Trabajo plantea un plan para que 200.000 jóvenes logren su primer empleo antes de 2028

El Ministerio de Trabajo ha planteado a sindicatos y patronal un programa público con el que aspira a que 200.000 jóvenes accedan a su primer empleo antes de 2028, según el diagnóstico presentado el 21 de septiembre por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. La medida se enmarca en una estrategia más amplia que también prioriza a los desempleados de larga duración mayores de 45 años.

La reunión, celebrada en el Ministerio, sirvió para trasladar a CCOO, UGT y CEOE sendos documentos de diagnóstico sobre ambos colectivos, que las partes deberán analizar antes de que arranquen mesas de negociación más concretas sobre medidas y financiación.

El Ministerio ha delimitado el colectivo joven prioritario entre los 16 y los 24 años, un rango que los sindicatos consideran insuficiente: CCOO y UGT han pedido ampliarlo hasta los 30 años, lo que incorporaría a un número considerablemente mayor de personas al tratamiento preferente previsto en el plan.

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En el caso de los mayores de 45 años, el Gobierno ya había adelantado desde los 50 el umbral de edad para la atención prioritaria a los parados de larga duración, una decisión impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante la persistencia del desempleo en ese tramo de edad.

La patronal CEOE ha planteado en la negociación una mayor colaboración con el sector privado, incentivos a la contratación que incluyan también el empleo temporal y un papel más relevante para las agencias privadas de colocación, un enfoque que los sindicatos consideran contrario a su posición de fomentar empleo estable y de calidad.

El proceso se sitúa en un contexto de paro elevado en España: el Instituto Nacional de Estadística sitúa la tasa de desempleo en cifras que colocan al país entre los más altos de la Unión Europea, con millones de personas buscando trabajo sin encontrarlo, especialmente entre los jóvenes sin experiencia previa.

El calendario previsto por el Ministerio apunta a cerrar un diagnóstico compartido, definir medidas concretas y establecer su financiación antes de que termine el año, aunque de momento no existe ni una ley aprobada ni un presupuesto específico asignado al programa.