto, mientras que España, Italia y el resto de 'amigos de la cohesión' sostienen que los fondos agrícolas y regionales son la base de la cohesión social y territorial de la Unión y no pueden sacrificarse para cuadrar las cuentas de los contribuyentes netos. Ninguno de los dos bloques ha presentado hasta ahora una cifra definitiva de recorte o de gasto que haya sido aceptada por el otro lado, por lo que las cifras citadas (el 1,26% de la Comisión frente a los "varios cientos de miles de millones" que piden los 'frugales') siguen siendo posiciones de partida de cara a la negociación.

El procedimiento para aprobar el MFP exige unanimidad en el Consejo Europeo y la aprobación del Parlamento Europeo, lo que da a ambas instituciones capacidad de veto sobre el resultado final y explica la insistencia de los eurodiputados en marcar posición antes de la cumbre de octubre. Si no se alcanza un acuerdo antes de que expire el marco vigente a finales de 2027, el Tratado de la UE prevé mecanismos de prórroga técnica de los techos de gasto actuales, una salida que tanto la Comisión como la mayoría de los grupos parlamentarios han descrito como indeseable porque congelaría la financiación de nuevas prioridades como la defensa común o la competitividad industrial frente a China y Estados Unidos.