El Ministerio de Agricultura activa por primera vez el mecanismo de almacenamiento obligatorio ante una cosecha un 23% superior a la media, que amenazaba con hundir los precios de origen.
Una orden ministerial obliga a las almazaras a inmovilizar el 12% de su producción de la campaña 2026/2027, unas 188.000 toneladas, hasta septiembre de 2027, ante una cosecha excepcional que amenaza con derrumbar los precios en origen. El Ministerio de Agricultura activa por primera vez el mecanismo de almacenamiento obligatorio ante una cosecha un 23% superior a la media, que amenazaba con hundir los precios de origen. En la práctica: La medida afecta directamente a los más de 350.000 agricultores del sector oleícola y a los consumidores, al incidir sobre la disponibilidad de aceite de oliva en el mercado español, el mayor productor y exportador mundial.
Estanterías de aceite de oliva en un supermercado español. El Gobierno ha ordenado retirar el 12% de la producción de la nueva campaña para frenar la caída de precios.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado por primera vez en su historia el mecanismo de almacenamiento obligatorio de aceite de oliva, según confirmó este viernes La Moncloa en una nota de prensa oficial. La medida, recogida en la Orden APA/1145/2026 de 29 de octubre, obliga a las almazaras españolas a retirar temporalmente del mercado el 12% de la producción declarada desde noviembre de 2026, lo que equivale a unas 188.000 toneladas.
El aceite retirado deberá permanecer almacenado en instalaciones propias o de terceros hasta el 30 de septiembre de 2027, y el porcentaje podrá revisarse a partir del 31 de diciembre en función de cómo evolucione la campaña. La producción de octubre queda excluida de la obligación.
El departamento que dirige el Ministerio de Agricultura justifica la decisión en la combinación de una cosecha prevista de 1.602.596 toneladas —un 23% superior a la de la campaña anterior— con un remanente inicial de 357.040 toneladas, lo que sitúa la disponibilidad conjunta en el 120% de la media de las últimas seis campañas. Ese volumen, según el Gobierno, amenazaba con hundir los precios en origen y comprometer la rentabilidad de los más de 350.000 agricultores del sector, que según datos oficiales generan más de 32 millones de jornales al año. España es el primer productor y exportador mundial de aceite de oliva, con alrededor del 70% de la producción comunitaria y el 45% de la mundial.
El Gobierno enmarca la orden en el Reglamento (UE) 1308/2013 de organización común de mercados agrarios y sostiene que busca garantizar la estabilidad del mercado y proteger tanto a los agricultores como a los compradores de aceite de oliva. La resolución fue tramitada por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.
La medida no es unánime. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido de que una retirada forzosa de oferta "plantea riesgos para la competencia y para los consumidores" y podría "encarecer los precios y reducir la variedad y la calidad del producto", según recoge El Nacional. Por el contrario, varias organizaciones agrarias habían reclamado la activación del mecanismo para evitar un desplome de los precios en origen ante la abundancia de oferta.
La decisión llega en paralelo a otro movimiento relevante en el sector: la cooperativa Dcoop y el grupo Acesur han acordado adquirir Deoleo, propietaria de marcas como Carbonell y Hojiblanca, por 520 millones de euros a partes iguales, operación que provocó una caída bursátil cercana al 20% en el valor de la compañía, según Yahoo Finance España.
El mecanismo de retirada temporal es inédito en la historia reciente del sector oleícola español y marca un cambio de enfoque del Ejecutivo, que hasta ahora había evitado intervenir directamente sobre la oferta pese a las fuertes oscilaciones de precios registradas en los últimos años.
Queda por ver si la retirada del 12% logra estabilizar los precios en origen sin generar los efectos adversos sobre los consumidores que anticipa la CNMC, y si el porcentaje se mantendrá o se ajustará en la revisión prevista para después del 31 de diciembre de 2026.
Es la primera vez que el Gobierno activa el mecanismo de almacenamiento obligatorio de aceite de oliva desde su previsión en la normativa comunitaria.
La medida afecta directamente a los más de 350.000 agricultores del sector oleícola y a los consumidores, al incidir sobre la disponibilidad de aceite de oliva en el mercado español, el mayor productor y exportador mundial.
España aporta alrededor del 70% de la producción de aceite de oliva de la UE y el 45% de la producción mundial. La medida se adopta tras una cosecha excepcionalmente alta que se suma a un remanente inicial también elevado.
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