Varios países de la UE piden activar el estatuto de bloqueo para frenar las sanciones de EEUU al TPI

Bélgica y Países Bajos pidieron formalmente incluir el asunto en la agenda de la reunión de ministros de Exteriores de la UE celebrada este lunes en Luxemburgo. El ministro belga, Maxime Prévot, calificó de "realmente indispensable" debatir la activación del estatuto de bloqueo, el instrumento jurídico comunitario vigente desde 1996 que permite anular en territorio europeo los efectos de sanciones extranjeras con alcance extraterritorial.

El ministro francés, Jean-Noël Barrot, fue más allá y advirtió que, "en su ausencia", Francia está dispuesta a activar el reglamento de bloqueo por cuenta propia. Suecia, representada por su ministra Maria Malmer Stenergard, respaldó estudiar la activación y defendió que la UE debe estar dispuesta a usar el instrumento "si es necesario". Letonia, por voz de su ministra Baiba Braze, se sumó a la petición de proteger el funcionamiento del TPI, aunque priorizando una salida negociada con Washington.

Alemania matizó la urgencia: el secretario de Estado para Europa, Gunther Krichbaum, pidió aprovechar los 180 días que transcurrirán antes de que las sanciones entren plenamente en vigor para intensificar el diálogo con Estados Unidos, recordando que "solo existe un Derecho Internacional y ese Derecho Internacional es indivisible". Las sanciones, anunciadas por la Administración Trump y defendidas por el secretario de Estado Marco Rubio, prohíben transacciones con el TPI y alcanzan no solo a sus responsables sino a bancos, aseguradoras, proveedoras de software y empresas logísticas que trabajan con el tribunal de La Haya, lo que expone a compañías europeas con contratos en esa cadena.

La Comisión Europea, por su parte, mantuvo la misma cautela que ya exhibió en agosto, cuando un portavoz calificó de "especulación" cualquier pregunta sobre una posible activación del mecanismo. Bruselas se limitó este lunes a reiterar que evalúa las implicaciones de las sanciones y las medidas disponibles para proteger la independencia del tribunal, sin comprometerse a un calendario.

España, parte fundadora del Estatuto de Roma desde su ratificación en 2000, ya había pedido en mayo, junto a otros Estados miembros, que la Comisión activara medidas de protección para jueces y fiscales del TPI, una petición que ahora cobra nueva urgencia ante el riesgo de exposición financiera de bancos, aseguradoras y proveedoras tecnológicas europeas que mantienen contratos con el tribunal de La Haya. El estatuto de bloqueo que se plantea activar no es una herramienta nueva: la UE ya lo utilizó para blindar a sus empresas frente a sanciones estadounidenses relacionadas con Irán, y su reactivación en este contexto situaría al TPI, por primera vez, en el centro de un choque directo de sanciones entre Washington y Bruselas.

El debate llega en un momento de especial exposición simbólica para el tribunal: las sanciones estadounidenses se anunciaron apenas horas después de que el Comité Nobel concediera el Premio Nobel de la Paz a Navi Pillay, antigua jueza de apelaciones del TPI, en un gesto que el propio comité vinculó explícitamente a los "ataques políticos" que sufren hoy los jueces e instituciones de derecho internacional. Esa coincidencia temporal ha sido citada por varios de los ministros partidarios de una respuesta rápida como argumento adicional para no demorar la decisión.