El Supremo rechaza exigir al Gobierno un plan urgente de expulsiones en Ceuta sin oír antes a la Administración

El Tribunal Supremo ha rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que pedía obligar a la Administración General del Estado a aprobar en un plazo de diez días un plan operativo para tramitar los expedientes de expulsión, devolución y protección internacional de los migrantes adultos que entraron en la ciudad los días 30 y 31 de julio de 2026.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal argumenta que no cabe adoptar medidas cautelarísimas —es decir, sin oír previamente a la parte contraria— si no queda acreditada una "especial urgencia" que lo justifique. Varios medios que han accedido al contenido del auto coinciden en que esa urgencia no se sostiene: la inactividad que Ceuta atribuye a la Administración central se habría mantenido, por su propio relato, durante más de dos meses y medio sin que la ciudad autónoma pidiera en ese tiempo la tutela cautelar de sus derechos ante los tribunales.

El razonamiento del Supremo es, en el fondo, un argumento sobre los tiempos procesales: si la situación fuera tan urgente como sostiene Ceuta, el propio recurso debería haberse presentado mucho antes de los dos meses y medio transcurridos desde la llegada masiva de migrantes. Al no hacerlo así, la ciudad autónoma debilitó su petición de que el tribunal actuara sin dar audiencia previa al Gobierno, un mecanismo excepcional reservado a casos de riesgo inminente e irreparable que los tribunales aplican de forma muy restrictiva precisamente para no prejuzgar un litigio sin que la parte demandada haya podido defenderse.

La decisión no cierra el litigio de fondo. Según la reconstrucción coincidente de varios medios sobre el contenido del auto, la Abogacía del Estado dispone ahora de diez días para presentar alegaciones sobre la petición cautelar ordinaria de Ceuta, mientras que el Ministerio de la Presidencia tendrá veinte días para remitir el expediente administrativo completo. El recurso contencioso-administrativo de Ceuta contra la supuesta "inactividad" de la Administración seguirá tramitándose por la vía ordinaria, con ambas partes ya convocadas a presentar sus argumentos antes de que el tribunal se pronuncie sobre la petición cautelar no urgentísima.

El recurso del Gobierno ceutí, presidido por Juan Jesús Vivas (PP), se enmarca en la crisis migratoria abierta tras la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma a finales de julio. Vivas había anunciado ya en agosto que llevaría la situación al Supremo y al Constitucional tras cifrar en unas 70.000 las entradas de migrantes desde Marruecos registradas en la ciudad durante 2026, y ha reiterado en distintas comparecencias que corresponde al Gobierno explicar "por qué no actúa" y por qué no ha llevado un decreto al Consejo de Ministros para agilizar los procedimientos de devolución de los migrantes adultos.

El Gobierno central rechaza de plano la acusación de inactividad. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha calificado de contradictorio que quienes hablan de "inacción" recurran al mismo tiempo a los tribunales para forzar una respuesta urgente, mientras que fuentes de Moncloa han descrito la maniobra del PP como un intento de "cronificar la situación en Ceuta para usarla como arma electoral" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que la gestión migratoria se ha convertido en uno de los frentes de disputa entre el Gobierno y la oposición.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha ido más allá y ha defendido que el Ejecutivo ha trabajado de forma continuada con Ceuta desde el inicio de la crisis, cifrando en 12.705 las personas devueltas a Marruecos desde el 10 de agosto como prueba de que la respuesta administrativa no ha sido nula, sino sostenida en el tiempo. Esa cifra, de confirmarse con datos oficiales de Interior, contradiría directamente la premisa central del recurso de Ceuta, que sostiene que no existe ningún plan estructurado de devoluciones.

El episodio ilustra el choque entre dos lecturas enfrentadas de los mismos hechos: mientras Ceuta sostiene que la falta de un plan operativo formal y con plazos concretos constituye inactividad jurídicamente relevante, el Gobierno defiende que las devoluciones ya en marcha desmienten esa calificación y que lo que falta es, a su juicio, voluntad política del PP de rebajar la tensión antes de las elecciones. El propio Supremo, al denegar la medida cautelarísima por falta de urgencia acreditada, no entra a valorar el fondo de esa disputa y deja la decisión definitiva para una fase posterior del procedimiento, una vez oídas ambas partes y analizado el expediente administrativo completo que debe remitir el Ministerio.

La disputa judicial se suma a otros frentes abiertos por la crisis migratoria de Ceuta, que en los meses posteriores a la llegada masiva de julio llevó también a España e Italia a acordar el levantamiento de los controles fronterizos que ambos países habían impuesto de forma temporal mientras se gestionaba la situación. El resultado final del recurso contencioso-administrativo, que previsiblemente tardará semanas en resolverse por la vía ordinaria una vez cumplidos los plazos fijados para las alegaciones y el expediente, determinará si los tribunales obligan finalmente al Gobierno a formalizar un plan operativo específico para Ceuta o si consideran, como defiende el Ejecutivo, que la gestión actual ya responde adecuadamente a la situación.

Mientras el procedimiento sigue su curso, ambas administraciones mantienen posturas públicas opuestas sobre la magnitud real del problema en Ceuta. El Gobierno autonómico insiste en que la ciudad soporta una presión migratoria extraordinaria que exige medidas excepcionales, mientras que el Ejecutivo central defiende que el ritmo de devoluciones y la coordinación con Marruecos están normalizando progresivamente la situación, un contraste que seguirá condicionando el debate político sobre migración en la recta final de la campaña electoral.