La UE y el Consejo de Europa piden el fin global de la pena de muerte y citan a EE UU y China en su declaración conjunta

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y el secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, firmaron el 9 de octubre una declaración conjunta con motivo del Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte, que se conmemora cada 10 de octubre. El texto, publicado en la web de la Delegación de la UE en Chile dentro de la red de delegaciones del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS), reitera que ambas instituciones se oponen "de forma inequívoca a la pena de muerte, en todos los casos y en todas las circunstancias" y pide a los países que aún la aplican que establezcan "de inmediato una moratoria de las ejecuciones como primer paso hacia la abolición".

La declaración cita de forma explícita a dos países: Estados Unidos, donde, según el texto, "las ejecuciones continuaron" durante el último año; y China, de la que la UE y el Consejo de Europa afirman que sus cifras de ejecuciones "no se reflejan en las estadísticas globales debido al secretismo de Estado", aunque se estima que "miles de condenas a muerte" se ejecutaron en el país el último año. Esta última cifra es una estimación recogida en el propio comunicado oficial, no un dato oficial chino, ya que Pekín no publica estadísticas de ejecuciones ni reconoce su volumen real, algo que la propia declaración señala como parte del problema para medir la magnitud exacta del fenómeno a escala global.

La posición de fondo de ambas instituciones no es nueva: la abolición de la pena de muerte es una condición de ingreso tanto en el Consejo de Europa como en la Unión Europea desde hace más de dos décadas, formalizada en el Protocolo número 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la pena capital en toda circunstancia, incluido tiempo de guerra, y que han ratificado prácticamente todos los Estados miembros del Consejo de Europa. La declaración conjunta se apoya en ese marco legal europeo ya consolidado para reclamar su extensión al resto del mundo, y no introduce ninguna obligación jurídica nueva para los Estados no europeos a los que se dirige.

Según los datos citados en la declaración, 17 países llevaron a cabo ejecuciones conocidas en 2025, con un repunte del 78% respecto a 2024, concentrado sobre todo en Irán, y con incrementos notables en Egipto, Kuwait, Arabia Saudí, Singapur y Yemen. El propio texto matiza que se trata de ejecuciones "conocidas" o documentadas, lo que implica que la cifra real podría ser superior en países con escasa transparencia estadística, como la propia China o, en menor medida, otros Estados de la lista donde el acceso a registros judiciales es limitado para observadores externos.

El comunicado también recoge avances concretos registrados en los últimos doce meses: Líbano abolió formalmente la pena de muerte en agosto de 2026, tras años de mantener una moratoria de facto sin ejecuciones, lo que lo convierte en el país más reciente en sumarse a la lista de Estados abolicionistas citada por la declaración; Gambia y Vietnam redujeron el número de delitos castigados con esa pena, aunque sin abolirla por completo, un paso intermedio que la UE y el Consejo de Europa valoran como señal de una tendencia gradual hacia su desaparición; y Sierra Leona ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un tratado de Naciones Unidas que compromete de forma permanente a los Estados parte a no ejecutar bajo ninguna circunstancia, a diferencia de una simple moratoria administrativa que un gobierno posterior podría revertir sin necesidad de un nuevo proceso legislativo o de denunciar un tratado internacional.

Se trata de una declaración anual que la UE y el Consejo de Europa emiten cada año con motivo del 10 de octubre, con una estructura y un tono prácticamente idénticos a los de ediciones anteriores; lo que varía de un año a otro son las cifras de ejecuciones y la lista de países con avances o retrocesos. La corroboran de forma independiente la agencia de noticias recogida por Infobae y la propia página institucional del Consejo de Europa dedicada a esta efeméride, que enmarca el comunicado en la misma campaña anual que se repite desde que se instituyó esta jornada en 2007.

La mención expresa a Estados Unidos y China en el texto no es, por tanto, una acusación puntual motivada por un hecho reciente, sino parte de la rutina anual de señalar a las principales potencias que mantienen la pena de muerte entre las economías más grandes del mundo, un contraste que la UE y el Consejo de Europa utilizan habitualmente para reforzar su propio relato como bloque que ha erradicado por completo esa pena en su territorio desde hace décadas.

Ni el Gobierno de Estados Unidos ni el de China habían respondido públicamente a esta declaración concreta en el momento de esta publicación. Al tratarse de un pronunciamiento político y diplomático sin efecto legal vinculante, su alcance práctico depende de la presión diplomática posterior y de si otros organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, retoman las mismas cifras en sus propios informes en los próximos meses.