El PP plantea limitar al Estado en empresas del Ibex 35 a Defensa y servicios esenciales si gana el 29-N

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, planteó en una entrevista publicada el domingo 18 de octubre en ABC que, si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre, su Gobierno limitaría la presencia pública en el capital de empresas privadas a tres supuestos: Defensa y seguridad nacional, o la prestación de un servicio público esencial que deba permanecer bajo control del Estado, según recogió Infobae a partir de esa entrevista.

"Consideramos injustificada la presencia pública en sectores donde existe competencia privada", afirmó Nadal, quien añadió que "una empresa pública solo puede ser aquella que por su naturaleza cumple una función que es de interés público", en declaraciones reproducidas de forma coincidente por Infobae, Democrata.es y NoticiasTrabajo.es.

El criterio afectaría a las participaciones minoritarias que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) mantiene en compañías cotizadas: un 10% de Telefónica, un 27,99%-28% de Indra, un 20% de Redeia, un 7,8% de Talgo, un 18,1% de CaixaBank, además de posiciones en Airbus, Enagás, Ebro Foods e IAG, según el detalle recogido por Infobae. El valor conjunto de esas participaciones en el Ibex 35 y el mercado continuo ronda los 50.000 millones de euros, una cifra que incluye además activos no cotizados de pleno dominio público como Correos, Navantia, RTVE, EFE o Hunosa, que quedarían al margen de cualquier desinversión por tratarse de servicios o activos ya integrados en el Estado y no mencionados como objeto de venta en la entrevista.

Sobre el valor estricto de la cartera cotizada de la SEPI existen, no obstante, cifras ligeramente distintas según la fuente: Infobae lo sitúa en torno a 12.000 millones de euros, o 6.000 millones si se excluye Airbus, mientras que XTB calcula un total de 13.700 millones, que se reduce a 7.400 millones sin Airbus -descrito en ese análisis como un activo "supranacional intocable" por los compromisos con Francia y Alemania- y a 4.400 millones si además se descuenta Indra, calificada de "activo estratégico nacional" protegido por la regulación de defensa pese a su peso del 28% en manos públicas. Ninguna de las dos piezas explica la diferencia entre ambas estimaciones, pero coinciden en el orden de magnitud y en que Airbus e Indra concentran la mayor parte del valor y de la dificultad política de cualquier venta.

El propio Nadal y fuentes del partido citadas por Infobae y Democrata.es precisaron que el PP "todavía no ha decidido" si venderá esas participaciones en caso de gobernar, y que lo expuesto en la entrevista constituye un criterio general y no un plan de desinversión cerrado ni un calendario de ventas. La propuesta se suma a otras críticas previas de Nadal a la gestión pública de participadas, como sus declaraciones de diciembre de 2025 recogidas por Infobae sobre los últimos presidentes de la SEPI, a los que vinculó con investigaciones judiciales abiertas, en el marco de la ofensiva más amplia del PP contra la gestión de empresas participadas durante la legislatura de Sánchez, que ha incluido también críticas del partido a un posible conflicto de interés en la operación entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering, en la que el Estado posee el 28% de Indra y la familia Escribano un 14,3%.

Analistas consultados por Infobae -Antonio Castelo, de iBroker; Albert Guivernau, de la Fundación Civismo; y Javier Cabrera, de XTB- coinciden en que empresas como Ebro Foods, IAG o Talgo, que operan en mercados plenamente competitivos, serían candidatas más sencillas a una desinversión, mientras que Telefónica, Indra, Redeia o Enagás plantean mayor dificultad por su peso en telecomunicaciones, defensa o infraestructuras energéticas críticas; en el caso de Redeia, además, la ley exige mantener un mínimo del 10% de capital público, lo que limita de facto cualquier venta total de esa participación con independencia del color del Gobierno.

Los mismos analistas advierten de que lo recaudado por una venta de las participaciones en manos de la SEPI -entre 6.000 y 13.700 millones de euros, según la estimación que se tome- no bastaría para cubrir el coste estimado de la subida de las pensiones prevista para 2027, cifrado por Funcas en unos 8.400 millones de euros solo para ese ejercicio, según la pieza de Infobae centrada en el impacto fiscal de la propuesta. Cabrera resume la medida, según recoge Infobae, como "un mensaje doctrinal potente a favor de la libre empresa" que carece, sin embargo, de impacto financiero suficiente para resolver necesidades presupuestarias estructurales como la de las pensiones.

Castelo, Guivernau y Cabrera coinciden en que cualquier desinversión debería ser "selectiva, gradual y transparente", basada en criterios económicos y no políticos, y advierten contra ventas precipitadas que depriman las valoraciones o generen inestabilidad en el mercado; para estos analistas, el papel del Estado en sectores estratégicos debería ejercerse como regulador y no como accionista, recurriendo a mecanismos legales y regulatorios en lugar de a la propiedad de capital.

La propuesta se conoce a cinco semanas de las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, convocadas tras la disolución de las Cortes el 6 de octubre, y se enmarca en el programa económico que el PP está perfilando de cara a esos comicios bajo la dirección de Nadal, incorporado a la Ejecutiva de Feijóo como responsable de Economía en julio de 2025. Ninguna de las fuentes consultadas recoge una reacción oficial del Gobierno, del Ministerio de Hacienda o de la propia SEPI a las declaraciones de Nadal.