Prisión sin fianza para dos jóvenes acusados de terrorismo en Irún: el Gobierno vasco justifica que la Ertzaintza no los detuviera antes

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decretó el 20 de octubre prisión provisional sin fianza para Aratz Bilbao Gómez, de 34 años, y Malen Grünig Ibáñez, de 20, los dos detenidos en el caso instruido por presunto terrorismo que ha salpicado a un grupúsculo del entorno abertzale radical. El magistrado atendió la petición del fiscal Vicente González Mota, que había solicitado el ingreso en prisión por riesgo de fuga y de reiteración delictiva, según recogen Moncloa.com y la agencia de noticias citada por Infobae.

Según los indicios recogidos en el auto judicial, ambos están investigados por pertenencia a organización terrorista, tenencia y fabricación de armas y explosivos, y atentados contra la autoridad y el orden público con finalidad terrorista. Se trata de indicios racionales apreciados por el juez instructor para justificar la medida cautelar conforme a la legislación procesal española, que exige razones de riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reiteración delictiva para privar de libertad antes de juicio; no son, por tanto, cargos probados ni una sentencia, y la prisión provisional es una garantía procesal revisable, no una condena.

El origen de la causa fue un control rutinario de alcohol y drogas en Escoriaza (Guipúzcoa), en la madrugada del 26 de septiembre, en el que agentes identificaron a los ocupantes de un vehículo. Según detalla Moncloa.com, los agentes accedieron entonces a una agenda electrónica con datos de agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza destinados en el País Vasco, lo que llevó a la Oficina Central de Inteligencia (OCI) de la Ertzaintza, con sede en Erandio, a asegurar el hallazgo y reforzar la protección de los agentes afectados. Los investigadores siguieron además la pista de un posible zulo en una zona de monte que podría almacenar armas y explosivos, aunque no se ha detallado ninguna incautación en ese punto hasta la fecha.

Bilbao y Grünig se presentaron voluntariamente, acompañados de letrado, en una comisaría de la Ertzaintza en Irún el 17 de octubre, antes de pasar a disposición judicial el 20 de octubre. Entre el material incautado, según detallan Moncloa.com y The Objective, figuraban planos de antiguos zulos de ETA, listados con datos de agentes de la Guardia Civil, dispositivos de comunicación cifrados, dos teléfonos satelitales y el contenido íntegro del teléfono de un agente de la Policía Nacional, además de fotografías de vehículos y matrículas que podrían corresponder a coches policiales y de entrenamientos con banderas de ETA.

Un tercer investigado en la misma operación, el irlandés Naoise O'Conarain —identificado por Moncloa.com como simpatizante de Saoradh, una formación de izquierda irlandesa vinculada al IRA disidente conocido como New IRA—, permanece en paradero desconocido. Grünig contaba además con una alerta discreta de Italia y Bilbao con una de Francia dentro del sistema Schengen, mecanismos de vigilancia encubierta que no implican una acusación formal en esos países pero que apuntan a un seguimiento previo de ambos por parte de servicios de inteligencia europeos, y que sugieren una dimensión internacional de la investigación todavía por esclarecer.

El caso se vincula a Jardun Koordinadora, una estructura que engloba a los colectivos Jarki y Aske, surgidos tras el cese definitivo de la actividad armada de ETA, anunciado el 20 de octubre de 2011, y activos según fuentes policiales desde mediados de 2013. Jarki se define, según esas mismas fuentes, en torno a una lucha ideológica "revolucionaria, independentista y socialista", mientras que Aske se presenta como una organización independentista, socialista, proamnistía y antirrepresiva; ninguna de las dos ha reivindicado hasta ahora acciones violentas. Es la primera vez en 15 años que la Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión por un delito de terrorismo en España, una circunstancia que coincide con el aniversario de aquel anuncio y que ha reabierto el debate sobre la persistencia de células del entorno radical abertzale pese a la disolución formal de ETA en 2018.

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, reaccionó a la noticia descartando "ni en un 0,1% de posibilidades" un regreso a la violencia armada, aunque pidió prudencia hasta disponer de más información policial y judicial sobre el caso, según recogió El Español. Otegi subrayó que han pasado 15 años sin acciones armadas desde el cese de ETA, a la vez que reclamó el reconocimiento estatal de episodios de tortura y actuaciones extrajudiciales contra activistas independentistas, sin que ello implique, según sus propias palabras, una valoración sobre los hechos concretos atribuidos a los dos detenidos, de los que dijo no disponer de toda la información.

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, justificó el 21 de octubre que la Ertzaintza no detuviera a los investigados en el control de alcoholemia y drogas del 26 de septiembre en Eskoriatza alegando que, en ese momento, "no estaban cometiendo ningún delito" y que, por tanto, no cabía una detención in fraganti, enmarcando la actuación policial dentro de lo que definió como propio de un "Estado garantista". Según recoge The Objective, transcurrieron tres semanas entre aquel control y la detención formal del 17 de octubre, y Zupiria no precisó ante los periodistas qué unidad policial recibió esa noche el aviso inicial sobre el hallazgo de las listas de agentes y los mapas de zulos, ni por qué no se trasladó de inmediato a la Guardia Civil y la Policía Nacional, cuyos propios agentes figuraban entre los datos localizados.

El presidente del grupo parlamentario del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, admitió el 21 de octubre estar "algo preocupado" por el caso, al considerar que el material hallado —mapas de zulos, listados de agentes y teléfonos cifrados— "no es algo que lleve encima cualquier ciudadano corriente", según recogen Europa Press y Diario Siglo XXI. Esteban pidió mantenerse "ojo avizor" ante posibles grupos disidentes del entorno abertzale radical, aunque apuntó a que probablemente se trate de "algún grupo de nostálgicos" y no de una reorganización armada organizada, y celebró que hayan pasado 15 años sin violencia de ETA pese a reconocer que persisten "tics de presión social" y heridas sin cicatrizar en algunas zonas del País Vasco.

La instrucción del caso sigue abierta en la Audiencia Nacional, con la Guardia Civil y la Policía Nacional —ambos cuerpos con competencia en delitos de terrorismo— colaborando con la Ertzaintza en la investigación de este asunto. No se ha fijado fecha para nuevas diligencias ni para una eventual vista oral, y la localización del tercer investigado, el ciudadano irlandés, continúa pendiente de resolución. El relato de los hechos, construido hasta ahora a partir de fuentes policiales y judiciales citadas por la prensa especializada en tribunales, podría variar sensiblemente a medida que avance la causa y se practiquen nuevas diligencias de instrucción en las próximas semanas.